El 23J no es un borrón y cuenta nueva de todo lo que existía antes de la jornada electoral. Los problemas de la inflación de los precios de los alimentos y el encarecimiento de las hipotecas (como consecuencia de las políticas de subidas de los tipos de interés) continúan golpeando a las familias y causando una brecha de consecuencias importantes entre la macroeconomía y la situación de la ciudadanía

Se trata de dos elementos que no vienen definidos por la situación de España; es decir, no es un problema doméstico que pueda resolverse de manera estructural y a gran escala con medidas impulsadas por un eventual Gobierno o un Parlamento.

Sin embargo, sí que se pueden desplegar medidas para mermar su impacto y evitar que las familias más vulnerables paguen sus consecuencias, como se hizo con el tope al gas cuando el mercado energético estaba absolutamente descontrolado, una situación que golpeaba de lleno a los ciudadanos a través de la factura de la luz.

La clave reside en que el PSOE y Sumar, las dos formaciones que aspiran a coaligarse en un Gobierno tras recabar los apoyos necesarios en una investidura, no están de acuerdo en cuál debe ser la solución.

El último dato de inflación continuó la tendencia positiva que se ha venido dando durante prácticamente todo 2023, y en julio se situó en el 2,3%, dejando atrás tiempos recientes en los que superaba la temible frontera del 10% a lomos de los estragos económicos de la guerra de Ucrania en Europa.

Sin embargo, la inflación de los alimentos, aunque también se moderó en junio (el último dato conocido), se situó en el 10,3%, y para muchas familias la cesta de la compra sigue suponiendo un problema importante en sus economías. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ya pugnaron por esta cuestión al final de la pasada legislatura.

La cesta de la compra de Díaz

A la vuelta de las vacaciones del verano de 2022, la vicepresidenta segunda propuso pactar con las grandes distribuidoras de la alimentación una cesta de la compra rebajada, que alternara productos y que fuera apta para personas celiacas.

Sin embargo, el PSOE no respaldó esta iniciativa, y aunque Díaz se reunión con algunas de estas grandes superficies, la división en el Gobierno impidió que se desplegara. Los socialistas optaron por rebajar el IVA en algunos productos a través de las prórrogas de los decretos anticrisis hasta que se moderaran lo suficiente los precios, pero ese escenario todavía parece lejano y esta rebaja impositiva no parece haber frenado la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

El problema de las hipotecas se revela, si cabe, más acuciante. El euríbor (índice respecto al que se calculan las cuotas mensuales de los hipotecados a tipo variable) ha cerrado el mes de julio en el 4,15%, una cifra que no se veía desde 2008. De hecho, en los últimos dos años ha protagonizado la mayor escalada de su historia, encareciendo las cuotas hipotecarias por encima de los 1.200 euros anuales (incluso en 200 y 400 euros mensuales, en función de las condiciones de cada contrato).

El Banco Central Europeo ha optado por una política de subida de los tipos de interés para endurecer las condiciones de financiación de los distintos países con el objetivo de contener la inflación. Sin embargo, la inflación general en España ha dejado de ser un problema económico y se mantiene en cifras muy bajas si se compara con las que presentan países como Alemania. 

Por sus condiciones, el mercado hipotecario español es muy vulnerable a estas subidas, por lo que, a pesar de tener una de las inflaciones más bajas, España es uno de los países más afectados por las política de subida de interés del BCE (hasta nueve consecutivas en apenas dos años).

Bono de 1.000 euros y portabilidad hipotecaria

A finales de 2022, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, pactó con las entidades financieras una serie de medidas con el objetivo de "aliviar" la carga hipotecaria de las familias y lo aprobó en Consejo de Ministros.

Este pacto pasa por ampliar el denominado Código de Buenas Prácticas de la banca para, entre otras medidas, dar opción a reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de 5 años (euríbor menos 0,1% frente al euríbor más 0,25% actual). Desde su despliegue, Unidas Podemos y Díaz criticaron que esta medida era insuficiente y después de casi un año en vigor en Sumar se reafirman en este punto.

Es por esto que en la negociación con Sánchez para conformar un Gobierno de coalición, la dirigente gallega y su equipo exigirán medidas para paliar estas dos brechas económicas. En el primer caso, el programa de Sumar recoge la propuesta de la cesta de la compra pactada con las grandes distribuidoras y, en caso de rechazar una solución pactada, se recoge la posibilidad de intervenir los precios, una fórmula que ampara la legislación vigente.

En el caso de las hipotecas, Sumar propone dos medidas, una más urgente y otra con un carácter estructural. La primera es un bono de emergencia de 1.000 euros por hogar para un millón de familias con el objetivo de sufragar parte del aumento de la hipoteca contratada a tipo variable. El bono beneficiará a los hogares que se hipotecaron bajo esta fórmula en los últimos 10 años por un importe de hasta 250.000 euros y precio de compra de hasta 300.000 euros y estaría financiado por el impuesto a la banca.

La segunda es el establecimiento de forma obligatoria de la portabilidad de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo. La medida seguiría la estela de la portabilidad telefónica y obligaría a las entidades a publicar sus ofertas de crédito hipotecario junto a los perfiles asociados para que cada cliente pueda decidir saltar al que se ajuste mejor a sus características y posibilidades.

Sin embargo, también en este asunto existe una discrepancia entre el PSOE y Sumar que Sánchez y Díaz deberán resolver si quieren poner en marcha una nueva legislatura gobernada por su coalición progresista.