El Grupo Parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados pidió este sábado la comparecencia esta semana del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, para que dé explicaciones sobre la decisión del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de impedir el empadronamiento a los inmigrantes sin documentación en regla. El líder del PP, Mariano Rajoy, abogó el pasado sábado por endurecer la recién renovada Ley de Extranjería.

El coordinador de Política Autonómica y Local de los conservadores, Juan Manuel Moreno, solicita las explicaciones del ministro al considerar que la polémica decisión municipal 'puede extenderse a otros municipios próximamente' y achacó el origen del problema a la 'errática' política económica del Gobierno.

Montilla califica la integración en esta localidad como «ejemplar»

La petición registrada por Soraya Sáenz de Santamaría no es la primera reacción de los conservadores ante la polémica. La presidenta del PP en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, defendió en una visita a El Raval en Barcelona la decisión del Consistorio de Vic.

'El caso es la punta del iceberg de un problema que afecta a muchos pueblos de Catalunya que no tienen recursos y con presencia de inmigrantes en situación irregular. Los padrones no pueden ser la puerta de entrada de la inmigración ilegal', despachó.

El president de la Generalitat de Catalunya, Jose Montilla, aclaró en una entrevista publicada en Público que la decisión, aparentemente xenófoba, del Ayuntamiento de Vic cuyo alcalde es de CiU pero gobierna con el apoyo de PSC y ERC no ha sido 'aprobada todavía'. Montilla calificó el modelo de integración de Vic como 'ejemplar'.

Por su parte, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, pidió que no se 'criminalice' a Vic por su polémica orden, tras apuntar que, si se observa en profundidad el problema, la polémicadesatada en esta población 'no es más que una anécdota'. 'Los ayuntamientos se encuentran con un problema muy serio de servicios sociales y el conflicto viene cuando es una parte importante de la población la que necesita estos servicios. La sensación es que los recursos son escasos y parece que hay que elegir quien se los lleva. Siempre se acaba acusando a los inmigrantes de hacerlo y no es así', concluyó.