El Ministerio de Fomento va a exigir responsabilidades patrimoniales a la constructora OHL por las obras del AVE en Barcelona, infraestructura que centró la sesión de control del Parlamento catalán y en la que todos los partidos políticos, salvo el PSC, pidieron la dimisión de Magdalena Álvarez.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Victor Morlán, aseguró hoy que se van a exigir responsabilidades patrimoniales a OHL por no cumplir sus obligaciones contractuales en la obra y por haber provocado el corte del servicio de Cercanías.

Morlán explicó que, desde que se cortó el servicio el pasado sábado, Adif y otros técnicos de la empresa están elaborando informes para conocer las causas por las que se produjo y los "remedios" que hay que aplicar.

Según Morlán, lo ocurrido "no puede quedar sin actuación jurídica" de la Administración.

En cuanto al tráfico de Cercanías, indicó que se restituirá "cuando tengamos las garantías de que se hace con absoluta seguridad y tranquilidad para los ciudadanos".

Sobre la acusación del presidente del PP, Mariano Rajoy, de que el Gobierno utiliza a OHL como "chivo expiatorio", le respondió que el líder popular aprovecha "absolutamente todo" para atacar al Gobierno.

Respecto a las supuestas presiones del presidente de OHL, Villar Mir, para lograr una indemnización porque las obras del AVE le afectan a una mina de su propiedad, el presidente gallego, Emilio Touriño, les restó credibilidad.

Mientras, en la sesión de control al presidente de la Generalitat, José Montilla, en el Parlamento catalán, el caos en las cercanías de Barcelona centró la jornada.

Todos los grupos, a excepción del PSC de Montilla, pidieron la dimisión de Magdalena Álvarez.

Montilla eludió pedir su cese y calificó de "incidente" la interrupción del servicio en tres líneas de Cercanías.

El líder de CiU, Artur Mas, pidió a Montilla que solicitase la dimisión por "dignidad nacional catalana", mientras que el conseller de Gobernación y secretario general de ERC, Joan Puigcercós, la reclamó por la "incapacidad" de la ministra.

Montilla les contestó que los primero es garantizar la seguridad de los viajeros y de los trabajadores e, inmediatamente después, restablecer el servicio.

Al respecto, el conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, precisó que sería "irresponsable" restablecerlo antes de "doce o quince días".

Esa fecha es la que Montilla dijo que le preocupa y no si el AVE llegará a Barcelona el 21 de diciembre, como ha prometido el Gobierno central.

Montilla, que agradeció a los ciudadanos su "comportamiento cívico y su comprensión", además se comprometió con Mas a hacer un pleno monográfico sobre el colapso de cercanías.

La polémica también llegó al Congreso de los Diputados, donde se debatían las enmiendas a la totalidad (de devolución) a los Presupuestos Generales del Estado para 2008.

El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, reconoció que, a pesar del esfuerzo inversor del Gobierno, está "claro" que "en algunos sitios no ha sido suficiente o no ha llegado a tiempo".

Por ello, el portavoz de Economía de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Puig, reclamó un fondo de compensación por las "pérdidas sufridas a ciudadanos y empresas por el caos ferroviario".

Entretanto, y para paliar los perjuicios que sufren los barceloneses, el Servicio Catalán de Tráfico habilitará, a partir de mañana, un "carril bus Renfe" en la C-31 destinado a los autobuses que se han puesto en marcha para cubrir la hora punta entre Gavá (Barcelona) y Barcelona.