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Tres claves para que la nueva ley anticorrupción no se convierta en "una encerrona" para denunciantes

La Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes entra en la recta final de su tramitación y podría llegar al Pleno a finales de enero: el anonimato, que no proteja solo a funcionarios y la independencia del regulador, aspectos sin los que el texto podría dejar en nada la capacidad de las instituciones para defenderse de los corruptos

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Agentes de la Guardia Civil vigilan en la entrada de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. EFE/Víctor Lerena

Todos los partidos cargan contra la corrupción, pero la ley que debe adecuar los mecanismos de la democracia para protegerse de ella lleva empantanada 18 meses. Una repetición de elecciones y el monopolio que el procés soberanista catalán ha ejercido sobre las Cortes han impuesto repetidas prórrogas en la tramitación de la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que, esta vez sí, encara ya la recta final de su paso por el Congreso.

España es uno de los únicos cinco países de toda la OCDE que no protege a alertadores de corrupción

El período de presentación de enmiendas a la propuesta de ley que presentó Ciudadanos (muy criticado por diversas organizaciones de apoyo a los denunciantes de corrupción) finalizó el pasado martes sin que ningún grupo solicitara nuevos aplazamientos. Ahora empieza el proceso de ponencias en el que cada partido defenderá las enmiendas que ha hecho al articulado, con el objetivo de lograr el mayor consenso posible de cara a su votación en el Pleno del Congreso, lo que podría ocurrir entre finales de enero o principios de febrero.

Uno de los aspectos más importantes en la futura ley anticorrupción es precisamente la protección de los denunciantes. España es uno de los cuatro países entre los 35 de la OCDE que no contempla mecanismos especiales para defender a sus alertadores ni con una ley especial ni mediante el articulado de otras leyes. Varios peligros presentes en la propuesta de Ciudadanos hacen que la ley que pretende blindar a las instituciones contra la corrupción pueda convertirse "en una encerrona para los denunciantes", avisa Pedro Arancón presidente de la organización que más ha defendido la necesidad de una ley de este estilo, la Plataforma por la Honestidad. 

El presidente del órgano supervisor

El texto de Ciudadanos contempla que un organismo independiente del Gobierno se encargue de recibir las denuncias de corrupción, investigarlas y llevarlas ante la justicia, mientras protege a los alertadores. Se trata de la Autoridad Independiente de Integridad Pública, pero la redacción de los de Albert Rivera fue tan vaga que básicamente proponía que este órgano tuviera la potestad de investigar a cualquier persona sin mandato judicial. "Vuelve la Stasi", ironizó Simona Levi, activista de otra de las ornganizadores que ofrecen a apoyo a los denunciantes, Xnet, en una protesta frente al Congreso que apoyaron diputados de Unidos Podemos, Compromís y EH Bildu.

La redacción inicial de C's fue tan vaga que proponía que el regulador independiente pueda investigar a cualquiera sin mandato judicial

Las capacidades de este organismo serán uno de los principales puntos de negociación, puesto que todos los grupos coinciden en la necesidad de que un ente independiente supervise la lucha contra la corrupción en las instituciones. El objetivo es que esta autoridad pueda evitar que una denuncia quede taponada por la complicidad de sus responsables con los corruptos.

Otro punto espinoso sobre esta Autoridad Independiente será la manera de nombrar a su presidente. "Es algo muy sensible. Nosotros creemos, y así lo expusimos en las reuniones que mantuvimos con los diputados de la comisión Constitucional, que el presidente debería ser elegido por el Pleno del Congreso entre los candidatos propuestos por la sociedad civil, por las asociaciones anticorrupción", revela Arancón. Será uno de los puntos que cree más fricción, ya que Ciudadanos se opone a ello. 

Se entiende que el PP comparte la postura de Ciudadanos, aunque no está muy claro: desdeña escuchar a los que mejor pueden explicar a sus diputados lo que supone denunciar la corrupción. "Se han negado a reunirse con nosotros", lamenta el presidente de la Plataforma por la Honestidad, que agrupa a varios alertadores. Muchos de ellos han destapado tramas del PP, como Ana Garrido, que llevó a los tribunales la rama de Gürtel en el Ayuntamiento de Bohadilla del Monte (Madrid).

Anonimato

El caso de Garrido es paradigmático. Tras sus denuncias sufrió acoso laboral por parte del Ayuntamiento y depresión, lo que la llevó a dejar su puesto, quedar en paro y perder su vivienda. Años después el Tribunal Supremo ha confirmado la condena contra Bohadilla del Monte por haberla maltratado, pero su vida ha quedado marcada por su decisión de no tolerar la actividad de los corruptos. El anonimato, si el denunciante desea mantenerlo, es un aspecto fundamental para lograr que su protección sea efectiva.

El proyecto de ley anticorrupción de los naranjas no permite que las denuncias efectuadas ante la Autoridad Independiente de Integridad Pública sean anónimas. La oposición en bloque apoya dar la posibilidad a los denunciantes de hacer denuncias anónimas, pero Ciudadanos no quiere ceder. El PP, por su parte, prefiere tener a todo el mundo fichado y quiere acabar con el anonimato hasta en las redes sociales.

Todos cubiertos

En un principio, el texto de Ciudadanos abogaba por proteger tan solo a los funcionarios que decidieran denunciar corrupción. Este aspecto fue uno de los más criticados y parece que habrá una mayoría a favor de aceptar las enmiendas que extiendan la capacidad de la Autoridad Independiente para proteger a cualquier ciudadano que denuncie, trabaje para la administración del Estado o no, y que Ciudadanos aceptará este punto.

Alertadores como Roberto Macías (fraude de las facturas falsas en UGT) o Azahara Peralta (malversación en la empresa pública Acuamed), que forman parte de la Plataforma por la Honestidad, no eran funcionarios y habrían quedado desprotegidos cuando efectuaron sus denuncias en caso de que la ley hubiera estado en marcha tal y como la propuso Ciudadanos en un primer momento.

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