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caso 'San Antonio' El PNV salva a Maroto y Alonso de los tribunales en pleno deshielo con el PP

El ayuntamiento de Vitoria se niega a recurrir al Supremo por el caso 'San Antonio', una trama gestada durante la etapa de los populares que provocó un agujero millonario al municipio. 

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El PNV salva a Havier Maroto y Alfonso Alonso de los tribunales en pleno deshielo con el PP. EFE/Archivo

“La mejor forma de destruir un enemigo es hacerlo mi amigo”, escribió alguna vez Abraham Lincoln. “Dos no se pelean si uno no quiere”, añade el refranero español. Actualmente, los negociadores del PNV y PP podrían recitar ambas frases a diario. No en vano, los nacionalistas vascos han demostrado que no serán ellos quienes hagan fracasar lo que podría ser una bonita amistad… O por lo menos, un apoyo circunstancial, de esos que son recibidos como agua de mayo. A pocos meses de que Madrid y Vitoria analicen sus respectivos Presupuestos, el partido de Iñigo Urkullu ha rechazado seguir adelante con la denuncia contra los conservadores Javier Maroto y Alfonso Alonso por un millonario contrato que benefició a un particular y perjudicó a la administración.

El problema –y su correspondiente solución- tiene nombre religioso. El caso 'San Antonio' se gestó en la etapa de Alonso –actual presidente del PP vasco- como alcalde de Vitoria y su inseparable Javier Maroto –ahora en la ejecutiva nacional de los populares- como concejal de Hacienda. En febrero de 2007, ambos cargos públicos dieron su visto bueno a un contrato de alquiler de unas oficinas situadas en la céntrica calle San Antonio de la capital alavesa. El importe del arrendamiento era de 7,6 millones de euros que se pagarían a lo largo de 20 años. El dueño del local era el empresario Gonzalo Antón, quien había comprado la lonja apenas un año antes por 2,7 millones de euros. Como si esto fuera poco, el contrato incluía una cláusula de blindaje a favor del propietario: si el contrato se rompía, el ayuntamiento de Vitoria debería abonarle los 20 años al completo. La ganancia –al menos para Antón- era evidente.

Tras provocar un escándalo político de importantes proporciones, el alquiler de San Antonio –que hoy alberga la Oficina de Atención al Ciudadano- llegó al Tribunal de Cuentas (TC). En mayo de 2016, el órgano fiscalizador dictó una condena contra Alonso y Maroto, quienes se verían obligados a abonar 393 mil euros. Ambos políticos conservadores recurrieron el fallo, lo que derivó en el mejor regalo navideño que podían recibir: diez días antes de Nochebuena, el TC dio marcha atrás y los absolvió. Si en mayo se apreciaba un perjuicio a las arcas públicas, en diciembre se entendía que no había existido vulneración alguna. La encargada de exponer ese cambio de criterio fue Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia en el gobierno de José María Aznar.

Alonso y Maroto hoy pueden dormir tranquilos, y no sólo gracias a su antigua compañera Mariscal de Gante. El ayuntamiento de Vitoria, en su calidad de principal perjudicado por la firma de ese contrato, ha decidido colgar la toalla. Dicho de otra forma, no habrá recurso al Tribunal Supremo. En términos futbolísticos, el partido está terminado. Esta decisión del gobierno municipal del PNV –que lleva las riendas del Ejecutivo local en coalición con el PSE-ha generado un profundo malestar entre los integrantes de la Asociación ADI, dedicada a perseguir los casos de corrupción registrados en Euskadi. Este lunes, sus responsables divulgaron un informe en el que advertían sobre la “negligencia” del alcalde peneuvista, Gorka Urtaran.

“El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no agotó todas las vías jurídicas posibles. La sentencia absolutoria era recurrible en casación y se decidió dar carpetazo al asunto. Los artículos en los que se basan los servicios jurídicos del ayuntamiento para que el alcalde Urtaran tomara esa decisión no son aplicables al caso”, sostienen. En ese contexto, los responsables de ese colectivo también han querido destacar los perjuicios económicos que acarreará esa decisión: “al no presentar recurso y devenir firme la sentencia absolutoria, el ayuntamiento renunció a recuperar 393.862,31 euros”, remarcaron. Ya no hay vuelta atrás.

El ayuntamiento deberá seguir pagando el contrato durante diez años 

En su informe, la asociación ADI discrepa radicalmente con el área legal de la corporación, que había alegado “motivos exclusivamente jurídicos” para negarse a recurrir la absolución de Alonso y Maroto, “haciendo referencia expresa a la cuantía del pleito y aludiendo a que su importe no llegaría al mínimo exigible, mencionando también que en la propia sentencia del Tribunal de Cuentas del Estado se dice que la misma no es recurrible”.

Sin embargo, este colectivo anticorrupción ha elaborado un análisis jurídico en el que dictamina que la sentencia podía ser recurrida. Ese documento fue “remitido vía correo electrónico a los servicios jurídicos municipales el pasado 31 de enero para recabar su opinión al respecto. “A día de hoy no hemos recibido contestación alguna”, señalaron desde ADI. De esta manera, el ayuntamiento deberá seguir pagando el contrato durante los diez años que aún quedan de contrato. Ya no hay vuelta atrás.

Coincidencias

La negativa del gobierno municipal de Vitoria a llevar a Alonso y Maroto al Tribunal Supremo coincide con el “deshielo” en las relaciones entre PNV y PP. Si los nacionalistas vascos están necesitados de apoyos para aprobar sus Presupuestos autonómicos, los conservadores viven su vía crucis propio para tratar de sacar adelante las cuentas del Estado. Las conversaciones, según han publicado en los últimos días algunos medios próximos a los nacionalistas, ya están en marcha, aunque hoy nadie arriesga cuál será el resultado final.

Lo que sí está claro es que Rajoy confía en conquistar al PNV para sortear la votación de las enmiendas a la totalidad –los cinco votos de los diputados nacionalistas, sumados a Ciudadanos y Coalición Canaria, le permitirían superar ese trámite- y garantizarse una base sólida de cara a la votación definitiva del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. A cambio, el PP vasco –por boca de Alfonso Alonso- ofrece “estabilidad” al gobierno de Urkullu, situado –a pesar de su acuerdo con el PSE- en minoría.

La combinación del calendario y la hemeroteca podría aportar algunas claves sobre ese proceso. Pista número 1: el plazo para recurrir la absolución de Alonso y Maroto ante el Supremo expiró el 26 de enero. Pista número 2: una semana más tarde, el presidente del PP vasco –definitivamente absuelto por el caso San Antonio- se dirigía públicamente al PNV para mostrar su mano tendida a los nacionalistas. El camino está abierto.