El fiscal de la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia, Vincenzo Piscitelli, pidió hoy que el ex primer ministro del país y actual líder de la oposición, Silvio Berlusconi, sea juzgado por corrupción, informaron fuentes judiciales.

La petición para enjuiciar al magnate de la televisión privada está relacionada con la investigación de esa Fiscalía sobre el supuesto trato de favor solicitado por Berlusconi al presidente de la productora de la televisión pública RaiFiction, Agostino Saccá, para cinco actrices.

Según las mismas fuentes, Berlusconi exigió a Sacca que las cinco actrices formaran parte del reparto de una serie de la cadena pública de televisión RAI.

La investigación la dio a conocer el mes pasado el diario italiano "La Repubblica", que, además, publicó una conversación telefónica en la que Berlusconi le sugería el nombre de dos mujeres jóvenes para que les diera trabajo.

Ante la difusión de la conversación, Berlusconi afirmó que "en ciertas situaciones en la RAI se trabaja sólo si te prostituyes o si eres de izquierdas. Esto lo saben todos en el mundo del espectáculo".

El ex presidente del Gobierno tachó entonces de "acto violento y criminal" la difusión de conversaciones privadas, pero añadió que en su contenido "no hay nada por lo que preocuparse".

Mientras tanto, en otra causa que se sigue contra Berlusconi por corrupción en Milán (norte de Italia), el tribunal ha fijado el día 22 de febrero para "el examen de los imputados", lo que le daría la oportunidad de acudir al juicio si lo desea.

Con anterioridad, Berlusconi ha declarado que se presentaría ante la corte de Milán durante este proceso, que se celebra desde marzo del año pasado.

El tribunal ha fijado para el próximo 30 de enero la siguiente sesión de la vista oral.

El proceso se ocupa de la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte de la sociedad Mediaset, por valor de 470 millones de euros y en torno a la cual se creó un entramado de transacciones en las que supuestamente participaron empresas registradas en paraísos fiscales al servicio de Berlusconi.

La Fiscalía sospecha que en la operación se aumentó de forma artificial el precio real de los derechos, se desvió a cuentas en el extranjero cerca de 280 millones de euros y se eludió al fisco el equivalente a unos 170 millones de euros entre 1994 y 1996.