Las palabras de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, sobre el Tribunal Supremo tras el caso de Alberto Rodríguez han provocado la ira en las filas del Partido Popular (PP). Desde el partido liderado por Pablo Casado han reaccionado con una ofensiva contra la también secretaria general de Podemos y, por extensión, contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Para los populares, son intolerables las críticas o "ataques" a los jueces o la justicia como las realizadas por Belarra. Pero en la historia reciente el PP se ha afanado también en criticar algunas decisiones judiciales, especialmente cuando les ha tocado a ellos ser investigados por casos de corrupción.

Año 2016. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se pronuncia sobre el juez José de la Mata. Un par de días antes, este magistrado de la Audiencia Nacional había dado 10 días al partido para que abonara 1,2 millones de euros como responsable civil subsidiario en el caso de las obras realizadas en su sede nacional, en la madrileña calle de Génova, presuntamente pagadas con dinero de la caja B dentro del caso Bárcenas.

El dirigente del PP quiso recordar que el juez fue director general de Justicia con el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero. Calificó su decisión como "no muy justa", sugiriendo que, en España, "a veces se han utilizado a tribunales con objetivos espurios". "Como nosotros le habíamos criticado tanto cuando era director general, a lo mejor puede que esté un poco afectado por estas críticas del PP y se le haya nublado el juicio. Creo que hubiera sido más deseable que se hubiera inhibido en este caso", añadió.

No fue la única vez que De la Mata estuvo en el centro de la diana de las críticas del PP. En abril del año siguiente, 2017, de nuevo a la carga. Esta vez, incluso con un comunicado del partido y siempre acompañado de las palabras del mismo Hernando. La Audiencia Nacional pedía en esos momentos la comparecencia judicial de Mariano Rajoy, por entonces presidente del Gobierno, por el caso Gürtel. Días atrás se había producido la detención de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid.

El portavoz popular acusó al tribunal de dejarse presionar por intereses políticos del PSOE. "Todo el mundo conoce que lo de ayer (el pronunciamiento de la Audiencia Nacional) tiene que ver con la posición de una asociación de tipo político en los tribunales que lleva actuando de forma espuria", señaló Hernando. Desde el PP mantuvieron los días siguientes las mismas críticas sobre la comparecencia. "Es absolutamente innecesaria, no tiene nada que aportar y es improcedente", dijo también Hernando.

Otro nombre que ha estado en el centro de las críticas de los populares ha sido el del juez José Ricardo de Prada, otro de los instructores de la causa por corrupción que provocaría después la moción de censura contra Rajoy. Precisamente durante ese debate, Hernando dijo del magistrado que "está en sintonía con el mundo proetarra". Un hecho por el que varias asociaciones de jueces pidieron amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Este señalamiento ya había comenzado en 2016 cuando el por entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lo calificó de "indigno" al afirmar el juez que en España se había torturado. El exministro pidió al CPGJ que se tomaran medidas contra él.

La historia del PP con De Prada tuvo también otro momento de interés al pedir su recusación en el caso Gürtel. Tras la sentencia se afanaron en denunciar su imparcialidad. Una recusación que sí consiguió para el caso de 'los papeles de Bárcenas' en 2019, un hecho que sorprendió a algunos miembros de la judicatura.

El nombre de De Prada volvió a ser fruto de titulares a cuenta de la renovación del CGPJ. En noviembre de 2018, el magistrado comparecía en el Congreso para defender sus credenciales como posible vocal del órgano de gobierno de los jueces. De Prada formaba parte del pacto entre PP y PSOE para renovar el órgano. El diputado popular, Carlos Rojas cuestionó delante suyo su independencia y su trayectoria. "Hay muchos juristas de reconocido prestigio con más prestigio que usted. Es bueno para la Justicia que deje de hacer lo que estaba haciendo, que por unos años dejará usted de poner sentencias", le dijo.

El acuerdo, que estuvo a punto de cerrarse un mes después, pero saltó por los aires por la publicación de un mensaje, muy pocos días después de la comparecencia de De Prada, en el que un senador del PP, Ignacio Cosidó, se jactaba de que iban a "controlar" la sala segunda del Tribunal Supremo, "por detrás". El nombre que habían pactado PSOE y PP para presidir el CPGJ, Manuel Marchena, renunció y el pacto se bloqueó. Marchena es el mismo juez que ha protagonizado la sentencia sobre Rodríguez y la carta a Meritxell Batet.

Por su parte, De Prada fue vetado en febrero de 2021 por el PP para un intento de nuevo pacto con los socialistas sobre el CGPJ. La justificación pública en ese caso fue "técnica", ya que "no había elegido por sus compañeros dentro del turno judicial". "He sufrido más ataques como juez desde la política y desde los medios que secundan determinados planteamientos políticos que en los otros casi treinta restantes que llevo trabajando como juez en la Audiencia Nacional. Y no solo yo, también mi familia", afirmaba públicamente De Prada en 2018, en una entrevista en El País tras conocerse la sentencia.

Críticas por "ser favorables a terroristas"

Buceando en la hemeroteca de los últimos años se puede comprobar que no sólo los casos de corrupción del PP han provocado críticas desde sus filas contra los jueces o sus decisiones. En el año 2014, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuestionaba una decisión de la Audiencia Nacional sobre la excarcelación de los presos de ETA Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, y Alberto Plazaola. Más allá fue, de nuevo, Hernando. Según señaló días después, de las palabras de Santamaría, no se entiende que en la Audiencia Nacional haya una sección que "está a favor de aplicar una doctrina judicial de una determinada forma que siempre es favorable a los terroristas". El Tribunal Supremo anuló la excarcelación meses después.

Tampoco parecía conforme con una decisión judicial el exministro de Interior Fernández Díaz. Esta vez, por el "caso Kitchen". Según publicó La Sexta, el dirigente del PP envió un escrito al juez en el que afirmaba que "la conclusión de la fase instructora en este momento resulta precipitada y sorpresiva. El exministro reprochó al juez que acotara la investigación a su entorno, es decir, al Ministerio del Interior, y que no centrara en el foco de la trama.

La sentencia sobre el Procés también generó cierto revuelo interno en las filas de los populares. En este caso, Casado se mantuvo cauto y dijo en todo momento respetar una "sentencia histórica". Pero de puertas para adentro, según publicaron algunos medios en su momento, se pedía más contundencia y críticas. La entonces portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, sí que mostró sus desavenencias públicas con la estrategia de Casado. Dijo mostrarse decepcionada con las penas impuestas y cuestionó la publicación en plena campaña electoral.

La presión del PP hacia la Fiscalía General del Estado, cuando han estado gobernando, también ha sido recurrente. Y más a modo anecdótico, tampoco hay que olvidarse en este repaso de un par de insultos dedicados allá por 2012 al juez Santiago Pedraz. De nuevo, Hernando fue el protagonista. Ocurrió tras el archivo de la causa abierta a varios promotores de la manifestación del 25-S, 'Rodea el Congreso'. Pedraz señalaba que la manifestación estaba justificaba por "la convenida decadencia de la clase política". Hernando dijo de él que se trataba de un "pijo ácrata" y le acusó de "demagogia indecente". Aquella decisión, por cierto, también desató las críticas del PSOE en esos momentos.