MURCIA.- A punto de cumplirse un año del inicio de la legislatura en la Asamblea Regional de Murcia, el Partido Popular se han enfrentado a una situación inusual en los últimos cuatro lustros: cinco comisiones de investigación ya formadas intentan aclarar los puntos más oscuros de los veinte años de gobierno de los conservadores murcianos. Y alguna de ellas derivará, a buen seguro, en casos judiciales contra los dirigentes populares.

Valiéndose de sus repetidas mayorías absolutas, el PP murciano, con Ramón Luis Valcárcel a la cabeza, había venido rechazando sistemáticamente cualquier petición de comisión investigadora sobre sus dudosas gestiones al frente del erario público. Desde 1995 en que ganó sus primeras elecciones autonómicas, los populares murcianos rechazaron nada menos que un total de 31 peticiones de la oposición encarnada por PSOE e IU de que se crearan comisiones de investigación sobre su gestión gubernamental.

En la legislatura IV (1995/1999) rechazó las dos primeras. En la siguiente (1999/2003) se opuso a la formación de otras cinco. En la VI legislatura (2003/2007) se alcanzó el récord, con el rechazo popular a la creación de nada menos que doce comisiones de investigación pedidas por la oposición. En la siguiente (2007/20011), fueron 'solo' siete las boicoteadas por la mayoría parlamentaria del PP. Y en la octava legislatura (2011/2015), anterior a la actual, los populares abortaron parlamentariamente otras cinco.

Sin embargo, los resultados electorales de mayo de 2015 cambiaron radicalmente la configuración de la cámara murciana. Si bien el PP consiguió el apoyo de Ciudadanos para investir a su candidato Pedro Antonio Sánchez, los resultados le dieron una minoría mayoritaria (22 escaños) que se ve sometida parlamentariamente a los 23 de la oposición, formada por los escaños de PSOE (13), Podemos (seis) y Ciudadanos (cuatro).

Así, los 23 votos del conjunto de la oposición (PSOE, Podemos, C's) se han venido imponiendo parlamentariamente a los 22 del PP para crear cinco comisiones de investigación sobre otros tantos asuntos en los que la gestión gubernamental popular ha creado serias dudas sobre su eficiencia… y sobre su legalidad.

La primera, propuesta por Podemos y apoyada por PSOE y Ciudadanos, pretende aclarar lo sucedido en torno al llamado oficialmente Aeropuerto Internacional de Corvera, terminado en 2012 por un consorcio empresarial (Aeromur) nucleado en torno a Sacyr y en el que participaron otras empresas, como la charcutera ElPozo, y que sigue cerrado y sin operador aéreo que se haga cargo de él.

La comisión quiere aclarar, entre otras cosas, por qué el gobierno presidido por Ramón Luis Valcárcel, que ahora es eurodiputado y vicepresidente del Parlamento continental, encargó a las mismas empresas que luego formaron el consorcio un informe para justificar la necesidad de esa infraestructura.

Una segunda comisión de investigación, también propuesta por Podemos, trabaja en torno al Auditorio de Puerto Lumbreras, localidad de 14.000 habitantes de la que era alcalde el actual presidente, Pedro Antonio Sánchez, quien recepcionó la obra presupuestada en casi seis millones de euros sin que estuviera terminada. Un informe pericial encargado por la Fiscalía regional estableció que harían falta otros dos millones y medio para acabarla según proyecto.

La fallida desaladora de Escombreras (Cartagena) es objeto de la tercera comisión. El gobierno de Valcárcel encargó esa obra por 120 millones de euros a un grupo de empresas propiedad de la ACS de Florentino Pérez y se comprometió a pagar casi 600 millones hasta 2030 por esa instalación que, pensada para cubrir las necesidades supuestas derivadas del boom inmobiliario, está actualmente funcionando apenas al 30% de su capacidad. Fue propuesta por Ciudadanos.

Irregularidades y deficiencias detectadas

La cuarta comisión, formada a iniciativa del PSOE, intenta aclara el reparto de contratos y subvenciones públicas de la Comunidad Autónoma gobernada por el PP, con la intención de luchar contra la opacidad que del Gobierno regional durante 20 años de gobiernos de mayorías absolutas, revisar los informes jurídicos, los del Tribunal de Cuentas, recomendaciones de las que la Comunidad ha hecho caso omiso, así como las irregularidades y deficiencias detectadas.

Y la quinta, promovida por Ciudadanos, pretende esclarecer todo lo relativo al Servicio Murciano de Salud (SMS), en el que las transferencias sanitaria negociadas y firmadas por el PP en 2001 han resultado ser deficitarias, generando la insostenibilidad del sistema, con un déficit anual de entre 300 y 350 millones de euros en los últimos quince años, tantos como estas competencias regionales han estado en manos del Partido Popular.

Además, el arduo tiempo parlamentario que están sufriendo los populares murcianos tras la pérdida de la mayoría absoluta augura tiempos peores, puesto que están pendientes de debate para su aprobación o rechazo otras tres posibles comisiones de investigación. Una sobre las listas de espera en el SMS; otra sobre la gestión de la televisión autonómica…

Y una tercera, que promete ser la más conflictiva, sobre el caso Novo Carthago, un pretendido intento de urbanizar sobre terrenos protegidos junto al Mar Menor para hacer miles de viviendas y algún campo de golf en el que están judicialmente involucrados la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, el ex presidente regional, Ramón Luis Valcárcel y varios de sus familiares, el sempiterno ex consejero de Agriculutura (1995/2014), Antonio Cerdá, junto al gran promotor urbanístico alicantino Rafael Gadea y toda una pléyade de funcionarios autonómicos y municipales de distinto nivel.