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Asociaciones de juristas de izquierda denuncian la 'falta de legitimidad' del CGPJ para nombrar a la cúpula del Supremo

El órgano constitucional está en funciones desde hace casi dos años y tiene previsto nombrar este miércoles a tres magistrados de la Sala de lo Penal del alto tribunal, así como a los presidentes de la Sala de lo Social, Contencioso y Militar.

Lesmes dice que el bloqueo de la renovación del CGPJ es una seria anomalía
El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, en una imagen de archivo durante la apertura del año judicial.

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Entidades y organizaciones de juristas de izquierda de toda España han denunciado la "falta de legitimidad" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que tiene previsto este miércoles nombrar a 25 altos cargos judiciales, entre ellos los presidentes de la mayoría de las salas del Tribunal Supremo.

En un comunicado, la Comisión de Defensa del Colegio de la abogacía de Barcelona (ICAB) y la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) de Madrid, conjuntamente con entidades de Andalucía, Aragón, Galicia o el País Vasco, hacen un llamamiento a la "responsabilidad" y la "transparencia" del CGPJ.

El comunicado, de dos páginas, pone de relieve que el actual CGPJ tiene el mandato caducado desde hace más de un año y medio, "hecho que pone en duda la legitimidad de los nombramientos que se van a producir esta semana".

Las entidades, formadas por abogados, funcionarios y jueces, piden que se tenga en cuenta que el nuevo Congreso de los Diputados recoge "una diversidad ideológica" que no está reflejada en la composición del órgano de gobierno de los jueces.

"Abuso de derecho"

Así mismo, en el texto las asociaciones progresistas piden al CGPJ que deje de actuar con "abuso de derecho" y que se  "proceda a evitar el descrédito que conllevaria el nombramiento de altos cargos de la Magistratura dado que ello que erosionaría indudablemente el sistema de representación política consagrado en la CE para el CGPJ como poder del Estado".

El comunicado está firmado por más de 10 entidades del renombre como, ALAZ, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) , Centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans o la asociación de jueces Àgora Judicial y la Sociedad Andaluza de Juristas '17 de marzo'.

El presidente del órgano constitucional, Carlos Lesmes, ha retomado las negociaciones entre los 20 vocales que lo conforman debido a que no se ha producido la renovación del CGPJ, que en noviembre cumplirá dos años en funciones.

Las negociaciones están muy avanzadas entre el sector conservador -mayoritario- y parte del progresista.

El objetivo es renovar tres plazas vacantes de la poderosa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como las presidencias de las Salas de lo Social, Contencioso-Administrativo y Militar del alto tribunal, entre otros cargos.

Campo: "Casado lo ha vuelto a estropear"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado este lunes que el acuerdo con el PP para la renovación del CGPJ estaba cerrado "en un 99%" y sólo faltaba "su exteriorización pública". Y ha señalado al presidente de este partido, Pablo Casado, como responsable del fracaso de esta nueva negociación que ha realizado con Enrique López, responsable popular en materia de Justicia y amio suyo.

"El señor Casado ha vuelto a estropear ese reloj de la democracia que se vivifica con la renovación de órganos constitucionales", ha destacado el ministro en una entrevista en RNE.

Para Campo, el CGPJ está "en descomposición" y debería medir sus actos porque estos "tienen incidencia".

El Gobierno intentó aplazar el acto

El ministro ha confirmado que el Gobierno intentó aplazar el acto de entrega de los despachos a los nuevos jueces, celebrado el pasado viernes en Barcelona, y que Lesmes se negó a hacerlo.

La inminencia de la difusión de la sentencia sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la cercanía del tercer aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017, "desaconsejaban" la presencia de Felipe VI en el acto de entrega de los despacho. Finalmente no acudió y se desató una crisis institucional cuando vocales nombrados a propuesta del PP difundieron esta cancelación comunicada por la casa real.

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