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Un juez ordena archivar la investigación contra los crímenes franquistas en Euskadi

Las diligencias previas ordenadas por la magistrada Maider Imaz Mendizabal han sido archivadas por el titular del juzgado número 4 de Bergara. El ayuntamiento de Elgeta, que actúa como querellante, ha presentado un recurso. 

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Frantsizka Lamarain y Pedro Telleria, víctimas de la dictadura en Elgeta

Portazo a la esperanza. Las víctimas de la dictadura franquista que este 17 de enero iban a declarar en el juzgado de Bergara se quedarán, finalmente, con las ganas: un simple cambio de juez ha bastado para que la querella presentada por el ayuntamiento de Elgeta (Gipuzkoa) se estrelle contra el muro de la impunidad. Un par de semanas después de que una jueza suplente decidiese abrir una investigación por crímenes de lesa humanidad, otro magistrado ha ordenado su sobreseimiento. 

Según ha podido confirmar Público a través de distintas fuentes, el juzgado de Instrucción Número 4 de Bergara, cuyo titular es el juez Hugo Jacobo Calzon Mahia, ha archivado las diligencias abiertas el pasado 19 de noviembre (y dadas a conocer el 11 de diciembre) por la jueza Maider Imaz Mendizabal, quien se encontraba al frente de ese tribunal en calidad de sustituta. Hace pocos días, Imaz fue nuevamente reemplazada por el titular de ese tribunal, que inmediatamente emitió un auto contrario a cualquier tipo de investigación en torno a 14 casos que habían sido denunciados por el ayuntamiento de Elgeta.

El juez que ha retomado la titularidad del tribunal entiende que los crímenes franquistas no pueden ser juzgados

La querella formulada por el consistorio de esa localidad guipuzcoana incluía la terrible historia de Anttoni Telleria, una vecina que fue violada por los franquistas cuando tenía 14 años. Además de sufrir abusos sexuales, la mujer fue obligada a presenciar el asesinato de sus padres. Junto a su caso, el ayuntamiento también presentó datos sobre los asesinatos de dos vecinos de este municipio que murieron en campos de concentración nazis, así como el asesinato de José Vicente Garay, fusilado a sangre fría en la puerta de su caserío. Su nieto, Alberto Osoro, era uno de los testigos que había sido citado a declarar el próximo día 17 en el juzgado de Bergara.

Sin embargo, el juez que ha retomado la titularidad del tribunal ha entendido que ninguno de estos casos puede ser juzgado, alegando –entre otros motivos- que la Ley de amnistía vigente en España impide cualquier tipo de investigación. El juez ha dictado el sobreseimiento libre al considerar que no hay delimitación posible de la responsabilidad penal y, por tanto, estos hechos no pueden ser ni investigados ni juzgados.

Los abogados que representan al ayuntamiento de Elgeta ya han formulado un recurso contra el archivo

En ese contexto, los abogados que representan al ayuntamiento de Elgeta ya han formulado un recurso contra esta decisión, aunque fuentes municipales consultadas por este periódico señalaron que de momento no formularán declaraciones al respecto.

Mientras tanto, las víctimas que estaban citadas a declarar aún no han recibido ninguna notificación. “Acabo de abrir el buzón, y de momento no ha llegado nada. Es la primera noticia que tengo”, comentó Osoro a Público.

La grieta abierta

En cualquier caso, el histórico auto de la jueza Imaz ha servido para sentar un precedente muy claro: a día de hoy no existe un criterio monolítico en el ámbito judicial sobre la imposibilidad de juzgar los crímenes del franquismo. La supuesta unanimidad que existía en el mundo judicial en torno a este asunto se quebró en Bergara. Al menos durante algunos días, las víctimas del franquismo creyeron que había lugar para la esperanza. Y para la justicia.

"Mano política"

En un comunicado conjunto, el ayuntamiento de Elgeta y la Plataforma Vasca Contra los Crímenes del Franquismo han advertido de que detrás de la decisión judicial “aparece clara la mano política que ha provocado el cambio inmediato de juez para echar por tierra la iniciativa”.

“Esta intervención es una demostración palpable, una más, de las grandes carencias de una judicatura española atravesada por intereses políticos absolutamente regresivos y antidemocráticos, que no tienen nada que ver con la Justicia de un Estado y unos gobiernos verdaderamente democráticos”, lamentaron.

“La actuación política ocurrida en el Juzgado de Bergara es fruto del miedo a la Justicia que impera en los poderes del Estado, pero también nos demuestra que existen jueces con suficiente dignidad y ganas de aplicar esa Justicia por encima de legalidades más que dudosas”, enfatizaron.