El trasiego seguía allí. Los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid no mudaron. No pasaron de ser una microciudad a un páramo. La imagen de las colas, los rostros sombríos de los citados, el gesto enérgico de abogados y procuradores, la sensación de agobio de los funcionarios, se reproducía en los pasillos de esta sede destartalada, saturada –140 juzgados de primera instancia e instrucción–. “Normalidad, normalidad”, “Como cualquier otro día”, era casi el único comentario.

“Está todo como siempre –subrayaba una letrada habitual en Plaza de Castilla–. Yo creo que la APM quería llamar la atención. El problema es que los jueces están divididos. No creo que sea oportuno ir a la huelga. ¿Y encima se quejan de lo que ganan?”. A la entrada, una procuradora con 25 años de experiencia a sus espaldas sí vio “lógico” el paro. “No he visto que las cosas mejoren. Es terrible, pero han empeorado desde que empecé. Los atascos son impresionantes. Que vayan a la huelga si quieren, pero que trabajen, porque, ¿quién les controla?”.

Cristina Díaz, portavoz de la APM en Madrid, vestía una cara de comedida decepción. Los datos en la Comunidad no eran buenos. Y en Plaza de Castilla sólo habían apoyado la huelga 26 jueces. “No decimos que no haya buena voluntad del Gobierno, pero es insuficiente”. Su compañera María José Galán buscó convencer con un adjetivo. El paro es “altruista”. “Es por los ciudadanos. Lo hacemos por ellos”.

BARCELONA | Albert Martín Vidal

“El otro día me dijeron que trabajo por cuatro personas... ¡No, por cinco!”, exclama una funcionaria de mediana edad en la flamante Ciudad de la Justicia de Barcelona. Junto a su compañero, pide lo que tantas veces se ha escuchado en los juzgados: “Más personal, más recursos, porque lo que se ve en la tele –cajas por todos lados– es verdad”. “Y aquí tenemos suerte”, apunta él, “porque en comarcas o en lo que no es Barcelona la cosa es mucho peor”.

Efectivamente, era ahí donde los responsables del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya esperaban un mayor seguimiento del paro. “Es donde se hacen las guardias más duras, de una semana seguida”, explicaban.

Varios funcionarios admitían que, de haberse convocado la huelga en todas las asociaciones, se habrían podido paralizar todos los juicios. “Pero sólo ha sido una asociación, y encima la conservadora”, se lamentaba un abogado.

Pocas novedades notaban los ciudadanos que acudían al futurista edificio. “Va como siempre, llevo hora y media esperando a que a mi marido le den un papel”, resoplaba una señora mientras cambiaba a su bebé. Sólo unos pocos notaron la diferencia. “Siempre vamos agobiados; hoy, no, como si fuera viernes”, decía una camarera de la cafetería. 

SEVILLA | María Serrano

El personal de los juzgados del Prado de San Sebastián, en Sevilla, se encontraba ayer, como cada mañana, en su puesto de trabajo. En jornada de huelga, la mayoría de los jueces fue a trabajar. “Eso [el paro] para los de arriba, que pueden”, comentaban las guardias civiles que custodian el edificio. No querían tener nada que ver. Mientras tanto, las administrativas se movían con naturalidad por los pasillos llenos de gente, mientras tiraban de carros de supermercado hasta arriba de papeles de sentencias. “Yo de la huelga no quiero saber nada, eso no es para mí”, se desentendían también las funcionarias.

Sólo 48 magistrados de los 193 de la provincia de Sevilla secundaron el paro convocado por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, según datos de la audiencia provincial de Sevilla. El TSJA rebajó la cifra a 45. 

A las doce los huelguistas leyeron un comunicado. “Los jueces no pueden tener una carga de trabajo que supere los nueve millones de casos al año” apuntó Alvaro Marín, portavoz de la asociación en Sevilla. Los servicios mínimos, en temas como las causas de presos y los de urgencia, se atendieron en todo momento.

Entre los magistrados huelguistas estuvieron Mercedes Ayala, que investiga el caso Mercasevilla y Francisco Molina, juez del caso Marta del Castillo.