Mientras el Estado atraviesa un fuerte déficit y gran parte de la sociedad lo está pasando muy mal, la Iglesia católica vive en la opulencia, ya que el Estado les financia generosamente. Este hecho parte de una concepción histórica del Estado confesional, que considera a la religión católica la única verdadera y obligatoria. Con los Acuerdos de 1976 y 1979, esta confesión se garantiza la financiación pactada en décadas anteriores, pero existe un compromiso tácito para lograr, a corto plazo, la financiación propia.

Hasta hace un año, el culto y su misión eclesiástica se financiaba con el 0,52% del IRPF de aquellos que marcan la cruz en la asignación a la Iglesia, aunque esta partida sale del bolsillo común. Como no era suficiente, el Parlamento ratificaba, año tras año, una suculenta derrama de forma ilegítima. Con el paso de los años, la Iglesia no sólo no ha querido autofinanciarse, sino que, de nuevo, el Gobierno, muy generoso, ha subido su financiación por esta vía hasta el 0,7%. Por si esto es poco, Hacienda les exime del pago del IBI y otros impuestos.

El Estado destina cientos de millones de euros para pagar a quienes imparten religión en las escuelas públicas y financia las escuelas católicas con miles de millones. También paga a los capellanes en hospitales, prisiones y cuarteles y abona cantidades muy cuantiosas por la conservación de monumentos y obras de arte que son patrimonio de la Iglesia. Por otra parte, algunas administraciones públicas, comunidades autónomas y ayuntamientos, financian instituciones eclesiales dedicadas a la beneficencia en las que se adoctrina y se hace proselitismo. Además, se les cede suelo público para sus templos y locales, etc, etc...

Otra cuestión, no menos trascendente, es saber qué hace la Iglesia con sus tierras, inmuebles, fondos de inversión, acciones y otros activos. ¿A qué dedica los réditos de su inmenso patrimonio? Ilegítimamente, sus cuentas están exentas de control público.

La libertad religiosa no es un derecho fundamental, como algunos pretenden. Sí lo es la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de creencias, de convicciones, con contenidos religiosos, no religiosos o eclécticos. Y si este derecho universal, que comprende todas las posibles opciones de conciencia, sin exclusión alguna, debe ser sostenido por el Estado, es algo reclamable con todas sus consecuencias y para todo tipo de opciones. Pero en nuestra opinión las diferentes opciones y, por supuesto, la "el culto, la misión y la obra" de la Iglesia católica se ha de autofinanciar. Ninguna confesión tendrá carácter estatal.