Una niña de 12 años tendrá que dar a luz tras ser violada en Alicante ya que, al haber superado las 22 semanas de embarazo en el momento de denunciarse los hechos –ahora supera los seis meses de gestación–, la ley le impediría tomar la decisión de abortar.

La menor, que vivía en una pedanía de Orihuela, acudió a su centro de salud el pasado mes de abril y fue allí donde los médicos encontraron indicios de que podía estar embarazada. Avisaron a los servicios sociales y estos, a su vez, abrieron un expediente de actuación que puso a la Policía sobre la pista del caso y del supuesto agresor.

Días después, la Policía detuvo a un hombre de 39 años que, tras declarar, quedó en libertad sin cargos, tal y como informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Valencià. Según publicó este viernes el diario La Verdad, se trata de un “vecino o allegado a la familia” de la víctima. El mismo diario añade que la Policía busca a otro sospechoso con quien “la madre de la niña mantuvo una relación sentimental”. Este viernes continuaban las investigaciones policiales y no había autor conocido de los hechos.

Desde el momento en que se conoció el caso, la Conselleria de Bienestar Social asumió la “tutela de urgencia” de la niña, según indicaron desde este departamento, “hasta que se aclaren los hechos y para ofrecerle toda la ayuda posible durante y tras el embarazo”. Ahora la menor se encuentra en un centro tutelado a la espera de dar a luz.

La niña está en un avanzado estado de gestación, ya que la agresión sexual se produjo, presumiblemente, en noviembre, aunque su caso no trascendió hasta el pasado 20 de abril. La Generalitat Valenciana asegura que la niña está “perfectamente atendida en un centro específico para estos casos” y con todos los servicios psicológicos a su alcance para cuando los necesite.

De todos modos, esos más de seis meses que han transcurrido desde el momento de la violación harían imposible la opción de interrumpir el embarazo y obligan a la menor a ser madre con tan sólo 12 años. Y es que, tal y como recordó este viernes la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, la Ley de Interrupción del Embarazo sólo contempla el aborto hasta la 22ª semana de gestación cuando el embarazo puede ocasionar perjuicios físicos o psíquicos a la madre o si el feto puede padecer graves anomalías. Los médicos no han apreciado ninguno de esos riesgos, según el diario La Verdad.

Aunque Bravo no quiso pronunciarse sobre el caso porque está “sometido a un procedimiento judicial”, insistió en que la ley sólo permite el aborto más allá de la 22ª semana de gestación si hay “riesgo para la vida o salud de la madre”, si hay una malformación incompatible con la vida del feto o si este padece “una enfermedad grave e incurable”.

Por su parte, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo pidió al equipo médico que evaluó a la niña que, junto al riesgo vital, se tengan en cuenta las secuelas psicológicas que la maternidad puede suponer para ella. Además, hicieron hincapié en que bajo ciertos supuestos convendría permitir la interrupción del embarazo ya que “una maternidad impuesta” no haría más que agravar los posibles traumas de la menor.