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Uno de los imputados fue asesor de Michavila

El ex viceconsejero Carlos Clemente sigue ligado al ex ministro

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Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de Inmigración en el Gobierno de Esperanza Aguirre hasta octubre de 2008 y uno de los imputados por el juez Garzón el pasado jueves, fue asesor de José María Michavila durante su etapa como ministro de Justicia entre 2002 y 2003.

La relación con Michavila, cuyo bufete -Eius- trabajó para los ayuntamientos de Boadilla y el de Pozuelo, ambos presuntamente implicados en la trama de corrupción, no se ha interrumpido: Clemente Aguado cesó a petición propia como viceconsejero precisamente para asumir la dirección general de una fundación benéfica latinoamericana donde Michavila ocupa el cargo de secretario. Como informó Público, dos de los directores de Eius son letrados del Congreso, que esta semana ha abierto una investigación para dirimir si los abogados han incurrido en incompatiblidad.

Ex diputado autonómico por el PP, Clemente fue director de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado entre 2003 y 2005. Según el auto de Garzón donde le imputa junto con otros cargos del PP madrileño, Clemente cobró de la trama 16.000 euros mediante dos pagos. Uno de ellos, de 10.000 euros, aparece registrado en la llamada “Caja B actual”, uno de los compartimentos contables con los que que el grupo capitaneado por Francisco Correa consignaba la sucesión de cobro y pago de comisiones.

Este periódico no logró ayer contactar con Carlos Clemente ni con ningún directivo de la fundación a la que se ha vinculado. Un cargo medio de esa institución aseguró por la tarde desde Panamá que hasta ese momento ignoraba por completo que Clemente estuviera involucrado en un caso de corrupción.

Tanto el auto de Garzón donde se notifica la imputación de Clemente como aquel donde se inhibe respecto a los aforados de Madrid incluyen la referencia a un asiento contables cuyo significado se está investigando. La resolución del juez se refiere a él en estos términos: “Archivo box V51. Clave “bruja”, en Caja de seguridad en Velásquez, 96 con número de 51'.

En ella consta una entrada de 900.000 euros y constan tres retiradas el 25 de mayo de 2007 con el concepto entrega Tomás Martín en oficina le conoce porque le ha visto con Pablo Crespo desconociendo a qué se dedica, y en el campo observaciones Santo Albondiguilla América por importes de 150.000, 210.000 y 300.000 euros”.

De los tres términos de esa ecuación cifrada, dos resultan fáciles de descifrar: Albondiguilla es el apodo con que la trama designaba al ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero. La alusión a América apunta, sin duda, a los negocios de Correa en el continente. El misterio reside en la mención a Santo, nombre o apellido que no se corresponde con el de ninguno de los imputados ni con el de los empresarios que, según Garzón, pagaron comisiones a la red corrupta de Correa.

El jefe de la trama, cuyo apellido dio nombre a la operación lanzada por Garzón -Gürtel, correa en alemán- tenía negocios en Miami y pretendía abrirse camino empresarial en Panamá, país al que pretendía huir y cuya laxitud en materia de sociedades lo convierte en uno de los paraísos fiscales usualmente transitados por la delincuencia internacional. El presunto capo de la red también había adquirido propiedades inmobiliarias en Cartagena de Indias (Colombia). En Bogotá, la capital de ese país, reside actualmente Carlos Clemente con su familia.

 


El juez Baltasar Garzón ha rebajado de 1,3 millones de euros a 523.439 la cantidad percibida por el ex alcalde de la localidad madrileña de Arganda del Rey, Ginés López, en operaciones realizadas con Francisco Correa.

El magistrado de la Audiencia Nacional realizó esta modificación en un auto de aclaración al que dictó el jueves. Según Garzón, un oficio de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía (UDEF), recibido ayer en su juzgado, puso de manifiesto que “se han detectado unos errores y omisiones en el informe” en el que se basa el juez para detallar las cantidades percibidas por López.

Dicho error consiste en “una duplicidad a la hora de incorporar las distintas partidas de cantidades percibidas” por el ex alcalde de Arganda, que aparecen detalladas en las distintas cuentas y documentos intervenidos en el domicilio del imputado José Luis Izquierdo.