Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, está estos días en el ojo del huracán. Un nuevo escándalo de alguien del entorno más cercano de la presidenta de la Comunidad de Madrid sale a la palestra y comienzan a ser un número demasiado elevado.

González había sido un desconocido a ojos de la gran mayoría de ciudadanos hasta este lunes, cuando estalló la noticia de que la Fiscalía Provincial de Madrid había presentado una denuncia contra él por fraude fiscal y falsedad documental. A continuación vamos a desgranar todos los pormenores del caso:

¿Qué se investiga?

La Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia el pasado 5 de marzo contra Alberto González Amador y otras cuatro personas por supuestamente defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. Los movimientos sospechosos de las sociedades de González y su enriquecimiento durante la pandemia hicieron saltar las alarmas.

El fiscal les acusa de dos delitos de defraudación tributaria relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingenieria y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L., de la que González Amador era administrador único, y un presunto delito de falsedad en documento mercantil. 

¿Qué método usaron para defraudar?

La Fiscalía pone en marcha su investigación a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que recibe el pasado 22 de enero un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación que duró dos años "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".  En concreto, son 15 facturas falsas por gastos que nunca se llevaron a cabo por un valor total de 1,7 millones de euros.

La denuncia recoge que esos "gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021". En concreto, la Agencia Tributaria detalla que dejó de ingresar 155.000 euros en el Impuesto de Sociedad del año 2020 y casi 196.000 euros en el de 2021.

La denuncia ha recaído este miércoles en el jugado de instrucción número 19 de la Plaza de Castilla de Madrid y ahora tendrá que decidir si la admite a trámite. El Ministerio Público ha solicitado que el juez que asuma la causa tome declaración en calidad de investigados a los cinco implicados, así como la citación como peritos a los inspectores de Hacienda que desde mayo de 2022 elaboraron los informes.

¿Cuáles eran las empresas pantalla?

La principal empresa investigada es Maxwell Cremona, cuyo administrador único es Alberto González Amador. Pero más allá de él, los otros cuatro supuestos implicados son Maximiliano Eduardo N.G, David H.L., Agustín C.S. y José Miguel C.S., administradores de siete mercantiles que giraron las facturas.

Entre ellas, por ejemplo, está la sociedad mexicana Mke Manufacturing, cuyo representante es Maximiliano Eduardo N.G., en el ejercicio de 2020 dedujo una factura por importe de 630.000 euros, pero no realizó ningún servicio o trabajo para la empresa de la que era administrador la pareja de Ayuso.

Durante 2021 se realizó la misma operación otras 14 veces con diversas compañías, entre ellas una costarricense, Gayani Ltd, en la que también figura como socio y representante el anteriormente citado y que emitió una factura por importe de 922.585 euros.

Otra empresa que cita la Agencia Tributaria como parte del entramado es Masterman & Whitaker SL, una empresa sin estructura ni trabajadores y que González Amador usó para facturar algunos de sus servicios a Quirón, que había sido el principal cliente de Maxwell Cremona durante muchos años.

¿Cuál es el origen del fraude?

El origen del fraude fiscal investigado proviene de los ingresos millonarios que obtuvo González en comisiones por hacer intermediario en la compraventa de material sanitario durante los meses más complicados de la pandemia, en el año 2020, tal y como reveló este martes por la noche elDiario.es. En concreto, la pareja de Ayuso ganó dos millones por el simple hecho de mediar en varias operaciones.

Maxwell Cremona SL facturó 2,33 millones en el año 2020 y casi el 85% de ese importe, 1.973.000 euros, fue lo que le pagó la empresa española FCS Select Product en dos comisiones por la venta a la sociedad gallega Mape Asesores de material sanitario por 42 millones de euros. En concreto, fueron guantes y mascarillas lo que se vendieron por tal montante en dos operaciones.

