Por primera vez en la historia, el Tribunal de Cuentas examinará detalladamente los gastos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano constitucional aprobó en pleno del pasado 24 de febrero por mayoría el programa anual de fiscalizaciones para 2011. Y en él figura la inspección de las cuentas del órgano de gobierno de los jueces, si bien aún no están trazadas las directrices técnicas sobre cómo se llevará a cabo.

El CGPJ dispuso de un presupuesto de 78,1 millones de euros para 2010, y están previstos 74,2 millones para este ejercicio, contando con el recorte salarial y las medidas de austeridad adoptadas. Sin embargo, poco se sabe de cómo ha empleado estos fondos más allá de las grandes cifras.

La fiscalización de las cuentas del Poder Judicial 'ha sido objeto de debate en varios ejercicios', explican fuentes próximas a la institución. Sin embargo, hasta este año no se ha logrado la mayoría suficiente para inspeccionar las cuentas del CGPJ que, como órgano constitucional, goza de autonomía financiera para elaborar su presupuesto y controlarlo, y que no había sido objeto de fiscalización externa.

La decisión de examinar las cuentas del órgano de gobierno de los jueces 'no ha sido por unanimidad. Ha sido ajustada y tras un debate intenso' porque, según reconocen fuentes de la institución, 'la fiscalización de los órganos constitucionales es polémica'.

De hecho, no es el único caso que se ha debatido por el pleno, compuesto por 12 consejeros de cuentas, aunque actualmente está formado por 11 tras el fallecimiento de Antonio de la Rosa en 2007. En ejercicios anteriores, además de proponer la fiscalización del CGPJ, también se ha debatido la posibilidad de inspeccionar las cuentas del Defensor del Pueblo, pero no se ha conseguido la mayoría necesaria. Dependiente de las Cortes, la institución que actualmente preside en funciones María Luisa Cava de Llano manejó en 2010 un presupuesto de 15,8 millones de euros.

No hay que olvidar que los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, cuyo mandato expiró el pasado noviembre, son elegidos por el Congreso y el Senado. El carácter político de los nombramientos y el enfrentamiento partidista, en ocasiones se trasladan al órgano fiscalizador. En 2010, las instituciones constitucionales dispusieron de un monto de 360 millones de euros para el desarrollo de sus funciones asignadas por la Constitución.

¿Cuáles son? Casa Real, Cortes, TC...

La Casa Real, las Cortes Generales, el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado y el propio Tribunal de Cuentas son órganos constitucionales, que tienen autonomía para elaborar su presupuesto y controlarlo. En el ejercicio 2010, dispusieron de 360 millones de euros.

Poco transparentes: grandes cifras

Hasta ahora, estos órganos no habían sido objeto de una fiscalización externa como la del Tribunal de Cuentas. Anualmente remiten las grandes cifras y dan a conocer la liquidación del presupuesto anual al órgano fiscalizador. Pero este no examina las cuentas detalladamente. Estos estándares de transparencia contrastan con el control de otras instituciones y el nivel de información que demanda de la opinión pública.