El Congreso de Perú ha promulgado cambios a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre para normalizar tierras deforestadas ilegalmente por la tala y los cultivos extensivos de palma, actividades que eventualmente disfrazan negocios de criminalidad organizada como el narcotráfico y la minería ilegal.

El pretexto del Parlamento y sus aliados para legislar a favor de redes ilícitas es una regulación de la Unión Europea (EUDR) que bloquea la importación de café y cacao producidos en tierras deforestadas hasta 2020.

Según el Congreso; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; y la patronal de la gran empresa (Confiep), la legislación evita perjudicar a miles de caficultores. Pero especialistas estatales y de la sociedad civil denuncian que al no sancionar la deforestación, facilita la operación de organizaciones criminales en territorios de pueblos indígenas.

La norma ha estado dos años circulando en el Congreso, caracterizado desde 2021 por aprobar dispositivos contra el equilibrio de poderes y a favor de la corrupción. Desde que surgió el proyecto de ley, fue cuestionado por la Defensoría del Pueblo, las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, y más de 70 organismos de la sociedad civil, entre ellos gremios agrarios y organizaciones indígenas.

La adjuntía de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo planteó al Congreso, en marzo y junio, los problemas que causaría la nueva legislación, como por ejemplo la vulneración de los derechos ambientales y territoriales de los pueblos indígenas de la Amazonía, "cuya identidad, cultura y medios de vida depende de los bosques". Además, los entes forestales y de fauna silvestre señalaron que podría aumentar la deforestación sin sustento técnico, entre otros perjuicios.

El miércoles 10 de enero, cuando los medios reportaron que el presidente del Congreso firmó la norma para que sea publicada en el diario oficial, el defensor del Pueblo desautorizó un nuevo pronunciamiento en contra.

Público confirmó que la adjunta para el Medio Ambiente, Lizzette Vásquez, renunció al cargo por ese motivo. Gutiérrez fue designado en mayo por el Congreso como cabeza de la Defensoría del Pueblo para facilitar retrocesos institucionales y anular las actividades de supervisión de los organismos del Estado, lo que ha significado en la práctica el desmantelamiento de la entidad en pocos meses.

Si bien la ley fue votada por segunda vez el 14 de diciembre, dos congresistas pidieron reconsideración de la votación, y éstas debían ser tramitadas cuando concluyera el receso de verano del Legislativo. El miércoles 10 de enero, el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, borró del expediente digital los pedidos de reconsideración. Dado que el defensor del Pueblo no cuestionó la actuación del Parlamento, convalida la afectación de los derechos de pueblos indígenas y las actividades ilegales que deforestan.

"El presidente del Congreso ha violentado el reglamento [del Legislativo], debieron haberse votado los pedidos de reconsideración, es una falta muy grave", advirtió en una entrevista radial este jueves 11 de enero el exgobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, ex secretario general del partido Acción Popular.

Silencio cómplice de la UE

En diciembre, más de 70 organismos de la sociedad civil enviaron una carta a la delegación de la Unión Europea en Perú para alertar del daño que implica la modificación de la ley forestal, bajo el pretexto de una regulación europea, pero solo hubo un acuse de recibo del documento.

"Hasta el momento, la Unión Europea no ha mostrado interés en desmentir a quienes –desde el Congreso, la Confiep, la Asociación de Exportadores y la Sociedad Nacional de Industrias– sostienen que la modificación a la Ley Forestal es necesaria por la presión de la nueva regulación de la Unión Europea en contra de la deforestación (EUDR)", señaló a Público Julia María Urrunaga, directora del programa Perú de la ONG Agencia para la Investigación Ambiental (EIA, siglas en inglés).

"La sociedad civil, organizaciones indígenas, campesinas y asociaciones de productores enviamos el 20 de diciembre una carta formal y pública a la Unión Europea pidiendo que se pronuncien y no permitan que los utilicen como excusa para justificar esta legalización de la destrucción de los bosques y violación de derechos indígenas. Seguimos esperando", añadió la investigadora.

