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Educación pública Andalucía frena el efecto llamada del 'todo gratis' en sus matrículas universitarias

El Gobierno de Susana Díaz prevé que los buenos alumnos de otras comunidades trasladen sus expedientes, pero exigirá un mínimo de dos años matriculados aquí antes de poder beneficiarse del 99% de bonificación

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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante su comparecencia en el pleno del Parlamento autonómico para informar sobre la situación política de la comunidad.EFE/Jose Manuel Vidal.

El Gobierno de Susana Díaz exigirá a los alumnos de otras comunidades autónomas que estén inscritos un mínimo de dos años en universidades andaluzas para poder beneficiarse de la gratuidad en la matriculación a partir del segundo curso. Andalucía será la única región que implantará, a partir del curso que viene, una bonificación del 99% del precio de la matrícula para todo aquel que haya aprobado el curso anterior. La medida no afectará a los alumnos de nuevo ingreso, pero a partir del segundo año académico, el estudiante que lo haya aprobado todo el curso anterior, sólo pagará una cantidad simbólica por matricularse de todo el curso siguiente (1,2 euros). El que haya aprobado sólo una parte (por ejemplo 40 de los 60 créditos mínimos) se ahorrará lo que le cueste esa parte de aprobados.

Andalucía no tiene competencias para implantar la universidad gratuita de forma generalizada y ha optado por este “atajo legal” que le permitirá reducir hasta un 75% el coste de una carrera (la matriculación de todos los cursos de un Grado o un master universitario, menos el primero).

Al tratarse de una medida pionera en España, el Ejecutivo de Díaz va a introducir algunos mecanismos de corrección para evitar, por ejemplo, que alumnos ya matriculados en universidades de otras comunidades (sobre todo en academias privadas) trasladen su expediente a Andalucía para convalidar sus aprobados y ahorrarse sus matrículas. En teoría podrían hacerlo, tal y como estaba pensada la propuesta en fase de borrador. A la Junta no le preocupa que su propuesta provoque un efecto llamada, porque eso lleva aparejado que “quienes vengan de fuera serán los buenos estudiantes”. “Si con esto atraemos a buenos alumnos, mejor”, dicen, aunque no prevén traslados masivos porque “el principal coste de estudiar en la Universidad no está en la matriculación, sino en el resto de gastos”. Aun así, la Junta tendrá que regular esa posibilidad que abre la norma andaluza y llegar a acuerdos con las universidades de fuera que envían a estudiantes a Andalucía.

“Cambiar por completo de modelo social, equiparando los estudios universitarios a otros derechos fundamentales"

Los alumnos de otras regiones no podrán beneficiarse de las bonificaciones el primer año que se matriculen en Andalucía, sino a partir del segundo, usando las notas que hayan obtenido dentro del sistema universitario andaluz. “El compromiso que pediremos a los estudiantes de fuera es el mismo que a los nuestros: un año de aprobados aquí antes de acceder a la gratuidad”, explican fuentes de la Consejería de Economía. Habrá una excepción para aquellos alumnos que obtengan una beca de movilidad (Séneca) para estudiar un curso en una universidad fuera de su comunidad. En este caso sí podrán usar las notas de su universidad de origen para beneficiarse de la bonificación en Andalucía.

La propuesta que Susana Díaz anunció (sin éxito) en mitad de las primarias del PSOE, y que más adelante impulsó desde su Gobierno está revolucionando el debate universitario por dentro: profesores, rectores, alumnos… Hay varias comunidades gobernadas por el PSOE, pero también por el PP, que han llamado a la Consejería de Economía para interesarse por la medida, según fuentes del departamento, que no han querido precisar cuáles. Sobre todo plantean estas preguntas: ¿Cuánto os va a costar esto? ¿Qué os ha dicho Hacienda? ¿Y quién lo paga?

La Junta dice que comunicó la medida a los rectores en febrero -desmiente que sea una propuesta improvisada por Susana Díaz en la campaña de las primarias del PSOE-, aún así algunos rectores mostraron cierta inquietud al escuchar el anuncio (la Junta arrastra una deuda de 228 millones de euros con las diez universidades andaluzas). Pero aquí será el Gobierno de Díaz, y no las universidades, quien asuma íntegramente el coste de las matrículas gratuitas, pero tampoco le va a suponer una inversión descabellada. Unos 30 millones de euros este mismo año para implantar la medida en septiembre. La cifra es una estimación al alza, calculando a partir del número de universitarios andaluces que el año pasado aprobó los 60 créditos de un curso completo.

La medida es barata y el truco está en este dato: las universidades se financian por dos vías, a través de transferencias directas que les inyecta la Administración y a través del coste de las matrículas, que pagan los alumnos. En todas las comunidades, la primera vía de financiación es ostensiblemente mayor que la segunda, pero los porcentajes varían bastante. En Andalucía, los ingresos que las universidades reciben por las matrículas que pagan los alumnos representan sólo un 16% de su financiación, el resto lo aporta la Junta.

