El de este jueves podría ser el último pleno del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si prosperan las negociaciones que están llevando a cabo Gobierno y Partido Popular para renovar este órgano judicial, que lleva ya más de dos años ejerciendo en funciones. Sobre la mesa del pleno estarán finalmente los nombramientos de ocho altos cargos y la aprobación de un durísimo documento elaborado por el órgano del Gobierno de los jueces contra la ley estrella del Ministerio de Igualdad. Se trata de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del solo sí es sí.

El CGPJ ya hizo público en dos ocasiones sus críticas al anteproyecto de ley que ha presentado el Gobierno. La primera vez fue en diciembre del año pasado, cuando los tres vocales encargados de analizar el texto (dos considerados del ala progresista y otro conservador) filtraron a los medios de comunicación sus objeciones hacia puntos claves de la ley. La segunda ocasión fue a principios de este mes de febrero, cuando el CGPJ emitió una nota de prensa oficial con motivo del cierre del informe de los vocales y su traslado al resto de compañeros que este jueves deberán votar el documento en el pleno. En este proceso, es posible que los miembros del pleno hayan introducido sus propios comentarios hacia la futura norma.

Unas críticas que contrastan con el paso de la ley por otros órganos consultivos como el Consejo Fiscal, de mayoría conservadora, donde el anteproyecto se aprobó con un visto bueno por unanimidad. Si bien los dictámenes de estos órganos no son vinculantes, sí será relevante, por tratarse de una de las leyes clave del Gobierno y que el Ministerio de Igualdad se había propuesto impulsar de forma urgente.

Desde su nacimiento, este texto ha estado envuelto en polémicas. Su fecha de presentación al Consejo de Ministros supuso la primera crisis entre los socios de Gobierno. Desde Unidas Podemos (Ministerio de Igualdad) entendían a principios de febrero de 2020 que el texto estaba listo para la primera aprobación por el Ejecutivo, mientras que el Ministerio de Justicia (PSOE) consideraba que el texto debía ser mejorado.

El texto finalmente fue aprobado por el Consejo de Ministros el tres de marzo del año pasado, justo antes de la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Desde entonces ha sufrido diversos retrasos y dilaciones que han provocado que un año después de la luz verde del Gobierno aún siga empantanado en trámites y debate público. Cuando estamos a punto de celebrar el 8M de 2021, la ley aún no ha podido volver al Consejo de Ministros para su aprobación y e iniciar el largo trámite parlamentario.

A este retraso no ha sido ajeno el CGPJ, que tiene el borrador en su poder desde el pasado 24 de octubre y que ha excedido con creces el plazo de revisión. En diciembre pasado los ponentes encargados de elaborar el informe afirmaron que en los primeros días de enero de este año tendrían listo el documento con sus recomendaciones, pero éste no ha sido enviado a los ponentes del pleno hasta el mes de febrero y se espera que sea aprobado este jueves. Si no hay más retrasos, el documento se hará público y continuará su andadura hacia el Consejo de Estado, que también debe emitir su parecer. 

Duras críticas del CGPJ

Entre las principales críticas del CGPJ al anteproyecto figura la inclusión de la definición sobre cómo debe entenderse el consentimiento. Según el texto aprobado por el Gobierno, "se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto". Para el CGPJ el problema no es "conceptual", sino de prueba y afirman que de esta forma "se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia". Afirman también que con esta definición no evitará la "victimización secundaria" en los interrogatorios judiciales, puesto que estos girarán en torno a la forma en la que la víctima ha dado o no dicho consentimiento.

Otro punto de fricción es la eliminación del supuesto de abuso sexual de la nueva ley. El Código Penal aún distingue entre los delitos sexuales que se han cometido con el uso de la violencia y la intimidación (agresiones sexuales) y aquellos que para cometernos no necesitan de ese violencia (abuso sexual). Por lo tanto la interpretación del delito está íntimamente ligado a la capacidad de la víctima de resistirse a dicha agresión. Este fue el caso de La Manada de Pamplona, en la que la víctima debía probar si se había resistido o si los cinco agresores no habían necesitado forzarla o intimidarla. Las protestas por la sentencia, que calificó los hechos como abusos, encendió la mecha de masivas protestas que impulsaron el cambio de la ley que debate el órgano de gobierno de los jueces.

Según en informe elaborado por el CGPJ la eliminación del abuso sexual del artículo 178 del Código Penal y la creación de una categoría única bajo el epígrafe de agresión sexual, "puede tener un efecto de desprotección de las víctimas pues para el autor del delito no tendrá mayores consecuencias emplear un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor".

Otra de las críticas en las que abunda el informe del CGPJ tiene que ver con el tipo de juzgados que dirimirán estos delitos. El anteproyecto contempla la especialización de órganos judiciales, pero "no queda claro si esa futura especialización prevé la creación de órganos jurisdiccionales específicos que abordarían de forma exclusiva y excluyente los delitos de violencia sexual o si se opta por una revisión de las competencias actuales de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer", afirman los ponentes del CGPJ.

Por último, critican que el texto del Gobierno tenga un carácter de ley orgánica "parcial" debido a la cantidad y entidad de las leyes que debe modificar, y afirman "ni la regulación del objeto y finalidad de la ley ni su ámbito de aplicación constituyen per se materia competencia de ley orgánica; y tampoco son propios de su ámbito competencial los principios rectores que animan e inspiran la regulación proyectada".

"Si el CGPJ se opone, haremos como en 2004: legislar"

Fuentes del Ministerio de Igualdad criticaron el hecho de que "los medios de comunicación conozcan antes la propuesta de ponencia que se va a debatir que el mismo Gobierno, que ha propuesto el proyecto".

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, criticó al CGPJ por su retraso en la elaboración del informe y afirmó su deseo de que éste órgano no obstaculice la aprobación de la ley. "Históricamente el CGPJ no ha estado nunca a la vanguardia de los derechos de las personas más vulnerables. Se opuso al matrimonio igualitario, al aborto, llegó a comparar el matrimonio igualitario con la zoofilia, pero creo que esta institución ha evolucionado conforme a la sociedad a la que sirve", afirmó en sus redes sociales.

Por su parte la ministra de Igualdad, Irene Montero, criticó este lunes que el CGPJ tuviera un retraso de más de tres meses en emitir su informe y afirmó que si se opone "a que nuestro Código Penal ponga el consentimiento en el centro", como pide el Convenio de Esatmbul, "y vuelve a hacer como en 2004 con la ley contra la violencia de género, este Gobierno hará lo mismo que en 2004: legislar para garantizar que erradicamos todas las violencias contra las mujeres por el hecho de ser mujeres".