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Corinna contra el emérito: ¿Crimen de Estado o acusación trivial?

Los abogados de la examante de Juan Carlos I dicen que el juicio es "inevitable". Mientras, los del emérito afirman que la demanda "no tiene posibilidades de prosperar". Ella reclama 146 millones de euros. La jueza Collins Rice es quien decide.

Corinna Larsen sale del Tribunal Superior de Londres, a 18 de julio de 2023
Corinna Larsen sale del Tribunal Superior de Londres el primer día de la vista contra el emérito. Neil Hall / EFE / EPA

Tanto si hay juicio como si no lo hay, la vista de Corinna Larsen contra Juan Carlos I está batiendo récords en preliminares con minuciosos y repetitivos análisis sobre qué constituye acoso, cuántos tipos de inmunidad pueden tener jefes y ex jefes de Estado o qué competencias tienen los tribunales británicos para juzgar a extranjeros de presuntos delitos cometidos fuera o dentro de Inglaterra.

Este viernes se ha cerrado, tras cuatro intensas jornadas, otra de las vistas preliminares sobre las objeciones presentadas por el emérito ante las acusaciones de Corinna. Demostrar que los tribunales británicos no tienen competencia para juzgar los supuestos hechos y que, además, este acoso nunca existió, han sido los dos principales objetivos de los abogados del emérito.

La vista de esta semana debe resolver si los tribunales británicos tienen competencia para juzgar a dos ciudadanos extranjeros cuyos presuntos delitos se hayan cometido (o sufrido sus consecuencias) en el extranjero.

Los abogados de Juan Carlos I, encabezados por Adam Wolanski, han pasado horas examinando la definición de acoso y han establecido hasta once categorías. Sobre el "acoso por publicación", el letrado ha dicho que "es una fantasía de la demandante acusar al demandado de filtrar ciertas informaciones sobre ella porque ¿cómo lo demostrará?".

Corinna solicita 146 millones de euros por acoso, difamación y vigilancia ilegal

El mismo abogado del emérito que califica la demanda de Corinna como "revoltijo de trivialidades" soltó el bombazo informativo al poner cifra exacta a las reclamaciones de ella. Son 146 millones de euros (126 millones de libras) lo que pide la examante por daños y perjuicios causados por las tres alegaciones de la demanda (acoso, difamación y vigilancia ilegal).

El equipo de Corinna ha modificado la demanda inicial, anunciada por Público, en doce ocasiones desde diciembre de 2020 cuando fue presentada. Los 146 millones que reclama Corinna Larsen al exjefe del Estado empezaron a ser desglosados en 5,6 millones de euros por medidas de seguridad para blindar sus propiedades, 480.000 euros por los servicios de exdiplomáticos, más de un millón de euros para relaciones públicas y comunicación, etc.

Pérdida de ingresos de la examante

La documentación presentada ante la juez cuantifica también la pérdida de ingresos por la difamación que, según la demandante, sufrió cuando el emérito la calificó de ladrona, lo que provocó que terceras personas dejaran de contratarla.

De acuerdo a la documentación para esta vista que ha tenido lugar en Londres durante esta semana, Corinna ingresó de 2008 a 2012 una media de 8,2 millones de euros anuales; sus ingresos de 2013 (posterior a la cacería de Botsuana de 2012 que destapó ante la opinión pública su relación) hasta hoy han sido de 10,1 millones de euros en total; en cambio, ella proyectaba cobrar de 2013 a 2022 la cifra de 68,8 millones de euros.

Una diferencia substancial, de 10,1 millones de euros ingresados a 68,8 proyectados, que Corinna considera haber perdido por culpa del ex jefe del Estado español. 

La pérdida de ingresos por negocios es una de las ocho razones que aduce la danesa para ir sumando y llegar a los 146 millones de euros. Entre ellas están los costes del tratamiento médico por el acoso; los costes de medidas de seguridad y protección para ella y su entorno y los costes para proteger las residencias de Mónaco, Suiza, Londres y Shropshire.