Ese 16% es un gasto extra que el Gobierno de Susana Díaz se puede permitir, un gasto superfluo si de lo que se trata es de “cambiar por completo de modelo social y de paradigma, equiparando los estudios universitarios a otros derechos fundamentales”, como la educación gratuita hasta Secundaria o la sanidad pública. Andalucía no prescinde de las becas de estudios en función de la renta, pero abre otro debate: el coste de las matrículas no debe modularse en función de los ingresos, “porque eso las equipara a un impuesto, cuando en realidad deben ser un derecho fundamental”, como ocurre en Alemania, por ejemplo.

Otras comunidades interesadas

Hay otras comunidades interesadas, pero no en todas costaría tan barato como aquí. En Cataluña, por ejemplo, la implantación de esta medida sería más costosa, porque allí las matrículas son más caras que en Andalucía y porque el coste de las mismas por parte de los estudiantes representan el 33% del dinero con el que se financian las universidades, casi el triple que aquí (el coste promedio de un curso universitario en Cataluña supera los 2.000 euros, mientras que en Andalucía todas las especialidades cuestan lo mismo: 757 euros). España es el cuarto país europeo con los precios públicos más elevados, por detrás de Reino Unido, Irlanda y Holanda. Con la crisis, el Gobierno de Mariano Rajoy abrió la horquilla del coste de las tasas universitarias, y todas las comunidades las subieron: Galicia la que menos, Cataluña la que más. En Andalucía es la segunda más barata. Después de Cataluña, es la región donde las familias hacen un mayor esfuerzo sobre la renta per cápita.

Esta medida no invalida el sistema de becas del Ministerio de Educación para los universitarios, al contrario, dice la Junta que es un colchón de seguridad para aquellos que pierdan la ayuda. Actualmente, el 40% de los estudiantes que entra en la Universidad lo hace con beca, unos 60.000 alumnos, de los cuales en torno a 5.000 la pierden el primer año. Pasan de no pagar nada a pagarlo todo. Ahora, en cambio, podrán acogerse a las bonificaciones del 99% de aquellas asignaturas que hayan aprobado, y pagarán sólo por las materias suspensas.

La Junta niega el “mito” de que en España “sobran universitarios”

Andalucía tiene diez universidades públicas y 250.000 estudiantes. Cada año oferta unas 50.000 plazas y recibe en torno a 70.000 solicitudes, aunque este desequilibrio entre oferta y demanda es engañoso. No es así en todas las provincias ni en todas las especialidades, sigue habiendo muchas carreras con sobredemanda y otras con muy pocos alumnos por aula.

En los últimos años de crisis, el porcentaje de alumnos que llegaba a las universidades ha ido disminuyendo, mientras se disparaba vertiginosamente el número de solicitudes en ciclos de Formación Profesional de grado medio y superior. Andalucía deja fuera cada año a más de 40.000 demandantes de estudios de FP porque la sobredemanda ha rebasado con creces la oferta de plazas real. La Junta no cuenta con infraestructuras ni personal ni oferta suficiente para dar cabida a tal aluvión de demandantes, un déficit que ha sido denunciado reiteradamente por la comunidad educativa y por los grupos de la oposición en el Parlamento.

En las universidades, en cambio, ocurre al revés. La Junta niega el “mito” de que en España “sobran universitarios”. Los estudiantes de grado caen (-1,14%) y los de máster no deja de crecer (181,94%) desde 2008, según datos de la Conferencia de Rectores de España del curso 2014/15. Las universidades públicas pierden un 9,24% de alumnos de ciclo y grado, mientras las privadas aumentan un 16,2%. Andalucía está ligeramente por debajo de la media de alumnos que acceen a la universidad con un 7,5 o superior (53,14% frente al 57,35%). País Vasco lidera el ranking con un 72,89%. Granada es la novena universidad española en atraer a los estudiantes con mejores notas (la primera es la Carlos III, de Madrid).

Susana Díaz se ha adelantado al resto de comunidades al tocar el complejo asunto de la financiación de los derechos ciudadanos: ¿qué pagamos, cómo lo pagamos, pagamos igual en todas partes? Es un debate estructural que va más allá de la universidad y que saldrá cuando el Gobierno central convoque a las comunidades para debatir la reforma del modelo de financiación autonómica. La presidenta andaluza pide amortización fiscal, aunque ahora aprobará una norma que diferencia a su territorio del resto, haciendo gratuito aquí lo que en otras regiones se paga más o menos. “No es competencia desleal”, dicen, “nuestra idea es abrir camino para igualar a todos a la baja en el acceso a los derechos fundamentales. Y la universidad debe serlo”.