Ésta puede ser una semana decisiva para el futuro de Internet. Mientras la reunión anual del G-8, el grupo que reúne a los países más poderosos y ricos del mundo, podría apoyar un nuevo marco legal mundial para perseguir la piratería, algo más cerca el Parlamento Europeo prepara una amplia reforma de la legislación de telecomunicaciones que, según buscan algunas enmiendas de última hora, convertiría a los proveedores de acceso a Internet (ISP) en vigilantes de lo que viaja por sus redes. 

Entre los grandes temas que el G-8 va a estudiar en la cumbre de Hokkaido Toyako (Japón), están la crisis económica mundial o el calentamiento global, pero también la protección de los derechos de propiedad intelectual. En este apartado, los mandamases del mundo podrían tener sobre la mesa un documento llamado Acuerdo Comercial Contra la Falsificación (ACTA) -el gabinete de prensa de la cumbre no pudo confirmar si esos papeles estaban en la agenda-.

Lo primero que llama la atención del ACTA es el secretismo y la celeridad que lo rodea. Anunciado por la USTR, una oficina federal del Gobierno de EEUU, a un selecto grupo de representantes de Japón, Canadá, Australia y Europa, entre otros, sólo hay breves referencias oficiales y la única copia que ha trascendido al público es una filtración del sitio web Wikileaks, especializado en publicar documentos secretos.

Además, apenas ha habido discusión pública sobre su contenido. A la última reunión celebrada por la Comisión Europea el pasado 23 de junio, sólo asistieron representantes de la industria.

El crimen de las descargas

El ACTA, presentado en octubre del año pasado, busca un acuerdo global para luchar contra la falsificación. Aquí se incluye la piratería de ropa de marca, programas informáticos, el tráfico de medicinas falsas y, en general, la lucha contra las mafias organizadas o la piratería generalizada que hay en algunos países del este de Asia. Lo que sorprende es que este acuerdo pone en la misma página al crimen organizado y a los internautas que intercambian archivos.

Así, en el apartado titulado Distribución en Internet y Tecnologías de la información, se incluyen tres elementos que colocan al internauta en el punto de mira. En el primero, se habla de crear un sistema legal que proteja a los ISP para incentivar su cooperación con la industria de la propiedad intelectual y las sociedades de gestión de derechos. El objetivo es que retiren de sus redes el material protegido, lo que abarca música, películas o series de televisión.

El segundo elemento busca establecer procedimientos que permitan a los dueños de los derechos de autor obtener información por parte de los ISP para poder identificar a los usuarios que intercambian archivos. Por último, se insta a los participantes a buscar remedios legales contra los que burlan o fabrican equipos que se saltan las medidas técnicas anticopia.

Pero puede que el cambio más importante sea el que se propone en el punto 3, que se centra en la creación de un nuevo marco legal. Aquí, y siempre según el documento de Wikileaks, cuando se habla de las sanciones criminales de la piratería a gran escala se incluye a los que descargan de forma reiterada, aunque no haya beneficio económico. Esto supondría extender el modelo legal de EEUU a países que, como España, hacen del ánimo de lucro un elemento clave para diferenciar entre lo que es perseguible y lo que no.

Enmiendas europeas

El otro momento delicado para el intercambio de archivos en Internet se va a producir hoy. A las 19 horas, comienza en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo la reunión de la Comisión de Mercado Interno y Protección del Consumidor (IMCO). En ella, se votará el llamado Paquete Telecom, una serie de tres directivas sobre telecomunicaciones, redes electrónicas y protección de los consumidores.

El ponente es el eurodiputado conservador Malcolm Harbour, y suya es una enmienda que propone una estrecha colaboración entre los ISP y los sectores interesados en la protección de los contenidos en las redes. La idea es que sean los proveedores de acceso los que informen a los usuarios de las actividades que constituyan una infracción.

