El alcalde de Cuenca, Francisco Javier Pulido (PP), ha sido citado a declarar como imputado ante un Juzgado de la capital conquense por un delito de prevaricación administrativa que supuestamente cometió al aprobar una modificación de una operación de crédito concertada por el Ayuntamiento.

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cuenca, Inmaculada Cruz, ha explicado en rueda de prensa que el regidor deberá declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 el próximo 24 de marzo en condición de imputado.

Cruz ha calificado el asunto como "muy grave y muy serio", sobre todo para el propio Pulido, ya que en caso de que sea considerado culpable se enfrentaría a una pena de entre siete y diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Pulido ha sido citado a declarar después de que el Grupo Socialista presentara una denuncia ante el Juzgado de Guardia por una modificación de un crédito que había concertado el Ayuntamiento conquense con Caja Madrid, que fue aprobada con el voto de calidad del regidor, ha indicado Cruz.

La operación de crédito fue adjudicada a Caja Madrid por la mesa de contratación del Ayuntamiento por un importe de 5 millones de euros a pagar en dos años y fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento en junio de 2008, en esa ocasión con el voto a favor del Grupo Socialista, ha puntualizado su portavoz.

Sin embargo, posteriormente el pleno aprobó una modificación de las condiciones del crédito ampliándolo a 20 años, con el voto de calidad del alcalde y con el voto en contra de los ediles del PSOE, que entendieron que era preciso convocar un nuevo concurso público.

Según Cruz, los concejales socialistas advirtieron de que se había hecho la modificación de una condición esencial del contrato, "sin que hubiera informes ni jurídicos, ni de la Intervención Municipal de Fondos del Ayuntamiento, que avalaran la legalidad del cambio".

En este sentido, ha señalado que la Intervención Municipal de Fondos formuló un reparo al acuerdo plenario, que fue levantado por el alcalde mediante un decreto.

En este contexto, Cruz ha pedido a Pulido que cumpla lo establecido en el Código de Buenas Prácticas del PP, que determina que los cargos orgánicos y políticos tienen que comunicar a la dirección del partido y poner a disposición su cargo, ante "la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios razonables de la comisión de un delito".

También ha solicitado que se pronuncien sobre este asunto la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y la presidenta provincial de Cuenca, María Ángeles García.