La ocupación es una de las bazas electorales de la derecha y la extrema derecha en casi cualquier campaña y objeto de promesas y medidas contundentes, aunque año tras año queda claro que se trata de un problema residual, magnificado en determinados momentos por los medios de comunicación.

Madrid es un buen ejemplo de la sobredimensión de este tipo de delitos en el discurso político y mediático. La Fiscalía de la Comunidad de Madrid asegura en su memoria de 2022 que el número de procedimientos incoados por ocupación ha descendido un 7,93%, "un muy positivo descenso de esta actividad ilícita".

En concreto, la Fiscalía regional recuerda que la ocupación de bienes inmuebles está castigada por dos tipos penales: el allanamiento de morada y la usurpación pacífica de bienes inmuebles (este último, un delito leve). Según expone, en las guardias de la capital se incoaron 58 procedimientos por alguno de estos delitos el pasado año. Hubo 82 detenidos en total. En 2021 hubo un total de 63 procedimientos incoados durante la guardia por esos delitos.

En el caso del allanamiento de morada, la detención y desalojo de los ocupantes se realiza normalmente de forma rápida, ya que se está allanando el domicilio principal de una persona. En menos de 24 horas la Policía procede al desalojo y la detención del responsable. La pena de prisión por allanamiento de morada va de seis meses a dos años, mientras que si se ejecuta con violencia o intimidación, la condena será de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

La usurpación de viviendas está más asociada a inmuebles vacíos propiedad de bancos o grandes tenedores de vivienda. Es un delito leve y el proceso de desalojo puede alargarse durante meses.

En 2022, los procedimientos incoados por usurpaciones, enmarcadas en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, no llegaron a 550. Fueron en total 544 en 2022, de las cuales solo nueve eran procedimientos urgentes y el resto (535) eran previos. Supone un descenso del 5,5% respecto a 2021. Las cifras son similares a las de 2020 (609) y a las de 2019 (586), años marcados por la pandemia y las dificultades económicas de miles de familias.

El número de delitos o procedimientos incoados por ocupación de viviendas es sensiblemente poco relevante en una comunidad con más de 6,6 millones de habitantes.