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'Operación pichón parado': Dorribo, ante la juez

ERNESTO EKAIZER

El empresario imputado en delitos de cohecho y tráfico de influencias, Jorge Dorribo, declara a estas horas de la tarde nuevamente ante la juez Estela San José, titular del juzgado de instrucción número 3 de Lugo. La iniciativa de esta nueva comparecencia ha sido del propio empresario, quién solicitó a primeros de semana ampliar su declaración del pasado mes de agosto, tras la cual logró salir de la cárcel.

El blanco de Dorribo es, claro, José Blanco. En su declaración de agosto, explicó que vio en cuatro ocasiones al ministro de Fomento. Solo en una de ellas, en el área de servicio de la gasolinera de Guitiriz, estuvo a solas, invitado a subir al coche de Blanco, para acudir juntos a una comida con empresarios en Lugo. Dorribo le solicitó en ese trayecto ayuda para conseguir ayudas en los ministerios de Sanidad y de Hacienda a favor de su empresa. Con posterioridad a este encuentro, esas ayudas fueron denegadas.

En una declaración que ciertas fuentes califican de declaración río, repleta de comidas y cenas, Dorribo dijo que le había pagado más de 40.000 euros (no 400.000 euros, como su defensa ha propalado) a una empresa de instalaciones eléctricas de su primo, Manuel Bran, abonados en efectivo en Andorra, donde se construyó una nave de almacenaje de productos farmacéuticos.

La idea de acercarse al primo se la dio, según Dorribo, uno de sus socios, el empresario José Antonio Orozco, vicepresidente de la compañía de transportes Azcar, quien a su vez habría ayudado a comprar un chalé en Las Rozas, Madrid, al ministro de Fomento.

Tanto el ministro como Orozco desmienten las afirmaciones de Dorribo. A su vez, el delegado del Gobierno en Galicia, Miguel Cortizo, denunció hoy 'el montaje asqueroso' contra Blanco.

Esas declaraciones han permitido convertir un caso contra la Xunta que preside Nuñez Feijóo, quien recibió a Dorribo antes de la concesión de subvenciones por parte del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), cuyos dos directivos están imputados en la llamada Operación Campeón, en un caso contra Blanco y el Gobierno de Zapatero. La juez San José ha prorrogado el secreto del sumario un mes, hasta noviembre próximo.

Blanco es objeto de un disparo a pichón parado más que de una caceríaEl ministro Blanco tiene la intención de querellarse contra Dorribo pero para hacerlo necesita conocer si las filtraciones del sumario reflejan fielmente lo que declaró Dorribo. Para ello ha solicitado que se levante parcialmente el secreto sobre dicha declaración.

Fuentes jurídicas señalan, por tanto, que Blanco es objeto de un disparo a pichón parado más que de una cacería, ya que no puede moverse, basándose los que impulsan la campaña contra él en una declaración declarada secreta. Las declaraciones de un imputado solo adquieren firmeza cuando se ratifican en el juicio oral. Por esta razón, el abogado Ignacio Peláez, que defiende a Dorribo, ha dicho que no cree que Blanco pueda querellarse mientras siga abierto el procedimiento judicial en curso.

La juez ya ha elevado dos exposiciones motivadas al Tribunal Superior de Xustiza de A Coruña, primero contra el diputado autonómico del PP, Pablo Cobián, y más tarde contra el ex consejero de Industria del BNG, Fernando Blanco. El tribunal apoyó a la juez en el delito de cohecho y tráfico de influencias, pero consideró prematuro imputar, sin investigar, otros cinco delitos.

En lo que se refiere a Blanco, la declaración de Dorribo el pasado 8 de agosto no dio lugar de momento a investigaciones, pese a la solicitud de prestar declaración de Manuel Bran, propietario de la empresa a la que el empresario lucense encargó trabajos de electricidad.

Fuentes jurídicas señalan que la juez parece interesada en definir la competencia en relación a Blanco, lo que llevaría a elevar al Tribunal Supremo una exposición motivada sobre las razones para proceder contra el ministro.

Con todo, dada la costumbre del Supremo de no definirse en una etapa electoral respecto a este tipo de imputaciones para no interferir en política se estima que dejaría para después de las elecciones del 20-N una resolución. Pero la elevación de esa exposición da verosimilitud a las acusaciones y facilitan su utilización en la precampaña y campaña electoral.

El abogado Peláez ha declarado que su cliente estará en condiciones de acreditar las acusaciones contra Blanco. La ampliación de declaración de Dorribo, citado para esta tarde, ¿es un paso en esa presunta acreditación?, ¿o un intento de matizar lo que se ha filtrado?

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