El juicio por la falsificación, ya acreditada, del acta de defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta regional Cristina Cifuentes ha quedado este viernes visto para sentencia, con un duro alegato final por parte de la representante del Ministerio Fiscal. "Toda la maquinaria para falsificar el acta se puso en marcha por las exigencias de la Consejería de Educación y de la señora Cifuentes", ha asegurado la fiscal Pilar Santos, que solicita para la expresidenta tres años y tres meses de cárcel por inducción a la falsificación de dicha acta.

Ha recordado la fiscal que al Máster en Derecho Autonómico y Local, impartido por el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJ) "le faltaba alumnado y el catedrático Enrique Álvarez Conde los buscó a través de su red de contactos y daba todas las facilidades a los alumnos por él captados, recomendados". Cifuentes fue una de ellos; se matriculó tres meses después de que empezara el curso, ha expuesto la fiscal. "La señora Cifuentes ha admitido que hacía trabajos cortos, de cinco a diez folios, en papel, y que se los hacía llegar únicamente a Álvarez Conde, no a ningún profesor de máster; no se interesó de si aprobaba".

Ha recalcado en este sentido la fiscal Pilar Santos: "No estamos aquí para saber si se le regaló el máster (a Cifuentes); eso tendría que haberse dirimido en el ámbito político", y ha argumentado que Cristina Cifuentes "para salvar su reputación" ejerció "una presión desde su gabinete, en su nombre, que explica todo el proceso de falsificación del acta".

"La única, primera y la ultima beneficiaria de ese acta era ella y su carrera política. Y, tan pronto como tuvo ese acta y su expediente, procedió a exhibirla", ha expuesto la fiscal. Y la mostró al mundo, dice la fiscal, "desde la ventana de su cuenta en Twitter". Se refería la fiscal a que Cifuentes declaró en un vídeo grabada por ella misma que "las cosas se acreditan con papeles", mostrando el acta falsificada. "Utilizó un documento oficial que sabía que no respondía a la realidad y lo introdujo en el tráfico jurídico y lo dirigió a miles de ciudadanos".

El 21 de marzo de 2018, día en el que estalló el escándalo por el máster de Cifuentes, "se instó presuntamente a la fabricación del acta", un hecho confesado por la profesora Cecilia Rosado, que actuó "presionada, pudiendo imaginarse cómo sería su vida en la universidad si decía que no", ha mantenido la Fiscalía, en referencia "al carácter difícil de Álvarez Conde [fallecido en 2019], que trataba a sus discípulas en régimen de semi vasallaje, como han declarado varias profesoras". Pero también la tercera procesada, María Teresa Feito, en aquellos momentos asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ejerció presión, según el Ministerio Fiscal; "una presión sutil pero constante de quien está en poder".

"Todos en la universidad sabían que Feito [había sido profesora del centro] guardaba relación con Cifuentes", ha dicho la fiscal Santos. "Nadie tuvo duda de que el 21 de marzo de 2018 la señora Feito estaba en la universidad actuando a favor de la Consejería". María Teresa Feito, para quien la Fiscalía también pide tres años y tres meses de prisión por el delito de falsificación de documento público, declaró en su defensa que únicamente se trasladó a la URJ para interesarse por el asunto, sin que nadie la enviase, por haber sido profesora de aquel centro y por haber acompañado a Cifuentes un año antes a recoger el título del máster.

Para la Fiscalía, la versión de Feito "no se sostiene, nada de lo que ha dicho es veraz". "Intervino activamente para tratar de remediar las consecuencias que pudiera tener Cifuentes". Para la profesora procesada, Cecilia Rosado, la fiscal mantiene su petición de 21 meses de cárcel, pero solicita que se aplique la atenuante de confesión y miedo insuperable y, subsidiariamente, una atenuante muy cualificada por su colaboración con la justicia.

