El Gobierno de Londres está dispuesto a admitir su responsabilidad en la muerte del iraquí Baha Mousa, bajo custodia británica en 2003, al reconocer que se violaron sus derechos humanos, según ha avanzado el ministro de Defensa, Des Browne. El cadáver de Mousa, recepcionista de un hotel en Basora y con apenas 26 años, presentaba 93 heridas cuando fue encontrado.

Los soldados británicos del antiguo regimiento de Lancashire de la Reina -actualmente, regimiento del duque de Lancaster- detuvieron a varios presuntos sospechosos iraquíes el 14 de septiembre de 2003 en el hotel Haitham donde trabajaba Mousa, después de descubrir armas y material explosivo en una redada contra insurgentes. Todos los detenidos fueron torturados durante los interrogatorios, en los que los soldados les tapaban la cabeza y les negaban el sueño, práctica totalmente prohibida por el ejército británico.

Browne, sin despojarse de la culpa dijo, no obstante que había que tener en cuenta que esos abusos fueron realizados por 'un grupo determinado de soldados' y que descarta que esas prácticas estén generalizadas en su Ejército. Así, optó por pedir sus 'más sinceras disculpas y mi solidaridad con la familia de Baha Mousa y los otros iraquíes detenidos'.

Brownee no dejó que lo que había dicho antes sonara a excusa: 'La mayoría de los 120.000 soldados que han servido en Irak se han comportado ejemplarmente, pero esto no quiere decir que entre 2003 y 2004, una pequeña parte de nuestras Fuerzas armadas cometieran actos de abuso, por lo que condenamos estos hechos'.

Siete soldados británicos fueron sometidos a un juicio marcial tras la muerte de Mousa, pero todos fueron absueltos del delito de maltrato a civiles iraquíes menos uno, Donald Payne, que se declaró culpable.

Tras la absolución de la mayoría de los soldados, los familiares de las víctimas pusieron en marcha un proceso civil que culminó en junio del 2007, cuando el tribunal de los Lores, máxima instancia judicial en Inglaterra, dictó que el Convenio Europeo de Derechos Humanos se aplicaba también en el caso de Mousa, pese a haber sucedido en otro país.

Más de cuatro años después de la muerte del joven, el Ministerio de Defensa anunció finalmente que, como pide su familia, reconocerá que hubo 'violaciones sustanciales' de las partes de esa convención que protegen la vida y prohíben la tortura. Esta admisión abre la puerta a compensaciones ilimitadas para los familiares de las víctimas.

El secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Bob Ainsworth, señaló por su parte que se habían cometido 'actos abusivos' por una 'pequeña minoría' de las tropas del Reino Unido, y ofreció disculpas a los parientes de los afectados.