El caso Juana Rivas no deja de dar sorpresas. Un juez del juzgado nº 5 de Instrucción de Granada ha acordado admitir a trámite la querella que el juez Manuel Piñar presentó contra el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, por delitos de calumnia e injurias contra él. Entre las principales pruebas presentadas por Piñar (el juez que condenó a Rivas en 2018 en primera instancia por sustracción de sus hijos) figuran una serie de capturas de un grupo de WhatsApp llamado Periodistas Aranguez Abog, creado por letrado en 2019 en el que figuran 103 periodistas de distintos medios (y en el que está esta periodista de Público). El grupo fue creado para informar a los medios de los avances y las actuaciones de la defensa de la granadina.

En la querella, Piñar solicitaba al juzgado que citara como investigado a uno de los periodista del grupo que en un momento determinado mantuvo una breve conversación con el abogado de Rivas en abierto.

El auto del juez, al que ha tenido acceso Público, no sólo admite la querella a trámite, sino también muchas de las peticiones del juez sobre diversas investigaciones en torno a ese grupo de la aplicación de mensajería instantánea. Por ejemplo, que unos pantallazos que adjunta en su escrito sean cotejados con lo que supuestamente Aránguez ha publicado en el grupo de difusión y, también, con los publicado por diversos medios comunicación. En particular, con un par de noticias difundidas por la agencia EFE y con otra publicada en la prensa local. 

En cambio, el juez rechaza que uno de los periodistas sea considerado "investigado en la causa", aunque sí que se le cite como testigo. El titular del juzgado número 5 de Granada, donde cayó la querella de Piñar por turno, ha pedido ya a la Policía Judicial que inicie investigaciones sobre dicho grupo de WhatsApp y que identifique a todos los periodistas, con su nombre, apellidos y medio al que pertenecen. Por su parte, el juzgado ha aclarado que "en ningún caso se pretende juzgar la labor de los medios de comunicación o investigar las actuaciones concretas de los periodistas que han desarrollado su labor informativa".

La defensa de Rivas se querelló contra el juez Manuel Piñar en julio de este año, acusando al magistrado de un "delito continuado de prevaricación judicial y atentado contra la integridad moral (maltrato institucional)" por sus "decisiones ilegales" durante la tramitación de la ejecutoria en el caso de Juana Rivas. El letrado denunciaba retrasos injustificados del juez, que en 2018 condenó a Rivas a cinco años de prisión y a seis de inhabilitación de la patria potestad de sus hijos, por un delito de sustracción de menores.

En la querella contra Piñar, el abogado de Rivas desgranaba diversas de las supuestas actuaciones "ilegales" del magistrado a lo largo de los últimos años y lo acusaba, además, de falta de imparcialidad y de objetividad. Esta querella fue inadmitida por el juzgado y posteriormente por el Tribunal de Justicia de Andalucía. 

La querella del juez Piñar contra el abogado Aránguez fue presentada a finales del mes de octubre y admitida el día 4 de noviembre, aunque se conoció este martes. 

Piñar, que ha sido criticado en diversas informaciones de distintos medios por sus decisiones (en las que refleja un cuestionamiento sobre la leyes de Igualdad y contra la violencia de género), afirma en la querella sentirse "ofendido en su condición de profesional Magistrado por expresiones e imputaciones que atentan contra su honor y vertidas por el querellado", dándoles publicidad a los 103 participes del grupo

Libertad de expresión

Una de las cosas que deberá valorar el juez que ha admitido la querella de Piñar es si las manifestaciones de Aránguez entran dentro de la libertad de expresión o son constitutivas de un delito de injurias y calumnia. El abogado de Rivas siempre ha afirmado que ha hecho uso de su libertad de expresión y de su "derecho a criticar cualquier decisión judicial, siempre desde el respeto y acatándolas".

En una larga disquisición, el juez que firma el auto, Josep Sola Fayet, afirma que "examinadas las expresiones objeto de querella, de entrada no parece que ninguna de ellas quepa ser considerada como imprecativamente injuriosa en tanto que no recogen palabras o expresiones en sí mismas hirientes, despectivas, minusvalorizadoras o afrentosas, lo cual unido al cuerpo doctrinal sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, opinión e información permitiría colegir ab initio que los hechos objeto de querella no serían constitutivos del delito de injurias".

Sin embargo, a renglón seguido advierte que las expresiones contenidas en la querella atribuyen a Piñar "una conducta que se describe y califica como prevaricadora y parcial, lo que supone indicios de la imputación de una actuación delictiva".

El abogado de Juana Rivas afirma no haber recibido la querella ni el auto judicial, por lo que solo ha conocido estas las decisiones a través de los medios de comunicación.

200 juristas contra la sanción a Aránguez

Paralelamente, este martes ha sido entregado al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados un manifiesto firmado por más de 200 juristas que se oponen a la sanción de suspensión de 45 días impuesta por el Colegio de Abogados de Granada contra Carlos Aránguez.

En el escrito, los firmantes manifiestan su "total rechazo a la actuación llevada a cabo por el referido Colegio profesional" y afirman que con la sanción "se vulnera gravemente el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información de uno de sus colegiados". El escrito resalta que en una sociedad democrática "todo jurista tiene derecho a expresar su opinión y a cuestionar lo que resuelva u opine otro jurista" y que no puede ser objeto de sanción por un órgano colegiado decir que un juez es "manifiestamente parcial". 

Los firmantes resaltan que Aránguez en ningún momento ha proferido "insultos vejaciones ni expresiones injuriosas" contra el juez Piñar. "Lo que sí ha hecho el abogado D. Carlos Aránguez Sánchez, y de manera admirable, es defender pro bono a una mujer víctima de violencia de género [Juana Rivas], dando muestras de un encomiable ejercicio de responsabilidad social en el ejercicio de su actividad como letrado".

Aránguez fue sancionado por el Colegio de Abogados de Granada, tras una denuncia ante este órgano elevada en septiembre de 2021 por el juez Manuel Piñar, que afirmó que había incurrido en un "comportamiento desconsiderado e irrespetuoso" durante las declaraciones a medios y notas de prensa difundidas por el letrado, quien le ha acusado de "manifiesta parcialidad". El Colegio de Abogados de Granada aceptó la denuncia y aplicó una sanción de 45 días al letrado.