La Subdelegación del Gobierno en València ha archivado el expediente incoado por la Policía a una mujer en situación irregular que acudió a la comisaría de Russafa para denunciar el robo de su pasaporte.

El caso había sido denunciado por la organización València Acull (València Acoge), que lleva años denunciando la indefensión de las personas migrantes sin permiso de residencia a la hora de realizar trámites necesarios en las comisarías valencianas.

La mujer, A. R., intentó denunciar el robo de su documentación el pasado 26 de julio en un juzgado de guardia ante el temor a ser sancionada si acudía a la Policía. Sin embargo, el juzgado no registró la denuncia y la derivó a la comisaría.

Allí pudo formalizar la denuncia del robo del pasaporte, pero también recibió una citación para comparecer el 28 de septiembre ante la Brigada de Extranjería "al objeto de notificarle la incoación del correspondiente expediente sancionador".

La multa por estancia irregular en España oscila entre los 501 y los 10.000 euros, y también puede derivar en la apertura de una expediente de expulsión del país. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en València han confirmado que la citación y la posible sanción han sido archivadas.

Desde València Acull celebran esta decisión del Gobierno, que suele actuar de esta forma ante casos similares, aunque el Ministerio del Interior se ha negado a dar instrucciones a las comisarías para evitar estos casos de indefensión de las personas en situación irregular.

La mujer había presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, que lleva pidiendo el cese de estas prácticas policiales desde hace casi dos décadas. El organismo considera que se pone la Ley de Extranjería por encima del estatuto de las víctimas de un delito, que tiene rango de ley. Además apunta que es un factor disuasorio para la interposición de denuncias.

El caso de A. R. había sido criticado por Enrique Santiago y Nahuel González, diputados de Izquierda Unida integrados en Sumar, que el jueves registraron varias preguntas parlamentarias para que el Gobierno dé explicaciones por escrito sobre estas actuaciones policiales.

Las comisarías del País Valencià han abierto expedientes sancionadores o de expulsión no solo contra personas indocumentadas que van interponer denuncias. También lo han hecho contra madres en situación irregular que acudían a comisaría para expedir el DNI de sus hijos recién nacidos, con nacionalidad española.