Hay preguntas que la monarquía no piensa responder. A falta de conocer cuáles serán los términos de la reforma "ética" que prometió impulsar el presidente Pedro Sánchez –y sobre la que aún no hay detalles–, de momento no hay Ley de Transparencia que le obligue a responder, por ejemplo, cuáles son los bienes que los miembros de la Familia Real (Juan Carlos I incluido) tienen a su nombre, o cuántos mensajes le llegan aún hoy al emérito a través del "Libro de Visitas" que aún tiene a su nombre en la web de La Zarzuela.

Según ha podido constatar Público tras un largo proceso de tramitación a través del Portal de Transparencia –cuya actividad está amparada y regulada por ley desde 2013–, ambos requerimientos de información pública sobre la Casa Real han sido vetados por la Secretaría General de Presidencia, encargada de tramitar las solicitudes que afectan a la monarquía. 

Paradójicamente, estos expedientes han sido rechazados por el Gobierno a las puertas de la "Semana de la Administración Abierta", una iniciativa impulsada a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto que defiende la "transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración". "El tema propuesto para este año por la Alianza se centra la reconstrucción de Administraciones, Instituciones y sociedades, para que sean más transparentes, responsables, participativas e inclusivas", destaca el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

En el caso de la Casa Real, esa "transparencia" choca habitualmente con el muro de opacidad que rodea a esta institución. Desde que el rey Juan Carlos abandonó el país y se instaló en Emiratos Árabes Unidos, la Secretaría General de Presidencia se ha encargado de hacer caer distintas preguntas relacionadas con el gasto que implica su seguridad en el exterior. 

El Gobierno también ha puesto freno a las peticiones de información sobre los bienes muebles e inmuebles que están a nombre de los distintos miembros de la Familia Real, incluyendo el emérito. A raíz de una solicitud de información pública tramitada en ese sentido por Público, la Secretaría General de Presidencia respondió que dicha petición había sido "inadmitida a trámite".

El Gobierno alega que esa petición de información "no se encuentra
comprendida dentro del ámbito subjetivo ni objetivo de aplicación" de la Ley de Transparencia en lo que respecta a la Corona. Cita además el artículo 18 de dicha norma, en el que se indica que serán inadmitidas aquellas peticiones que "sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia". En noviembre pasado, la Secretaría General de Presidencia había rechazado otra solicitud de información similar, alegando los mismos razonamientos.

Todo en un minuto

La Ley de Transparencia tampoco ha servido para conocer el número de mensajes que el rey emérito recibe a través del "Libro de Visitas" que sigue activo en la web de Casa Real y que permite enviarle mensajes allá donde esté. Público preguntó si esos mensajes son trasladados a Juan Carlos I por personal de La Zarzuela o qué pasos se siguen con aquellos que contienen críticas hacia la figura del emérito, entre otras cuestiones.

La pregunta fue registrada el pasado 15 de abril. Casi un mes después, continuaba en estado de "recepción", lo que significaba que no había sido dada de alta y, por tanto, no podía tramitarse. A raíz de una consulta formulada por Público para saber las razones de ese retraso, desde la administración respondieron que la solicitud estaba en manos de la "Unidad de Información de Transparencia de Casa Real", donde aún tardarían varios días más en atender este expediente. 

Luego de un largo periplo que incluyó el envío de varios mensajes a la Oficina de Prensa de La Zarzuela, el pasado viernes 14, tras un nuevo correo a Casa Real, todo se aceleró: a las 10.35 de la mañana, el Portal de Transparencia notificó que la consulta sobre el Libro de Visitas del emérito empezaba a tramitarse... y un minuto después, a las 10.36, informó que tal petición acababa de ser "inadmitida". Un auténtico récord para un trámite de Transparencia que, normalmente, tarda varias semanas en resolverse. 

Las razones para rechazar la petición volvieron a ser las mismas: la información solicitada escapa de los estrechos márgenes de la Ley de Transparencia y, además, se encuadra dentro de los supuestos de solicitudes "manifiestamente repetitivas" o que tienen, según sus criterios, "un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia". Una "transparencia" que evita tocar a La Zarzuela.