La declaración institucional sin preguntas del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para negar cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas ha supuesto un revés en el seno de su propio ejecutivo, ya que ha desautorizado al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox).

Sus palabras pronunciadas este lunes han llegado tras varios cruces de declaraciones a lo largo de estos días, y después de que el Gobierno central hiciera este domingo un requerimiento formal a Mañueco para que "se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)".

A falta de que el consejero de Sanidad del PP de a conocer las iniciativas que finalmente se implantarán, Mañueco ha avanzado que estas medidas "mejoran y modernizan las prestaciones y las actuaciones en la aplicación de la cartera de servicios de atención a la mujer embarazada, no se modifica la cartera de servicios del Estado básica y común para España ni protocolo de Castilla y León", ha explicado.

Más allá de intentar zanjar dicha polémica sobre las medidas antiaborto, como escuchar el latido fetal o una ecografía 4D, tanto Mañueco como otros cargos de Génova han aprovechado para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez y acusarle de utilizar a las mujeres "para hacer oposición" sobre "lo que no se ha hecho ni se hará", criticando nuevamente la ley del solo sí es sí. "Que se centren en modificar su chapuza de ley cuanto antes", ha apuntado el presidente de la Junta.

Rechazo al aborto al margen de la presencia de Vox

En este sentido, tanto el presidente de la Junta como el portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, o la número dos de Feijóo, Cuca Gamarra, han manifestado su apoyo a los derechos de las mujeres frente a las medidas propuestas por Vox para quebrantar uno de los principales logros adquiridos gracias a la lucha feminista, como es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazado.

Sin embargo, las palabras de la secretaria general del PP, por ejemplo, en las que señala que allí donde gobierna su formación los derechos de las mujeres "están plenamente garantizados y protegidos", contrastan con la postura de esta formación con el debate en torno al aborto. Y es que, a pesar de que este asunto suscita divisiones en la formación conservadora y en ocasiones evita pronunciarse, la imagen fija de la oposición del PP contra cualquier iniciativa de este tipo no ha perdido vigencia.

En este sentido, cabe recordar que el PP recurrió en 2010 ante el Tribunal Constitucional la ley del aborto aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, un recurso pendiente de resolverse aún por parte del tribunal de garantías, recientemente renovado con una mayoría progresista. Y aunque este recurso de inconstitucionalidad aguarda desde hace 12 años su resolución, ni Pablo Casado ni Alberto Núñez Feijóo lo han retirado.

El PP de Feijóo también rechazó a mediados de diciembre en el Congreso la nueva modificación de la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad que devuelve a las jóvenes de 16 y 17 años el derecho a interrumpir su embarazo sin tutelas. La ley del aborto, a falta del trámite en el Senado, busca revertir precisamente el cambio introducido por el PP en 2015.

De hecho, esta modificación fue el resultado de la contrarreforma que pretendía llevar a cabo el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón (el Gobierno del PP quería acotar la interrupción del embarazo a los casos de violación o menoscabo de la salud). Finalmente, la lucha del movimiento feminista en las calles impidió tumbar la ley elaborada por la extitular de Igualdad Bibiana Aído, pero no frenó que la derecha estableciera la obligatoriedad del permiso paterno para jóvenes de 16 y 17 años.

Como reclamó durante el trámite de la ley en el Congreso, los populares vetaron también en la Cámara Alta la nueva ley del aborto y registraron casi 80 enmiendas enmiendas parciales pidiendo eliminar la premisa que afecta a las menores de 18 años. Entre sus correcciones destaca además la recuperación del tiempo de reflexión de tres días para las mujeres que acudan a abortar, así como la eliminación del registro de profesionales objetores planteada en la actual reforma.

Votó por error a favor de penalizar el acoso frente a clínicas abortivas

Asimismo, en febrero de 2022, el Congreso dio otro paso importante en materia de libertades para las mujeres que quieren ejercer su derecho al aborto y los profesionales que participan en este proceso al penalizar el hostigamiento frente a clínicas abortivas ejercido por grupos ultracatólicos y de extrema derecha.

Este importante avance contó con el sí del PP en la Cámara Baja, pero por "error" al votar, como así reconoció la formación conservadora. "Ustedes no quieren tipificar el acoso, lo que quieren es restringir mediante una censura previa el derecho de expresión", expresó desde la tribuna la diputada popular María Teresa Angulo Romero para referirse a las acciones emprendidas por estos grupos, que abordan a las mujeres con fotografías, fetos de juguete y proclamas contra el aborto antes de que entren a la clínica con el objetivo de cambiar su decisión a través de coacciones, intimidación y hostigamiento.