Hasta 15 empresas españolas punteras y/o con amplias cuotas de mercado en distintos sectores han pasado en lo que va de año a estar bajo el control de otras de matriz extranjera o controladas por fondos de inversión, según se desprende de los expedientes de autorización de operaciones de concentración aprobados por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

Entre esas operaciones de toma de control que han recibido la autorización, cuando menos preliminar, del órgano de supervisión de la competencia se encuentran las de EGI, especializada en la conservación de carreteras, por la portuguesa Ascendi, que se dedica a equipar autopistas; la de Enganches Aragón, líder estatal y del sur de Europa en accesorios para remolques y caravanas, por la alemana Rameder, o la de Parkia, que suma 40.000 plazas de aparcamiento en 44 ciudades, por la francesa Indigo.

También se encuentran en el listado la adquisición de la papelera Artemis Ood por la irlandesa Smurfit; la de la cadena de tiendas de cosmética Clarel, antiguamente filial de DIA, por el grupo colombiano Trinity o la del negocio local de Clear Channel por la filial española de JCDecaux, el gigante francés que lidera el mercado mundial de los soportes publicitarios urbanos.

Se trata de empresas poco conocidas para el público en general pero cuyas absorciones suponen en todos los casos notables grados de concentración de cuotas de mercado en manos del comprador, lo que hace que las operaciones requieran el visto bueno previo, en ocasiones con condiciones, de la CNMC.

Esas tomas de control, que resultan ser más de 250 desde la pandemia y se acercan a las 900 en la última década, se han producido al margen de OPA (Oferta Pública de Adquisición de acciones) como las que en los últimos meses han lanzado fondos y compañías extranjeras como la húngara Ganz-Magav Europe ZRT sobre la ferroviaria Talgo, la portuguesa Bondalti Ibérica sobre la química Ercros o, sucesivamente, el londinense Amber Equityco y el neoyorquino Apollo sobre la certificadora Applus, aunque el uso de vías diferentes responde a una cuestión de procedimiento.

Las OPA son, básicamente, ofertas de compra de acciones de empresas que cotizan en la bolsa, mientras que las operaciones que supervisa la CNMC se llevan a cabo sobre participaciones ajenas al vaivén de los mercados bursátiles, es decir, que se trata de compraventas, absorciones y fusiones de toda la vida.

No obstante, el objetivo, de igual forma a lo que ocurre en conflictos como el desatado en torno a Telefónica, es el mismo: la toma del control de la compañía a la que se dirige la operación para, normalmente, ampliar mercado.

"Se mantiene una lógica de oligopolización a nivel transnacional que continúa imparable y que va a seguir en los próximos tiempos", analiza Pedro Ramiro, economista de OMAL (Observatorio de las Multinacionales de América Latina), que disecciona la operativa.

"Ante una situación de pérdida de valor bursátil o de necesidad de entrada de capital para sostener la empresa o para pagar deudas se reproduce esa lógica en la que se produce una quiebra o una operación corporativa que lleva a una mayor concentración" en ese sector, explica, al quedar bajo el control de un antiguo competidor que "aprovecha su excedente de dinero para ir ganando cuota de mercado absorbiendo otras empresas".

La amplitud del paquete de OPA, que también incluye el movimiento de la española Gubel para ganar peso en Prosegur y la puja de la francesa GCE por la energética Opdenergy, las cinco por un montante conjunto de 3.200 millones de euros, contrasta con la baja actividad de los años anteriores: una autorizada en 2023, en este caso de FCC sobre sus propios accionistas, cuatro en todo 2022, cinco en 2021 y dos en 2020 tras las siete de 2019.

Sin embargo, los expertos consultados rechazan que esos procesos apunten a un proceso generalizado de cambio de manos de empresas punteras españolas como el que se dio en las décadas de los 80 y los 90, aunque sí los enmarcan en una tendencia de ámbito global hacia la concentración de los negocios.

"A partir de la anterior crisis se produce una entrada enorme de capital extranjero en las grandes empresa españolas. No es que antes no lo hubiera, pero la crisis de la deuda y de los productos financieros y la caída de sus cotizaciones en la bolsa fueron el momento idóneo para que los fondos de inversión y los grandes inversores transnacionales entraran en ellas", señala Ramiro.

Para Julio Rodríguez, de Economistas Frente a la Crisis, "lo único que puede detectarse ahora como nuevo en relación con épocas anteriores es que no se hace ascos como en otros tiempos a las empresas públicas. Hay menos rechazo a que existan, no como línea de actuación pero sí a favor de conservarlas por desempeñar un papel importante".

Eso ocurre con Telefónica, de la que dependen las comunicaciones de las operaciones del ejército español en el exterior, y también, aunque nunca fueron públicas, con Ercros y Talgo, ya que todas ellas operan en sectores estratégicos.

"Parece que da miedo que algunas empresas puedan estar en manos de otras extranjeras, y más si hay un Gobierno detrás como puede ocurrir con Telefónica y con Talgo", anota Rodríguez, quien llama la atención sobre la necesidad de mantener determinadas compañías cuando el país se encuentra en pleno proceso de cambio de modelo productivo y cuando está reciente el bofetón de realidad que supuso la dependencia del exterior durante la pandemia.

"Lo que se ve es que Telefónica nunca debería haber sido privatizada por completo", añade el economista, quien observa la oleada de OPA como "una serie de operaciones aisladas de las que no puede sacarse una regla general".