Para Francisca Pleguezuelos, eurodiputada del Grupo Socialista, 'no se trata de que se conviertan en policías, pero sí que tengan la obligación de transmitir al usuario la información facilitada por las autoridades en la que éstas advierten de posibles actos ilícitos en el uso de la Red'. Otras enmiendas, estudiadas en la IMCO o la Comisión de Industria, apuntan al envío periódico a los usuarios de avisos sobre lo que les permite su contrato y lo que no.

Desde el Grupo Socialista, se asegura que el informe que votará el Parlamento no va en la línea de la ley francesa. Pero el debate está siendo entre dos posturas: una que busca que los ISP sean los que bloqueen el acceso a los usuarios que descarguen y otro sector, más moderado, que apuesta por otorgar a los proveedores de acceso la única misión de avisar al usuario sobre lo que es y no es lícito. El resultado de las votaciones de hoy en comisión aún tiene que ir al pleno del Parlamento Europeo tras el verano.

El Acuerdo Comercial Contra la Falsificación está impulsado por  EEUU. Cuatro de los miembros de la agencia federal encargada de ello han recibido fondos para sus campañas por parte de la industria de Hollywood. La próxima reunión de sus participantes será a mediados de mes. Una vez aprobado, todos los países que quieran participar tendrán que firmarlo sin poder hacer modificaciones. Sus puntos más conflictivos son:
Cooperación global e intercambio de información entre los firmantes.
Las infracciones con beneficio comercial serán consideradas un delito y
perseguibles.
Establecimiento de canales estables de colaboración entre los proveedores de acceso a Internet y la industria de la propiedad intelectual.

El ‘Paquete Telecom’ es un conjunto de 5 directivas que reforman otras tres anteriores. Aunque tiene puntos como la accesibilidad, la protección de la privacidad de los usuarios o una mejor regulación de la calidad del servicio que ofrecen las operadoras, la polémica ha saltado con tres enmiendas de un total de 800. Los grupos activistas las han bautizado con el nombre de sus postulantes:
H1, propuesta por el eurodiputado Harbour, habla de la restricción del acceso a contenidos legales.
K1, del británico Syed Kamall, autorizaría medidas técnicas para bloquear acciones que violen la propiedad intelectual.
K2, por la que se permitiría el procesado de los datos de tráfico sin consentimiento del usuario. 

1. Prioridad legal
La industria discográfica de EEUU (RIAA) ha enviado su lista de sugerencias a los promotores del ACTA. Son casi un centenar pero la filosofía es convertir la protección de la propiedad intelectual en una prioridad legal en todo el mundo.

2. Criminalización
Apostar por sanciones penales contra los que  no respeten los derechos de autor a escala comercial, independientemente de si hay beneficio.

3. Sistemas anticopia
Considerar delito cualquier importación, exportación, fabricación o venta de sistemas para burlas las medidas anticopia.

4. Comunicación
Permitir a las policías y los propietarios de los derechos compartir información sobre  el material pirateado.

5. Responsabilidad de los ISP
Establecer la responsabilidad subsidiaria para los proveedores que faciliten el intercambio de archivos.

6. Medios contra el P2P
Proveer remedios contra los directorios de material protegido o los sitios con enlaces P2P.

7. Bloqueo de tráfico
Obligar a los ISP a usar las tecnologías existentes para evitar las infracciones allí donde, como en los programas de intercambio, puedan existir archivos protegidos. Es el caso de los filtros según el tipo de archivo. También pide cortar el acceso a los que reincidan en su actitud.

8. Avisados
Establecer una responsabilidad para los ISP que, siendo avisados por correo o teléfono de que por su red circulan pre estrenos y archivos recién lanzados, no los retiren en menos de 24 horas.

9. Redes del gobierno
Diseñar políticas contra el uso de las redes gubernamentales para el tráfico de material protegido.

10. Conservación de datos
Normas para que los propietarios de derechos accedan a los datos que los ISP tengan de usuarios investigados.