Tal y como ha contado Público, uno de los muchos puntos que centran la negociación para un nuevo acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar es la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde el año 2009. Es un objetivo incumplido por la coalición en la legislatura pasada que ambas formaciones quieren priorizar de volver a conformar gobierno.

Así, con 12 de las 15 comunidades autónomas sometidas al régimen general de financiación —Euskadi y Navarra tienen su propio sistema de financiación— en manos del PP, cabría pensar que los populares usarán la reforma como ariete contra el Gobierno aprovechándose de su importante poder territorial. Una estrategia que hace aguas porque el debate sobre la financiación autonómica abre grietas entre los propios presidentes del PP.

Tantas, y tan evidentes, que ya han aflorado. Este verano, tras las elecciones generales y la evidente incapacidad de Alberto Núñez Feijóo para hacerse con una mayoría parlamentaria, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, volvió a poner sobre la mesa la reforma del sistema de financiación autonómica, en el marco de las negociaciones del PSOE. Y los 'bandos' en el PP se descubrieron: mientras el gobierno valenciano, en manos del popular Carlos Mazón, se mostraba partidario de un acuerdo para reformar el sistema de financiación que incluyese la condonación de la deuda, la Comunidad de Madrid prometía combatir judicialmente esta medida si se aplicaba.

Para Isabel Díaz Ayuso se trata de "un agravio con las CCAA que se esfuerzan por no endeudarse", según escribió en la red social X (antes Twitter). Los argumentos en contra de la condonación de la deuda, con los que se alinean Madrid, Castilla y León o Galicia, escuecen, sin embargo, en País Valencià, Murcia, Illes Balears o Andalucía, también del PP.

Un único consenso: el sistema actual es "malo y anticuado"

"Es que esto no es una cuestión de partidos sino de comunidades autónomas", coinciden hasta tres barones populares en conversación con Público. "Lo único en lo que estamos todos de acuerdo es que el sistema actual es malo y anticuado", zanja uno de ellos.

Porque tampoco va a haber consenso en la propuesta para un nuevo modelo. País Valencià, Murcia (la peor parada en 2022), Illes Balears y Andalucía — "Somos el bloque de cola", subrayan desde uno de estos gobiernos—, apuestan por un sistema que, a grandes rasgos, prime el criterio poblacional y les compense por la infrafinanciación de la última década.

Enfrente, Galicia y Castilla y León, que también denuncian el "maltrato" económico que supone para sus regiones el actual modelo, apuestan por un sistema que "pondere adecuadamente los sobrecostes que la dispersión y el envejecimiento de la población implican en la prestación de los servicios públicos", apuntan fuentes gubernamentales de ambas regiones.

Los presidentes del PP no esperan una "batalla fácil"

En medio, la Comunidad de Madrid, a la que todas las regiones ven como la gran beneficiada del actual sistema de financiación, pero que también pide una reforma que atienda, en su caso, a criterios de densidad poblacional.

Así, los presidentes autonómicos del PP asumen que la reforma del sistema de financiación no será una "batalla" fácil" y coinciden en que la negociación "tiene que ser multilateral" —es decir, que ninguna comunidad autónoma negocie con el Gobierno de forma paralela a las demás— y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "El Gobierno querrá usarlo para dividirnos, pero tenemos que ser más listos aunque cada uno tenga unos intereses para su región", zanjan fuentes del PP de Madrid.