Urrunaga explica que la razón de ser de la EUDR es reducir el impacto del consumo de los países europeos sobre los bosques y los derechos humanos. "Pero en este caso, la UE permanece en un silencio que bordea la complicidad, ante una norma que los usa de pretexto para legalizar y promover más deforestación ilegal, y violar derechos humanos y derechos indígenas", plantea. Público pidió al oficial de prensa de la UE en Perú una reacción al retroceso en el ordenamiento ambiental peruano, pero al cierre de esta información no hubo pronunciamiento.

La directora de EIA en el país andino destaca que la norma promulgada por el Congreso ha violado el Tratado 169 de la OIT, del cual Perú es firmante, y que obliga a que las decisiones que tengan impacto en los pueblos indígenas les sean consultadas previamente. Asimismo, viola el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues este indica que Perú no puede flexibilizar sus normas ambientales o disminuir derechos con el objetivo de promover el comercio.

Representantes de la sociedad civil han alertado también a funcionarios estadounidenses de los riesgos de esta norma desde 2022 hasta mayo de 2023, en Lima y en Washington, pero no se han pronunciado después de que el Congreso aprobara la norma en diciembre.

Mesías Guevara dijo además que el Congreso, "al no oír las diversas opiniones que se han dado sobre la ley, genera sospechas de que está apoyando las economías criminales de la tala ilegal y la deforestación", además de atentar contra el medio ambiente debido a la crisis climática.

El Instituto Kené de Estudios Forestales y Ambientales presentó en diciembre, tras la aprobación de la norma en el Congreso, una demanda de amparo ante un juzgado constitucional debido a que los cambios en la Ley Forestal contravienen la Constitución de 1993.

La Constitución establece que el sistema de protección del medio ambiente y el patrimonio forestal y de fauna silvestre incluye los bosques, ecosistemas forestales, tierras forestales y tierras de protección que no se pueden "convertir al uso agrícola", como considera la ley promulgada la madrugada del jueves.

Crímenes y deforestación

Según el Ministerio de Justicia, desde 2020, 15 defensores ambientales -once indígenas- han sido asesinados en Perú por proteger sus tierras invadidas principalmente por la tala, la minería ilegal o el narco; la víctima más reciente, del 29 de noviembre, fue Quinto Inuma, en la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, región San Martín, en la Amazonía norte.

Según un reportaje de Mongabay, desde la pandemia, Inuma había denunciado ante las autoridades el incremento de invasiones, la tala ilegal, la deforestación y el narcotráfico en las tierras de la comunidad; en 2021 fue evacuado por helicóptero tras ser herido por presuntos narcos días después de una diligencia de fiscales que investigaban tráfico de estupefacientes.

De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Agrario, la superficie deforestada en Perú por uso agrícola de tierras forestales asciende a once millones de hectáreas, y ello abarca áreas naturales protegidas y reservas comunales indígenas.

Además, un informe difundido en agosto por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible reportó que en los últimos tres años creció la minería ilegal en 32 distritos de la Amazonía, en las regiones de Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Dicha actividad, precisa el reporte, trae además como conexos otros delitos: el narcotráfico, la tala ilegal y el crimen organizado.

El narco avanza y cambia de zonas de operación y valles de cultivo, de acuerdo a las rutas internacionales pero también en función de las zonas de menor presencia o mayor corrupción de agentes estatales.

Ricardo Soberón, exdirector de Devida -el organismo antidrogas de Perú-, sostiene en un informe reciente que si bien la mayoría de comunidades indígenas están reconocidas, "su territorio es sujeto de frágil reconocimiento jurídico y prácticamente nula protección del Estado de derecho". En su reporte refiere que de las más de 250.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas en Sudamérica, 95.000 están en Perú.

Hasta 2022, estima Soberón, 102 comunidades nativas y dos reservas indígenas estaban afectadas por el tráfico de drogas; es decir, 16 de los 51 grupos étnicos registrados oficialmente en el Ministerio de Cultura viven perjudicados o en riesgo por esa actividad ilícita, incluyendo el problema del aumento del consumo en jóvenes indígenas.