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Políticas de Migración La UE trabaja para aumentar las deportaciones

Un documento de trabajo del Consejo, al que ha tenido acceso Público, sugiere la posibilidad de ligar los procedimientos de demanda de asilo y devolución en caso de rechazo, una idea defendida públicamente por Fontex

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Un solicitante de asilo espera en un campamento improvisado fuera de la oficina extranjera en Bruselas. REUTERS

La política de retorno y readmisión es una de las principales prioridades en la agenda para la migración para la Unión Europea. Pero los números no cuadran. Tanto los Estados miembros como Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) consideran el ratio de devoluciones muy bajo y buscan la manera de incrementarlo. Un documento de trabajo del Consejo de la Unión Europea al que ha tenido acceso Público.es apunta a analizar el vínculo entre los procedimientos de demanda de asilo y expulsión en caso de rechazo. Esta misma semana, el director de la Agencia, Fabrice Leggeri, ponía sobre la mesa ligar ambos procesos.

El ratio de expulsiones en la UE aumentó del 36 al 45 por ciento de 2015 a 2016 pero según cifras de Frontex, ha vuelto a caer en 2017. La Agencia apunta además en su informe anual a la notable diferencia entre las decisiones de expulsión y las expulsiones efectivas, es decir, las que llegan a producirse. En 2017, hubo 279.215 decisiones de retorno pero se materializaron poco más de la mitad, 151.398. Según Frontex, el 50 por ciento de las devoluciones efectivas fueron voluntarias, el otro cincuenta, forzadas. Tanto los Estados miembros de la UE como la Agencia quieren mejores números.

La Comisión Europea ya renovó su guía para ayudar a los Estados a implementar la Directiva que establece los procedimientos comunes para expulsar a nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en territorio europeo. Pero el Consejo admite que los esfuerzos siguen siendo insuficientes. En parte, por falta de recursos, en parte, por falta de efectividad. Por eso, pide a los Estados nuevas ideas para incrementar el número de expulsiones, más colaboración con los países de origen e ideas para involucrar a todas las agencias europeas en el proceso.

Por un lado, el documento apunta a “la necesidad de examinar el enlace entre los dos procesos”: el rechazo de la demanda de protección internacional y el proceso de expulsión que debe seguirle. Fabrice Leggeri, director de Frontex, coincide y va un paso más allá. Leggeri insistió en la presentación del informe anual de la Agencia en que “debe existir una conexión directa entre el proceso de demanda de asilo y el procedimiento de retorno, en caso de rechazo”. El director destacó en este sentido el papel de Frontex. Desde que su mandato fuera ampliado el pasado año, la agencia ha fletado 331 vuelos para expulsar a más de 14.000 personas. “Los migrantes que no sean susceptibles de recibir protección internacional o un permiso de trabajo deben ser expulsados”, asegura Leggeri. En este sentido, el documento del Consejo recoge una sugerencia de la propia agencia que alienta a los Estados miembros crear “grupos de escoltas para retornos forzosos”.

Otro de los puntos fundamentales es el aspecto exterior de las expulsiones, es decir, los acuerdos con terceros países para asegurar que aceptan a sus nacionales cuando estos son devueltos. Aquí, el Consejo subraya de nuevo el concepto de “tercer país seguro”. Cuando una persona pide asilo pero queda probado su paso por un tercer Estado que es considerado seguro por las autoridades, esta persona puede ser devuelta, aun cuando pueda ser susceptible de recibir protección internacional. El problema es que la Unión Europea considera ciertas zonas de Afganistán o la propia Turquía como terceros países, algo que ha sido ampliamente cuestionado tanto por organizaciones internacionales como por oenegés.

También subraya el Consejo que la devolución efectiva depende de los acuerdos con terceros países, formales o informales, y que por tanto, deben promoverse. Además, claro, asegurar que funcionan. Y la UE juega aquí con la posibilidad de someter la política de concesión de visas a la cooperación de estos Estados. “Merece la pena destacar el nuevo proceso que permite tomar medidas en el área de la política de visados, en relación a terceros países que no cooperen o no cooperen los suficiente en el área de retorno y readmisión”, apunta el documento.

Efectivamente, los acuerdos con terceros países han demostrado ser efectivos en muchos casos. Pero no solo porque permitan aumentar el número de devoluciones sino que en ocasiones han afectado incluso al número de admisión de peticiones de asilo. El caso del acuerdo con Afganistán, tras el cual bajó drásticamente la concesión de asilo a afganos es uno de los más destacados. Al mismo tiempo, en el documento el Consejo critica en concreto a los países africanos. “En particular, la cooperación con países africanos destacados es totalmente insatisfactoria”, apunta.

Precisamente hoy, los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea se reúnen con los cinco países del Sahel (Mali, Chad, Mauritania, Burkina Faso y Níger), países de tránsito y origen de inmigrantes irregulares. En la agenda, la puesta en marcha de una fuerza conjunta que tiene, entre otros, el objetivo de mejorar el control de fronteras para luchar precisamente contra el tráfico de personas y la migración irregular.