El Consejo General del Poder Judicial vuelve a afrontar hoy un pleno complicado en el que, además de aprobar un importante recorte presupuestario, debe decidir si da el visto bueno a la indemnización de más de 208.000 euros que su anterior presidente , Carlos Dívar, ha solicitado tras dimitir.

Si el pleno acuerda que procede aprobar esa indemnización deberá incorporar parte de esa cantidad al proyecto de presupuesto para 2013, que tiene previsto aprobar hoy y en el que se va a plantear un recorte de entre un 7 y un 15%, han confirmado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Como presidente del Supremo y del CGPJ, Dívar recibía una cantidad de 130.152 euros brutos al año, por lo que si aprobara el pleno su petición tendrá derecho a percibir en concepto de indemnización el 80% de sus retribuciones durante un periodo no superior a dos años -208.243 euros-.

En previsión de que la indemnización sea aprobada, la Comisión de Presupuestos del órgano de gobierno de los jueces ya ha pedido a Hacienda una ampliación de crédito de 43 mil euros correspondiente al presupuesto de 2012 para hacer frente a este gasto extra, según fuentes del Consejo, y otra parte se cargará a las cuentas de 2013.

La Comisión de Estudios e Informes decidió la semana pasada, por un ajustado resultado de tres votos a dos, que Dívar cumplía con todos los requisitos legales para cobrar la indemnización prevista por ley para los exaltos cargos cuando han ejercido su función durante más de dos años.

El nuevo presidente del CGPJ Gonzalo Moliner ha asegurado que el Consejo 'incumpliría la ley' si no aprobara la indemnización que le corresponde a Dívar como ex alto cargo, ya que cumple todos los requisitos exigidos.

Sin embargo, todas las asociaciones judiciales han reprobado el hecho de que Dívar pueda cobrar esa indemnización por haber desempeñado un cargo público después de haber renunciado a ejercer esa función de relevancia y coinciden en que si existe ese derecho, el expresidente del Consejo también podría renunciar a él.

En cualquier caso, tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) como Jueces para la Democracia (JpD) han coincidido en que el legislador debería modificar este régimen de indemnizaciones para los altos cargos que abandonen su puesto voluntariamente.