El rechazo a los recortes del Govern catalán en las ayudas a la exclusión social es unánime. Sindicatos, partidos políticos, alcaldes y entidades sociales coinciden en que las restricciones que el Govern de la Generalitat ha aplicado, sin previo aviso y por decreto, en torno a la Renta Mínima de Inserción (RMI) ponen en peligro la cohesión social y conducen a miles de personas al abismo de la pobreza severa.

El Consejo de Trabajo Económico y Social (CTESC), formado por sindicatos, patronales y expertos aprobó ayer mismo por 'unanimidad' un dictamen que rechaza el endurecimiento de la ley y advierte de las 'graves consecuencias sociales' que puede conllevar el hecho de dejar sin ningún tipo de ayuda a miles de personas castigadas por la crisis y el paro.

'El CTESC pide al Govern que retire la modificación y no apruebe por decreto la reforma que dificulta el acceso a la Renta Mínima a muchas personas que se han quedado sin trabajo y no reciben ninguna prestación económica', destaca el dictamen. El Govern catalán pretende, entre otras cosas, restringir el acceso de los inmigrantes a la RMI y prohibir su cobro durante más de cinco años.

Todos los partidos políticos de Catalunya, incluido el PP, han mostrado su rechazo y han reclamado responsabilidades por el caos generado con el cambio en la modalidad de pago, que este mes no se ha hecho por transferencia bancaria, sino mediante el envío al domicilio de los beneficiarios de un cheque nominativo. Pero el mayor frente político lo han formado los integrantes del antiguo Tripartito.

Fueron precisamente PSC, ERC y ICV-EUiA quienes registraron la petición de comparecencia de los consellers responsables de la gestión de la RMI. Y el conseller de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, y su homólogo de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, deberán dar explicaciones al Parlament catalán el día 26. Ambos estuvieron de vacaciones hasta ayer, horas antes de que en la plaza Sant Jaume de Barcelona se concentraran centenares de afectados para mostrar su rechazo al decreto del Govern catalán.

Un conseller revela el dato confidencial de que el imán de Lleida cobra la RMI

Han tenido que pasar 19 días para que los responsables políticos de la gestión de la RMI explicaran el cambio repentino en el método de pago. Más de 34.000 personas han sufrido irregularidades en el cobro de los 420 euros que les permiten sobrevivir cada mes. Y muchos de ellos aún no han cobrado a día de hoy.

El conseller Mena apareció ayer para defender los recortes en la ayuda a la exclusión social. Mena reiteró que ya ha cobrado el 75% de los beneficiarios y, el 25% restante, unos 8.500, son sospechosos de fraude, una cifra que, según el conseller, irá en aumento.

'Había mucho descontrol. Hemos detectado a 9.000 marroquíes que cobraban y ni siquiera vivían en Catalunya', dijo Mena, añadiendo que 'incluso el imán de Lleida cobraba'. El alcalde de Lleida, Àngel Ros (PSC), lamentó que una autoridad pública proporcione información confidencial de usuarios de los servicios sociales. Ros también rechazó los cambios en la RMI.

El Govern catalán se ha quedado solo en su defensa. Al alcalde de Lleida se han sumado muchos otros ediles y representantes de entidades sociales, que han lamentado la falta de información. Incluso el alcalde de Barcelona, el convergente Xavier Trias, admitió ayer que no tenía constancia de las nuevas medidas impulsadas por el Govern.

Además, el alcalde de Sabadell y presidente de la Federación de Municipios de Catalunya, Manel Bustos, acusó al Govern catalán de mentir al afirmar que los ayuntamientos eran corresponsables de la decisión y que habían apoyado los cambios aplicados a la RMI.