En un año en el que la Justicia ha saltado a los medios de comunicación porque los jueces han hecho su primera huelga y amenazan con otra, se esperaba con expectación la reacción del Gobierno. El consejo de ministros intentará darla hoy con la aprobación de un 'ambicioso' plan de modernización de la Justicia, que 'incrementará en términos históricos la planta y la plantilla judicial', según explicó ayer el secretario de Estado Juan Carlos Campo.

Tres de las cuatro asociaciones judiciales valoraron bien el plan, aunque no sin cierto escepticismo, por desconocer sus detalles, como el número de jueces con que aumentará la plantilla judicial y en cuánto tiempo, así como el presupuesto real con que cuenta el plan previsto para los próximos tres años. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que ha convocado unilateralmente otro paro judicial para el 8 de octubre, fue la más crítica. 'No atribuimos ningún tipo de valor sólo a la palabra', afirmó su portavoz, Antonio García.

Se espera que al menos parte de la falta de concreción de la que se quejan sea resuelta hoy por el ministro, Francisco Caamaño, en la rueda de prensa del consejo de ministros. Para saber con cuánto dinero contará Justicia para sacar adelante el plan, habrá que esperar a la próxima semana, cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado.

Durante el encuentro, Campo se remitió una y otra vez al compromiso que adquirió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de destinar 600 millones de euros en tres años a la Justicia, al considerar 'inaplazable' su reforma.

El secretario de Estado detalló los seis ejes de un plan que llamó 'ambicioso', adjetivo que también utilizaron representantes de las asociaciones judiciales, como Conrado Gallardo, de Foro Judicial Independiente, uno de los más críticos con la falta de concreción de las medidas.

Campo confía en que el plan sea capaz de hacer que 'la justicia de 2012 no se parezca a la de 2009'. La diferencia con otros anteriores: 'el esfuerzo colegiado'. Se ha hecho tras centenares de reuniones con jueces, fiscales, abogados y miembros de la sociedad civil. El plan, que incluye 20 programas de actuación y 106 concretas, apuesta por la conexión informática de los juzgados españoles para acabar con el papel en las notificaciones.