Este artículo se publicó hace 11 años.
Lasquetty culpa de la privatización a los recortes del Gobierno de Rajoy
El consejero de Sanidad de Madrid considera "injusto" el sistema de financiación autonómica y declara que no se planteó "externalizar" la gestión de seis hospitales hasta que conoció el recorte de 1.0
El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha vinculado hoy las medidas de ajuste sanitario del Ejecutivo regional al descenso en 1.000 millones de euros que percibirá la Comunidad de Madrid como consecuencia del "injusto" sistema de financiación autonómico.
Así lo ha asegurado Lasquetty en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, al que ha trasladado las condiciones que regirán la "externalización" de la gestión sanitaria en seis hospitales públicos de Madrid. El consejero de Sanidad, que ha comparecido junto con el portavoz del Gobierno de la Comunidad, Salvador Victoria, ha asegurado que se plantearon estas medidas de ajuste tras conocer la "fuerte caída" en los ingresos que Madrid percibirá del Estado este año.
No obstante, ha subrayado que el objetivo del gobierno regional es garantizar el empleo de todos los trabajadores sanitarios y ahorrar costes, sin mermar la calidad asistencial. "Mantener el mismo nivel de calidad con menos recursos necesariamente nos obliga a trabajar de manera distinta", ha comentado Lasquetty, quien ha recalcado que los hospitales seguirán siendo "públicos y gratuitos" y que estarán "abiertos a todos los ciudadanos".
En concreto, se "externalizará" la gestión de los hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Sureste (Arganda), Tajo (Aranjuez), Infanta Cristina (Parla), Henares (Coslada) e Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), y de los ocho centros de especialidades asociados a ellos.
Lasquetty ha recordado que esta experiencia ya funciona con un "alto nivel de satisfacción" en los hospitales madrileños de Valdemoro, Torrejón y Móstoles, así como en 17 centros hospitalarios de Andalucía y otros en Catalunya y el País Valencià.
"Preocupaciones escuchadas"De acuerdo con el borrador de condiciones para optar a gestionarlos, las adjudicatarias están obligadas a garantizar los 5.200 empleos de médicos, enfermeros y auxiliares que trabajan actualmente en estos centros. Esta nueva forma de gestión permitirá ahorrar un 20% en el gasto asistencial de estos hospitales, según las estimaciones del departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty.
El consejero ha recalcado que para elaborar la propuesta "se ha tenido muy en cuenta todas las preocupaciones escuchadas en los últimos cuatro meses" en más de 300 reuniones con profesionales, sociedades científicas, colegios oficiales y sindicatos. Unas aportaciones que en "muy buena medida" se han incorporado a los pliegos de condiciones, ha enfatizado el consejero, quien ayer los presentó a los profesionales de estos hospitales que lo recibieron "de forma francamente positiva", según Lasquetty.
En virtud de esta propuesta sanitaria, cada empresa podrá hacerse con la gestión de un máximo de tres hospitales por un periodo de diez años. Para optar a ellos, tendrán que acreditar al menos cuatro años de experiencia al frente de un hospital de igual número de camas.
Además, se establecen un conjunto de indicadores para controlar la calidad asistencial, así como auditorías externas y la presencia de un representante de la administración en cada hospital para supervisar el buen funcionamiento y recibir las quejas de los profesionales y pacientes. La Consejería de Sanidad tendrá en cuenta tanto la oferta económica de los licitadores como el plan asistencial que presenten, que se puntuarán a partes iguales y, además, se valorará la participación de los profesionales en el accionariado de la empresa.
Ahora, tras el paso del borrador por el Consejo de Gobierno, se inicia un turno de consultas con colegios profesionales y jefes de servicio de los hospitales a lo largo de las dos próximas semanas hasta su aprobación definitiva. Una vez publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), los licitadores tendrán un mes para presentar ofertas y, tras el fallo del concurso, dos meses para empezar a funcionar, algo que se prevé para después del verano.
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