Cuando la Comisión Europea fijó en primavera en el 7,75% el tipo de interés anual que tenían que pagar las entidades financieras que recibieran ayudas públicas del FROB en España parecía una locura, una cifra exageradísima que algunas cajas no podrían asumir. Ahora, unos pocos meses después, la cifra sigue siendo muy elevada, pero ya no es muy superior a lo que tienen que pagar el resto de entidades por el dinero privado en los mercados (cuando pueden conseguirlo porque ahora es imposible).

La prima de riesgo española ha subido mucho (de los 150 puntos básicos alrededor de los que se movía entonces a los más de 220 puntos de ahora, aunque llegó a 300 puntos) y eso lo pagan también las entidades y las empresas nacionales. En la mayoría de los casos, para fijar el precio de una colocación se tiene en cuenta la prima del país y a ella se le añade el riesgo que se le considere adicional al emisor. Como ejemplo, Santander, que es el banco español que consigue habitualmente el mejor precio, emitió en enero deuda a tres años con un tipo de euríbor a tres meses más 0,45 puntos, mientras que en octubre pagó un diferencial de 1,45 puntos. Al mismo plazo, La Caixa pagó una prima de 2 puntos; Bankinter, de 2,25 puntos y Caja Madrid, de 2,20 puntos. Y la reciente ampliación de capital de BBVA salió al mercado con un rendimiento del 6%, una cifra tan sólo 1,75 puntos por debajo del precio del FROB, pese a que la fortaleza de esta entidad es incomparablemente mejor que la de aquellas que necesitan ayudas públicas. Los mercados exigen ahora precios muy elevados si se lleva adosada la marca España. El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, aseguraba la semana pasada en el Congreso que estos precios son irracionales y en absoluto se basan en los fundamentales. Si fuera así, la prima de riesgo española [y como consecuencia la de sus entidades] no estaría al nivel de la de Ucrania o Colombia.

Pese a la paulatina subida de precios, las entidades españolas han conseguido colocar este año en los mercados 48.053 millones de euros en deuda, de los que 6.258 millones han estado avalados por el Estado. Pero no todas las entidades tienen capacidad de emitir, porque los mercados les exigen precios prohibitivos.

Precisamente, estas dificultades de algunas unidas a otras que prefieren no pagar los precios que les piden y a otras que quieren aprovechar para ganar cuota de mercado han sido el detonante para la guerra de depósitos que se ha instaurado en España. Hasta el 4,5% se ha llegado a pagar por los depósitos a un año (el precio del dinero está en el 1%), lo que da idea de la necesidad de captar liquidez que existe en el sistema financiero español. Gracias a ello, han conseguido elevar en 16.555 millones la base de depósitos, aunque para ello han tenido que subir del 2,19% al 2,61% el tipo medio que pagan por los nuevos depósitos a un año, y del 1,99% al 3,09% los de entre uno y dos años. En las semanas antes a que crecieran hasta los niveles actuales las dificultades de financiación, las entidades habían empezado a moderar la guerra conscientes de que era suicida porque estaba acabando con su cuenta de resultados. Ahora, quizá se recrudezca de nuevo. Eso o volver a depender del BCE.