La amnistía lleva semanas en el centro de las negociaciones entre los partidos independentistas, el PSOE y Sumar por la investidura de Pedro Sánchez. Si finalmente se aprueba, esta ley podría eliminar las condenas y cerraría los casos todavía abiertos de al menos cerca de 1.500 personas, según el recuento de Òmnium Cultural.

Quienes tienen mayor visibilidad son los líderes del procés, los políticos de primera línea, pero cientos de personas del independentismo de base también han sido encausadas y, algunas de ellas, condenadas. ¿Cómo cambiaría su vida esta amnistía? ¿Y qué opinión tienen sobre sus efectos políticos?

Hablamos con Marcel Vivet, condenado a año y medio de prisión tras participar en la manifestación Holi contra Jusapol en 2018, y con Eduard Garzón, uno de los miembros de los Comitès de Defensa de la República (CDR) investigado en el marco del Operación Judas y aún pendiente de juicio.

Por lo general, y pese a considerarla un "paso adelante", desconfían de su alcance y les preocupa que pueda provocar una desmovilización aún mayor del movimiento. Alerta Solidària, su defensa, también valora una amnistía que asegura que va a aprovechar pero que teme que se quede corta y no repare el sufrimiento de muchos, especialmente, los que han sido absueltos.

Vivir con menos miedo

Un avance, pero incompleto y con efectos contradictorios sobre el movimiento. Es, a grandes rasgos, lo que opinan los activistas consultados, reacios a poner el foco en la afectación a su vida personal.

Vivet está condenado a año y medio de cárcel, una multa de 600 euros y una indemnización de 1.500 euros a un agente de los Mossos d'Esquadra. Originalmente la condena de prisión era de cinco años, pero el TSJC la rebajó tras estimar parcialmente el recurso que interpuso su defensa.

Además, está inhabilitado para ser elegido como representante público durante tres años. "[Con la amnistía] podría participar políticamente en las elecciones, ahora no puedo. También podría participar en manifestaciones de forma normal, sin miedo", afirma. Actualmente, al ser de menos de dos años y carecer de antecedentes, su pena de prisión está suspendida, pero si en ese tiempo se le condena por alguna otra cuestión, debería entrar. "Viviría con menos miedo", reconoce.

No son mayoría, pero hay varios manifestantes que sí tendrán que entrar en prisión si se acaban desestimando los recursos que ha interpuesto su defensa, actualmente en estudio. Es el caso de Adrián Sas, un joven de Vilafranca del Penedès (Barcelona), o de Dani Gallardo, quien se manifestó en Madrid contra la represión. El primero recibió una condena de tres años y medio de cárcel por golpear a un policía durante las manifestaciones del primer aniversario del 1-O. Gallardo, que cumplió ya más de un año en prisión preventiva, fue condenado por el Supremo a cuatro años. Saber si entrarán en prisión o no está ahora en manos de los tribunales y, en caso de que se apruebe, de la amnistía.

El éxito de la represión

El temor principal es que esta resolución tenga consecuencias políticas negativas en un movimiento muy desmovilizado, en parte, por la propia represión. "Todo beneficio conseguido en la negociación con el Estado puede ser positivo, pero eso no implica que sea una victoria definitiva", considera Vivet.

Con el independentismo desmovilizado y sin unidad entre los partidos, los activistas desconfían de los resultados de la negociación con el Estado. "No estamos en un momento de fuerza para que [la amnistía] sea puesta sobre la mesa para avanzar en otros planteamientos, como el derecho de autodeterminación", señala Martí Mayoral, portavoz de Alerta Solidària. Precisamente esto es lo que planteó el Parlament la semana pasada, con una resolución aprobada con los votos de ERC y Junts que reclamaba que la investidura se supedite a ciertos avances para conseguir un referéndum acordado. Para Vivet, es importante que la amnistía implique estar de nuevo "en la casilla de salida", en lugar de ser un punto y final.

"La represión ha tenido éxito y eso no se puede reparar. No es sólo haber ido a prisión". Habla Eduard Garzón, uno de los 12 acusados en el marco de la Operación Judas, que coincide con la visión de Vivet. Esta operación movilizó a cerca de 500 agentes policiales el 23 de septiembre de 2019, una semana antes de la sentencia del procés.

Garzón pasó tres meses en prisión preventiva, acusado de terrorismo, y finalmente él y los demás acusados fueron puestos en libertad ante la carencia de indicios. Pero la Fiscalía mantiene esa acusación y las condenas podrían ser de al menos 17 años de cárcel. Sin embargo, las irregularidades que alegó la defensa durante la instrucción del caso han hecho que todavía no se haya abierto juicio oral, a la espera de nuevas informaciones y el escrito definitivo de la Fiscalía. No hay fecha. "Estamos hablando de meses, seguramente años, el daño ya está hecho", reconoce Garzón.

El activista explica que intenta hacer vida normal y que, gracias al apoyo del entorno, no siente tanto el impacto del caso. "Ahora una amnistía no me cambiaría mi vida privada ni profesional". Sin embargo, el desenlace de un hipotético juicio es incierto.

El alcance de la amnistía

Por otra parte, el alcance de esta amnistía, que todavía no se sabe, será clave para su evaluación. Alerta Solidària, que se dedica precisamente a defender activistas, adelanta que "se va a quedar corta" porque habrá delitos, como las lesiones a agentes, que quizá no entren. Además, Mayoral vaticina que se quedarán fuera los represaliados de otros movimientos, como el antifascista o el feminista, que se han visto afectados por "la espiral represiva del procés".

"La amnistía que venga, la que sea, la aprovecharemos, como no puede ser de otra forma", aclara el portavoz. Sin embargo, expresa dudas sobre qué ocurrirá si hay más represaliados en el futuro, ya fuera del alcance de esta medida. Por eso Vivet va más allá y apunta que no se trata "sólo de perdonar" sino de cambiar la forma en que actúa el sistema. Que el Estado reconozca que ha cometido "un error" con esta persecución es clave para que no se vuelva a repetir.

¿Una reparación efectiva?

No existe una opinión unánime sobre si la amnistía llevará a una reparación de los represaliados. Mayoral pone el foco sobre la gente absuelta, mayoría en el caso de los independentistas de base juzgados por participar en manifestaciones, a las que la amnistía no implicará ningún cambio. "Han arrastrado durante meses y años un sufrimiento de saberse en peligro de entrar en prisión. No repara nada y llega muy tarde". Además, la amnistía implica que se borren las condenas, pero no el retorno de las indemnizaciones o multas ya pagadas. Alerta Solidària también recuerda que aplicar la amnistía sobre los 45 policías investigados por las cargas durante el 1-O "es contrario al derecho internacional".

"Si se quisiera hacer un proceso de reparación bien hecho, la Policía, que ejerció cargas violentas, mutilaciones y lesiones debería ser investigada con mucha mayor profundidad", sostiene Vivet. Para él, la amnistía sí supondría una reparación si sirve para reconocer que se ha tratado de un proceso represivo "que nunca debería haber existido". Sin embargo, debería comportar también reparaciones económicas y políticas: "La amnistía debe ir ligada a un proceso de autodeterminación. Si no, no hay reparación", concluye.