Una veintena de hombres fueron detenidos hoy en el sur de Filipinas por la matanza el pasado lunes de al menos 57 personas a raíz de una disputa política entre clanes, indicaron fuentes policiales.

En la operación, las fuerzas de seguridad se hicieron con el control de la sede de la gobernación en Maguindanao, la provincia en la que tuvo lugar la matanza, y de los ayuntamientos de las localidades de Amputuan y Shariff Aguak, señaló el portavoz de la comandancia militar, teniente coronel Romeo Brawner.

El portavoz explicó a la prensa que las autoridades confían que en las próximas horas, tras el desarme de unos doscientos milicianos del clan de los Ampatuan, se produzca la entrega de Andal Amputuan, principal sospechoso de la preparación y ejecución de la matanza.

Por su parte, el director de la Policía, Jesús Verzosa apuntó antes, que todos los detenidos son escoltas y guardas de seguridad a sueldo de los Ampatuan.

Por ahora, las pesquisas policiales se centran en este hijo del patriarca de clan y ex gobernador de Maguindanao, que es el alcalde del municipio de Datu Unsay, y sobre el que existen indicios de que capitaneó a los pistoleros que cometieron los asesinatos.

Los tres más destacados miembros del clan Ampatuan fueron expulsado anoche del partido gobernante Lakas Kampi, que lidera la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo.

Las fuerzas de seguridad han tardado cuatro días en llevar a cabo los primeros arrestos.

Cien hombres armados secuestraron el lunes por la mañana a unos sesenta civiles que iban a presentar la candidatura a gobernador provincial de Ismail Mangudadatu, quien le quiere disputar el puesto a Ampatuan, un poderoso "datu" o jefe tribal musulmán temido en todo el sur de la isla de Mindanao.

Los pistoleros huyeron hacia las montañas, y poco después los militares que salieron en su persecución empezaron a encontrar los cadáveres, la mayoría decapitados o mutilados.

Varios de los cuerpos de mujeres presentaban signos de haber sido violadas y entre los muertos figuran varios abogados de derechos humanos, periodistas locales, y la mujer y dos hermanas de Mangudadatu, cuya familia controla la vecina provincia de Sultan Kudarat.

Más tarde se encontraron hasta tres fosas comunes con muertos, hasta llegar a los 57.

A seis meses de las elecciones de mayo de 2010, la extrema crudeza de la violencia ha provocado fuertes críticas contra la presidenta Arroyo por tolerar que el país continúe siendo estrangulado por los clanes o dinastías políticas, a las que pertenecen 160 de los 265 legisladores del actual Congreso.