"Nos hemos evitado escuchar a un condenado por asesinato"

Por su parte, el abogado representante de la acusación particular, ejercida en nombre de la URJ, ha criticado duramente la cuestión del pendrive, que supuestamente contenía la agenda de Cristina Cifuentes como delegada del Gobierno en 2012 y en la que, según la defensa de la expresidenta, consta la fecha del 2 de julio de 2012 marcada como el día en el que debía defender su TFM. La prueba fue retirada porque el Tribunal se negó a que no fuera trasladada a las partes, como pretendía el abogado de Cifuentes, por contener datos privados que podrían vulnerar su intimidad. "Desde el pasado 18 de enero ha estado el pendrive en el juzgado sin darnos traslado a las partes. Pedimos una contrapericial y ahí se le desmontó el castillo a la señora Cifuentes", ha dicho el letrado, que ha añadido que  "se dieron cuenta de que lo que había ahí podía perjudicarla" y ha criticado la decisión del juez de admitir esa prueba sin haber sido previamente estudiada por las partes, "interrogamos a la señora Cifuentes sin tener conocimiento de lo que contenía esa prueba"; una prueba peritada, por encargo de la defensa de Cifuentes, por Luis Enrique Hellín Moro, exmiembro de un grupo terrorista ultraderechista, condenado por el asesinato de Yolanda González en 1980. "Nos hemos evitado escuchar aquí a un condenado por asesinato", ha afirmado el abogado de la acusación particular.

El abogado defensor de María Teresa Feito, por su parte, ha pedido la libre absolución de su cliente, incidiendo que ella y Cifuentes no eran amigas, "solo habían hablado en una ocasión". Ha basado su argumentario en la declaración del exconsejero de Educación en el ejecutivo de Cifuentes, Rafael Van Griken. "Ha admitido que fue él y no la señora Feito quien pidió la documentación sobre el máster al rector". Y ha preguntado: "¿Cómo va a pedir la señora Feito que se falsificara un acta de TFM si ella estaba convencida de que existía?"

El letrado defensor de la profesora Cecilia Rosado ha valorado la colaboración de su cliente para esclarecer esta causa. "Desde el principio ha dicho la verdad". Y ha ahondado en las numerosas llamadas de María Teresa Feito "presionando hasta freírla a llamadas" el día 21 de marzo de 2018. "Le pidió el acta, le pidió el título del TFM, le pidió la bibliografía... Hasta 16 llamadas ese día". 

Ha alertado el defensor de Rosado sobre las contradicciones en las que ha incurrido Feito entre el testimonio durante la fase de instrucción y lo declarado en la vista oral: "Primero dijo que en esas llamadas encontró a Cecilia muy nerviosa. Aún así siguió presionándola, pero en el juicio ha dicho que la encontró tranquila". Este letrado ha querido así apuntalar el miedo y la presión supuestamente sufrida por Rosado, que la llevaron a seguir las instrucciones del catedrático Álvarez Conde en cuanto a la fabricación del acta.

El último turno ha sido para José Antonio Choclán, defensor de Cristina Cifuentes, que se ha mostrado contundente en sus referencias al Ministerio Fiscal: "No debió acusar nunca a la señora Cifuentes. Se ha producido una selectiva acusación por ser quien es la señora Cifuentes. Ella no es garante de la legalidad administrativa, como no lo fueron los otros alumnos que reconocieron no haber defendido su TFM, y para los que se sobreseyó la causa". También ha dicho en relación a la fiscal de la vista oral: "No se puede venir a un juicio dando brochazos, con una imputación tan grave con tan pocos mimbres jurídicos y dogmáticos".

Choclán ha sostenido que "prueba directa del delito de inducción no hay". El abogado de Cristina Cifuentes, que ha pedido la libre absolución de su representada, ha argumentado que no ha quedado probado que la expresidenta haya sido inductora del delito confesado por la profesora Cecilia Rosado. Y ha aducido que la acusación fiscal no ha podido ir más allá de la manifestación sobre que Cifuentes le pidió a Feito que hiciese las oportunas acciones para resolver la crisis. "Y después relata lo que hizo la señora Feito, sin más referencia a la señora Cifuentes". 

El defensor de Cifuentes ha asegurado que "no hay correlación entre pedir resolver una crisis mediática y falsificar un acta. Además, no se ha probado que la idea criminal en la profesora Rosado surgiera de la señora Feito". Ha añadido que el inductor directo de la falsificación es el fallecido Enrique Álvarez Conde. "Eso nadie lo discute".

Las tres procesadas han rechazado la posibilidad de la última palabra antes de finalizar la vista oral. Visto para sentencia.