Modernidad o renuncia a sus raíces. Más salidas laborales o mercantilización de las carreras. Eficacia académica o encarecimiento de matrículas. La incertidumbre por la aplicación definitiva, en el curso 2010/2011, de la Declaración de Bolonia a la educación superior española ha abierto un debate sobre la función que la universidad debe cumplir en la sociedad. Para los críticos del plan, que unifica todos los títulos universitarios de 29 países europeos, se trata de una venta encubierta de la enseñanza superior a las empresas. Los partidarios creen, por contra, que puede ser la reforma pendiente que necesitaba una institución anquilosada.

El debate, que todos consideran necesario, ha sido avivado por los propios alumnos. Por un movimiento asambleario que ha pedido voz y voto en la reforma con un método tradicional de facultad: la revuelta. El problema es que el ruido generado desde las aulas ha eclipsado el núcleo del entuerto: qué es en realidad Bolonia.

El documento, aprobado por los ministros de Educación de 29 países en 1999 en la ciudad italiana donde nació la primera universidad europea,
abrió un proceso para que los títulos de esos Estados fueran compatibles en 2010 y así facilitar la circulación de estudiantes, profesores y trabajadores.

Las universidades han sido obligadas a refundar los planes de estudios con nuevos criterios. Las diplomaturas, licenciaturas, ingenierías y doctorados actuales han cambiado a grado (nunca más de cuatro años), máster (de uno a dos años) y doctorado.

La aplicación de un máster es lo que introduce el debate público-privado. El secretario de Estado de Universidades, Màrius Rubiralta, explica: 'Si queremos políticas públicas, hay déficit de ingresos y el sistema especulativo además ha quebrado, la que tiene que enriquecer el país es la Universidad'.

Los estudiantes recelan: 'Dicen que quieren adaptar la Universidad a la sociedad, que para ellos sólo es la empresa', defiende Olga Arrainz, una de las estudiantes que reclama renegociar la reforma.

El presidente de la conferencia de rectores, Ángel Gabilondo, cree que existe un conflicto de fondo: 'La Universidad la pagamos todos y a veces nos creemos que pertenece sólo a los que estamos dentro'.

La profesionalización de las carreras que pretende la reforma es comparada, desde los dos bandos, con el sistema de formación recibida por un médico. Unos años en la facultad, otros en el hospital, y una especialización definitiva y optativa junto a profesionales. 'Así lo ha hecho Alemania', destaca Rubiralta. 'Mientras un médico hace prácticas cobrando, ahora te exigen que las pagues con un máster', contrapone Arrainz, pensando en otras carreras cuya salida profesional no es el sistema público.

Los críticos añaden que la aprobación de nuevos títulos suma burocracia inútil al sistema académico y encarece las matrículas. 'Si un estudiante de Derecho quiere ser abogado, tiene ahora que pagar los cuatro años y después un máster de abogacía, lo que ya ha empezado a encarecer las tasas', asegura Arnaiz.

En la agencia encargada de aprobar los nuevos títulos, la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación), consideran esa crítica como uno de los mitos que están rodeando al proceso.

'Sólo le pedimos a las universidades que nos demuestren las herramientas con las que cuentan para que, además de enseñar, garanticen que el alumno va a aprender', resume Gemma Rauret, directora de la entidad.