Las polémicas se suceden en lo que a la gestión de la sanidad pública en Andalucía se refiere. Rectificaciones de decretos, acuerdos con los sanitarios que se convierten en papel mojado, dimisiones y puertas giratorias, contratos a dedo con la sanidad privada puestos en cuestión y contrataciones, como la anunciada este lunes –2.100 sanitarios de refuerzo covid serán incorporados a la plantilla durante un año y con compromiso de continuidad– por la consejera de Salud, Catalina García, que indignan a los sindicatos de la sanidad.

Ya nada cae bien. A las centrales les parecen insuficientes esos contratos y, sobre todo, no les gusta que no se hable con ellos antes ni se consensúe la aplicación de los acuerdos, según denunciaron CCOO, UGT y CSIF. "Una falta de respeto", lo consideraron este lunes. "De los 7.000 eventuales que quedan tan sólo van a consolidar a algo más de 2.000, a otros 3.000 los utilizarán para las sustituciones de verano y los otros 2.000 desaparecen", razonó UGT en un comunicado.

"Estamos perdiendo miles de profesionales que han realizado un trabajo increíble en los años de pandemia, que tienen mucha experiencia y a los que premiamos con una carta de despido a otros servicios de salud porque en el nuestro no los vamos a contratar. Vender como un éxito el consolidar sólo a 2.000 deja bien claro el interés que tienen por mejorar los servicios asistenciales", 

Los puentes están, desde luego, deteriorados. Para un Gobierno y un presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), con mayoría absoluta que vende el diálogo como seña de identidad, no hay peor carta de presentación que el estado del mismo en la sanidad pública, que se lleva un tercio del presupuesto de la Junta de Andalucía cada año. No existe paz social en la sanidad a pesar de los acuerdos firmados: el próximo miércoles, 22 de mayo, hay más protestas convocadas, ante los "incumplimientos", en este caso del acuerdo por la Atención Primaria y la carrera profesional.

Incluso la central, en principio, más proclive al entendimiento con la Junta, como el Sindicato Médico Andaluz, lanzó un contundente comunicado la semana pasada en el que arremetía con toda dureza contra la consejera. La difusión por Salud de unos datos inflados, muy por encima de lo que cobran los médicos de familia realmente en Andalucía, fue la gota que colmó el vaso. El título del comunicado era inequívoco, más directo imposible: "Catalina García debe dimitir o ser cesada de inmediato". 

"¿Realmente piensa la consejera de Salud que atacando a los médicos va a solucionar los problemas de la Atención Primaria, o es simplemente que quiere castigarnos por no ser complacientes con su gestión? ¿De verdad este es el camino que desea emprender la Consejería de Salud para solucionar los problemas de la Medicina de Atención Primaria? La presidencia de la Junta de Andalucía debe poner fin a este disparate", exigía el SMA.

El resto de sindicatos también considera que lo que procede es su cese. También CSIF, habitualmente prudentes, salió la semana pasada en la misma línea. "No pueden crear sombras de dudas sobre la catadura profesional y vocacional de los médicos de familia o los MIR, para exonerar responsabilidad de una administración que paga peor y no es capaz de retener talento cuidando a sus profesionales. Alguien debería asumir responsabilidades por un SAS sin rumbo, a la deriva y sin proyecto para salvar la Atención Primaria en Andalucía", reclamaba también la semana pasada este sindicato.

Para Antonio Macías, de la federación de sanidad de UGT en Andalucía, existen numerosos motivos para el cese de la consejera, de los que destaca tres. Por un lado, el "desastre en la gestión del personal temporal". "Han desaparecido miles de eventuales, la bolsa está sin actualizar, hay promesas de renovación de los siete mil refuerzos covid y ahora se hace solo a dos mil y por un tiempo".

Por otro lado, afirma, "la gestión de las listas de espera y los retrasos en la Atención Primaria". Y, por último, el "descontento de los profesionales que ha llegado a cotas que nunca se había llegado con el incumplimiento de todos los acuerdos que tenemos pendientes (bolsa, urgencias, atención primaria, carrera profesional, ordenes de integración, …..)". "No hay una sola cuestión que tratemos con la que cumplan", remacha Macías.

Nada parece salirle, pues, bien a García, que está en la cuerda floja, a pesar de que el Gobierno ha firmado en su mandato en efecto pactos relevantes con los sindicatos, entre ellos la mejora de la Atención Primaria, y de que ha dispuesto más dinero público que ningún otro consejero anterior.

Un problema político

Lo malo para la consejera es que la sanidad ha pasado de ser un problema de gestión para convertirse también en un problema político, y de primer orden, que le cuesta quebraderos de cabeza periódicos al presidente Moreno Bonilla.

La contestación en la calle existe. No es tan intensa como en los últimos años de Gobierno del PSOE, pero está ahí. Y en las encuestas se recoge. Incluso las que hace periódicamente el Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente del Gobierno de Moreno Bonilla, revelan que, después del paro, un asunto endémico en Andalucía, el principal problema en esta comunidad es el funcionamiento de la sanidad pública.

Así, el deterioro, iniciado con los recortes en la etapa posterior a la caída de Lehman Borthers, con los socialistas en la Junta de Andalucía, prosigue hoy. 

Moreno Bonilla no es amigo de grandes cambios a mitad de viaje. En el tiempo que lleva como presidente, solo ha acometido, forzado además por las circunstancias, tres modificaciones de sus gabinetes –más allá de la remodelación tras la mayoría absoluta del PP–, según el recuento que ha efectuado Público.

Todas ellas han estado limitadas a un cambio de cromos. Por enfermedad, en el gabinete que compartió con Ciudadanos entre 2019 y 2022, cambió a su primer consejero de Hacienda –entró Juan Bravo en lugar de Alberto García Valera–. Después, por el fallecimiento de Javier Imbroda, coordinó con Ciudadanos su sustitución por Manuel Cardenete. Y en esta legislatura, cuando Marifrán Carazo se presentó como candidata a la alcaldía de Granada, que ganó, también fue  sustituida por la hoy consejera de Fomento Rocío Díaz.

En esta ocasión, tras la marcha de su consejera de Agricultura, Carmen Crespo, a Europa, tiene un as en la manga. Decidió zanjar esa dimisión momentáneamente con el traspaso de las competencias a otro consejero, el de Medio Ambiente y portavoz, Ramón Fernández Pacheco. Por lo que, si quisiera, y no está nada claro que quiera, después de las europeas del 9 de junio, Moreno tendría relativamente fácil nombrar una nueva consejera de Agricultura y, de paso, acometer otras modificaciones que engrasen su gabinete.

En el PP, según las fuentes consultadas por Público, está relativamente extendido el convencimiento de que hay que hacer "algunos cambios en el Gobierno", también en Salud. Hay quien cree que después de las europeas, Moreno los acometerá. También hay quien argumenta que cesar a García a mitad del partido implicaría reconocer que no se ha gestionado bien la sanidad pública en Andalucía, cuando se han hecho muchos esfuerzos, y que, por tanto, debe seguir. En todo caso, en estos temas, más allá del partido, solo hay uno que decide en última instancia, que es el presidente.

"¿Por qué la sostiene Moreno Bonilla?", se plantea Macías, de UGT. "O porque no se entera del desastre de gestión que está realizando o bien porque no tiene el más mínimo interés en que la sanidad pública mejore. No puede ser otra cosa", resume. Planteado de otra manera y en forma de pregunta: ¿El cese de García al frente de Salud modificaría las políticas?