Un acuerdo de la cúpula de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) logrado por la mínima; un real decreto que generaba un rechazo transversal; una negociación in extremis con una posición negociadora muy poco elástica, según fuerzas de todos los colores políticos, y una derrota parlamentaria sin paliativos para el Gobierno. Todo en poco más de un mes.

Con estos precedentes, el Ministerio de Hacienda y la FEMP deben desandar buena parte del camino ya transitado, y sellar un nuevo acuerdo para que las corporaciones locales puedan gastar parte de su superávit en las tareas de reconstrucción económica y social tras la pandemia del coronavirus.

Tras el varapalo en el Congreso de los Diputados, el jueves, el presidente del ente que agrupa a los más de 8.000 alcaldes y alcaldesas, Abel Caballero, convocó una reunión de su Junta de Portavoces para el próximo lunes, con el objetivo de "buscar soluciones". El también alcalde de Vigo ha puesto en juego todo su capital político para defender este acuerdo, y ha criticado la actuación de las fuerzas que han votado en contra en la Cámara Baja -todas menos el PSOE y Unidas Podemos-.

Distintas fuerzas consultadas por Público ya han confirmado su intención de repetir y concretar en este marco sus propuestas sobre cómo disponer de estos remanentes -entre otras, que el acceso a los fondos no esté condicionado a  que presten sus remanentes al Gobierno-, sin dejar de criticar la escasa voluntad negociadora de la ministra de Hacienda,

El jueves, después de defender el decreto en la tribuna del Congreso, y cuando ya se daba por hecho que no sería convalidado, Montero advirtió de que todos los grupos políticos deberían asumir la responsabilidad de no haber sido capaces de encontrar una salida a esta encrucijada, y afirmó que no habría una  "segunda oportunidad".

Sin embargo, el mismo viernes, el presidente extremeño y presidente del Consejo de Política Federal del PSOE, Guillermo Fernández Vara, afirmó que el Ejecutivo estudia una alternativa que no requiera de la tramitación de un nuevo real decreto, y esto podría pasar por introducir aspectos del futurible acuerdo con los municipios en la ley de Presupuestos para 2021, o incluso en otra norma. Hacienda, hasta la fecha, no cierra ninguna puerta. 

La pelota está ahora en el tejado de los ayuntamientos, que deben superar el desgaste y las fricciones asociados a la tramitación del primer decreto en las próximas jornadas. Y la mera concreción de la respuesta de Hacienda, que aclare si habrá o no un nuevo real decreto, ya se antoja un posible foco de tensión.

Sin ir más lejos, en Unidas Podemos consideran inviable vincular a los Presupuestos el desbloqueo de los 5.000 millones de superávit -y del resto de medidas acordadas con el PSOE para garantizar el apoyo de los de Pablo Iglesias al real decreto, apenas 24 horas antes-. "Llevará varios meses que los Presupuestos entren en vigor", apuntan. El jueves, en un discurso muy calibrado, el secretario general del grupo parlamentario Unidas Podemos, Txema Guijarro, admitió que esta cuestión ha "tensado las costuras" de la coalición. 

De hecho, fue la alcaldesa de Barcelona y líder de los Comunes -dentro del grupo Unidas Podemos-, Ada Colau, quien advirtió a Montero de que el decreto se estrellaría, y quien primero respondió a su advertencia de que no habría "una segunda oportunidad". "Quien tiene responsabilidades de gobierno nunca puede decir que no habrá una segunda oportunidad", afirmó Colau.

Añadió que existe una "mayoría amplia" para crear un nuevo fondo que no esté condicionado a que los consistorios presten sus remanentes al Gobierno - el aspecto más criticado del plan de Hacienda-, y para "cambiar leyes que asfixian a los municipos".

La ley Montoro, el elefante en la habitación

En su intervención del jueves, Montero defendió la actuación del Ejecutivo, presumió de su voluntad negociadora, y afeó al PP -que ha avivado la rebelión de los alcaldes- que se sirva de esta cuestión para desgastar al Gobierno. También puso el foco sobre la ley Montoro (Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera), el corsé financiero para los ayuntamientos, que además fue aprobada por el último Gobierno del Partido Popular, la formación que hoy acusa a la ministra de querer "hurtar" a los ayuntamientos sus remanentes.

De hecho, Montero cargó contra el PP por haber impulsado la ley Montoro, pero evitó aclarar cómo y cuándo quieren derogar esta norma. Además de estar en el programa de coalición de PSOE y Unidas Podemos, es una de las grandes apuestas de los de Iglesias, y nunca han perdido la ocasión de reivindicar su cumplimiento.

"Los compromisos que contiene el Acuerdo de Coalición del actual Gobierno -entre ellos la derogación de la ‘ley Montoro’ y una profunda reforma de la financiación local", "siguen vigentes", recuerdan desde el grupo municipalista IU-Podemos-Comuns en una nota de prensa remitida el jueves.

De momento, y como hiciera Guijarro en su discurso en tribuna, el espacio confederal diluye las críticas al PSOE aderezándolas con otros reproches al PP -"Piensa siempre en sus intereses partidistas"; "utiliza a los ayuntamientos para crispar"-, si bien algunos dirigentes critican abiertamente la actuación de Montero. Las costuras, reconocen, han llegado a estar más que "tensas".