La demandante alega los costes del tratamiento médico por el acoso de Juan Carlos I

También aduce otras razones como los pagos a exdiplomáticos y exmiembros del Gobierno para intervenir ante el emérito. Además de los costes en compañías de comunicación para paliar su imagen; los intereses sobre los costes previos por el periodo y variación que fije el tribunal competente y la indemnización por daños y perjuicios, incluidos los morales.

Por estos conceptos, con algunas de las cifras señaladas, la suma llegaría a los 146 millones de euros que se han conocido en la vista celebrada en el Tribunal Superior de Londres del 18 al 21 de julio.

Mucho dinero en juego pero sin riesgo de prisión

Aunque la sesión preliminar debía tratar sobre la jurisdicción de los tribunales británicos para abordar los agravios de Corinna contra el rey (la inmunidad tardó dos años a resolverse), los abogados se han solazado en el contexto y las acusaciones fijadas en la demanda presentada por la vía civil, que excluye pena de prisión.

Los reproches entre los examantes comenzaron cuando el rey pidió a Corinna que le devolviera los 65 millones de euros que ella consideraba un regalo, conocido como Lucum Gift.

Otro desencuentro sonado se produjo en casa de Larsen en Londres en marzo de 2019 cuando, según el emérito, Corinna dijo: "O me das lo que pido o divulgaré información perjudicial para la Casa Real". Y así lo hizo, según los abogados del padre de Felipe VI.

"El demandado niega los cargos que le atribuyen, pero no presenta ninguna prueba para ello", espetó Jonathan Caplan, a la cabeza del equipo jurídico de Corinna. Caplan reitera que el emérito es "un hombre poderoso, con fortuna e influyente en el mundo, que va contra una mujer".

A esta descripción le añade que, "a pesar del glamour y la vida de alta sociedad, este es un caso de acoso siniestro que ha provocado ansiedad, estrés y graves heridas psiquiátricas a la demandante".

Ambos equipos de abogados, de alta cotización, han analizado de nuevo ante los tribunales las pruebas que aporta Corinna en su demanda y llegan a conclusiones distintas.

Para los letrados del rey, "el revoltijo de trivialidades no se sostiene y no tiene posibilidades de prosperar". Los abogados de ella implican al ex jefe del Estado, al CNI, a su exdirector Felix Sanz Roldan y hasta al comisario Villarejo, para dibujar un escenario de delitos de Estado y blanqueo de dinero.

La sentencia sobre la inmunidad estableció que a Juan Carlos I no se le puede juzgar por los cargos cometidos hasta su abdicación

La sentencia, inapelable, sobre la inmunidad estableció que a Juan Carlos I no se le puede juzgar por los cargos cometidos hasta su abdicación el 18 de junio de 2014. Sí, se le podría juzgar de los posteriores a esa fecha si la jueza decide que los tribunales británicos tienen jurisdicción para hacerlo.

Corinna ha acudido con frecuencia a la vista preliminar, enfundada en vestimenta de colores pastel, un día rosa pálido, otro salmón claro.

Los abogados del rey se han recreado en algunas acusaciones como la de que fue víctima de acoso, "por hombres de aspecto mediterráneo que la seguían por la calle, otros que hablaban español o uno que la siguió por el supermercado con un carrito que llevaba un solo producto".

Por su parte, los abogados de ella han constatado que "el acoso no es un acto aislado, sino una frecuencia de actos intimidatorios y opresores prolongados durante tiempo contra la víctima".

Durante cuatro días los terceros abogados del rey -Adam Wolanski, Derek O'Sullivan, Alexander Thmpson y Clara Hamer- con procuradores y asistentes le han defendido, ridiculizando en algunas ocasiones la demanda de Corinna.

Por parte de ella, Jonathan Caplan, Andrew Green, Adam Chichester-Clark, Andrew Legg y Nina Ross con procuradores y asistentes han hecho de Fuenteovejuna con la demandante acompañada de asistentes personales.

La astuta jueza Rowena Collins Rice, como confundida por las argumentaciones, ha preguntado con más frecuencia a los representantes de Corinna que a los de Juan Carlos I.

La vista preliminar ha quedado ahora lista para sentencia. El caso de Corinna contra el rey podría acabar aquí sin haber pasado de preliminares, podría continuar con nuevas objeciones en fase preliminar o encauzarse al juicio del que saldrían culpables o inocentes.

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