La primera fue el 5 de mayo de 2020, donde González ingresa 834.320 euros bajo el concepto "comercialización de clientes" y la segunda el 5 de agosto del mismo año por otros 1.138.680 euros. Lo curioso es que el acuerdo entre Maxwell Cremona y FCS se produce el 25 de enero de 2020, dos meses antes de que se decretara el confinamiento de la población por la pandemia de covid-19. Otro dato llamativo es que este negocio de contraventa entre dos empresas españolas se sellara en un viaje a Nueva York y necesitara la participación de una empresa de Florida llamada IHD Inteconn.

¿Qué empresa es FCS Select Product?

Esta empresa catalana puede resultar desconocida para el gran público pero se convirtió en la pandemia en el mayor proveedor de material sanitario del Gobierno de España y llegó a facturar más de 250 millones de euros. Solo con el Ministerio de Sanidad firmó cuatro contratos de emergencia de más de 217 millones. Esa empresa se había dedicado al negocio del márketing de bebidas alcohólicas hasta que vio con la pandemia un filón y cambió de forma radical ámbito de acción. Además, una de sus socias había sido condenada por estafa inmobiliaria.

Precisamente, el PP de Madrid incluyó a esta empresa en una denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2022 contra el Gobierno central para investigar los contratos de emergencia que se firmaron para la adquisición de mascarillas y otros materiales sanitarios. Tras el análisis de los cuatros contratos mencionados con Sanidad, la Fiscalía descartó que hubiera irregularidades.

¿Qué ha pasado con el dinero?

En octubre de 2023 se conoció la noticia de que Ayuso se había comprado un piso junto a su novio de más de un millón de euros y de más de 180 metros útiles. Ese piso, a raíz de las informaciones de las últimas horas, ha cobrado una especial relevancia. La vivienda está a nombre de Alberto González, se encuentra en el barrio madrileño de Chamberí y fue comprada el 27 de julio de 2022. En esa fecha ya estaba abierta la inspección por parte de Hacienda.

ElPlural.com ha publicado este miércoles que Alberto González obtuvo una hipoteca de 500.000 euros a 25 años con el BBVA. El importe exacto de la compra no aparece en el registro pero fue tasada en 837.893 euros y la plaza de garaje está valorada en 100.000. El edificio cuenta con siete plantas, 14 viviendas, tres locales comerciales y una oficina, además de servicios comunitarios como zonas ajardinadas, ascensor y portero.

Además, El Plural también ha desvelado que González se compró en el año 2021 un vehículo de alta gama, en concreto un Maserati Ghibli. Un coche de la firma italiana de lujo que está valorado como mínimo en 83.000 euros. Fue adquirido cuando ya había cobrado los dos millones en comisiones y ya había empezado dos a salir con Ayuso. Pese al alto precio del vehículo, González no ha pagado al Ayuntamiento de Madrid el impuesto de vehículos por las anualidades de 2022 y 2023, por un total de 563 euros. Y acumula seis multas de tráfico por 425 euros.

¿Cuál ha sido la reacción de Ayuso?

Este martes, cuando saltó la noticia Ayuso se encontraba en Castelldefels (Barcelona) y a las preguntas de los periodistas lanzó balones fuera y se hizo la víctima: "Ahora tocaba el novio, esto es parte de lo que llevo sufriendo hace cinco años". También señaló a Moncloa como culpable de lo que ella interpreta como una persecución: "Desde primera hora está llamando a las televisiones pidiendo más madera".

Este miércoles, ha comparecido ante los medios en Leganés para cargar contra Hacienda y asegurar que su pareja "está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021, y ahora pretenden que sea el 2022, para retrasar los casi 600 mil euros que Hacienda le debe".

"Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja. ¿Hablaríamos de todo esto si no fuera mi pareja? ¿Cuántos millones de inspecciones hay en España al año?", se ha preguntado. Y cuestionada por el piso comprado tras el supuesto fraude, Ayuso ha llegado a decir: "Tengo derecho a dormir en la cama que considere, como persona que soy libre para hacerlo".