El Tribunal Constitucional (TC) ha adelantado la parte dispositiva del auto por el que suspende cautelarmente la tramitación en el Senado de las reformas que afectan al tribunal de garantías. En un comunicado enviado pasadas las once y media de la noche de este lunes, El TC indica que la cuestión planteada en el recurso de amparo del PP tiene "especial trascendencia constitucional" al estimar que el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de "relevante y general repercusión social", que, además, tiene "unas consecuencias políticas generales".

Igualmente indica que "la vulneración de derechos fundamentales alegada no carece prima facie [a primera vista] de verosimilitud", a tenor de la relación de homogeneidad que "ha de existir entre las enmiendas y la iniciativa legislativa que se pretende modificar".

El tribunal ha estimado la solicitud de medidas cautelarísimas formulada por los recurrentes en amparo y, "en consecuencia, ha acordado suspender cautelarmente, conforme al art. 56.6 LOTC, la tramitación parlamentaria de los preceptos que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)". 

En el auto admite la personación de los parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos que lo habían solicitado, pero advierte de que "carecen en este momento procesal de legitimación para instar la recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional, por no estar constituida la relación jurídico-procesal, sin que ello comporte la vulneración del derecho al juez imparcial que garantiza el art. 24.2 CE. En consecuencia, procede inadmitir a trámite las recusaciones planteadas".

El tribunal de garantías ordena abrir pieza separada y conceder un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y demás partes personadas para que efectúen alegaciones respecto al mantenimiento de la medida cautelar de suspensión acordada. 

También requiere "con carácter urgente al Congreso de los Diputados, por conducto de su presidenta, para que, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, en plazo que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones". Insta a Maritxell Batet, presidenta del Congreso, para que "comparezca en este proceso constitucional por plazo de diez días, en calidad de parte demandada en el procedimiento".