Este artículo se publicó hace 12 años.
El PP aprieta con la fiscalidad más injusta
Por fin el PP ha decidido aumentar los ingresos fiscales subiendo fuertemente los impuestos. Pero al igual que recientemente hizo con el IRPF sobre las rentas salariales, la subida pesará y recaerá sobre las clases trabajadoras. La pieza clave del aumento de ingresos radica en el incremento del IVA. El resto de medidas impositivas van a tener menos incidencia inmediata.
Como es sabido, el IVA es un impuesto indirecto que pagan los consumidores finales y tiene una fuerte carga regresiva, pues tiene escasas modulaciones para corregir los efectos perversos que provoca. Es un impuesto "fácil" que pesa sobre la población -con escasos recursos para oponerse- y no sobre los detentadores de las fuentes de riqueza -ricos también en instrumentos de presión-.
La subida del tipo general del 18% al 21% y del reducido del 8% al 10% supone que el 60% de los bienes y servicios reflejados por el PIB se verán afectados. Además diversos bienes y servicios dejan de tributar con el tipo reducido y pasan al general. Ello significa que no solo se incrementa para bienes de lujo o bienes prescindibles, sino también para bienes de primera necesidad como el vestido, el transporte de viajeros, la vivienda, la electricidad o el agua, y afectará a bienes y servicios como telefonía, gafas graduadas y lentillas, pañales, peluquerías o alimentos elaborados, así como a bares, restaurantes y hoteles.
El tipo más bajo quedará en el 4% y afectará a alimentos frescos -como leche, huevos, frutas, verduras y legumbres-, libros y periódicos, material escolar, medicamentos y viviendas de protección oficial. Pero ello no significa que los precios de, por ejemplo, los alimentos no vayan a subir pues los productores repercutirán en sus precios los 400 millones de euros que deberán pagar por el incremento de dicho impuesto en sus consumos y adquisición de maquinaria.
Ningún bien, por tanto, se verá exento del encarecimiento. Los precios subirán de forma generalizada, contribuyendo con ello a la erosión de la capacidad adquisitiva y a un mayor deterioro de la demanda agregada. La OCU cuantifica el incremento medio del gasto al año en 415 euros por familia, y otras estimaciones en casi 800 euros.
Si a las actuales subidas añadimos las habidas en julio de 2010, cuando el tipo general pasó del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%, nos encontramos con que el IVA -tan regresivo en términos sociales- aumentó en dos años un 23,8% en el tipo general y un 30% en el tipo reducido. O sea, cada familia gastará de media 800 € más que en 2010, lo que significa que para una gran parte de la población casi un sueldo mensual se le irá en aumentos del IVA.
En 2010 la recaudación se incrementó en 5.000 millones de euros anuales. Ahora el gobierno estima que aumentará en 7.500 millones en los doce meses posteriores a la entrada en vigor del impuesto. Craso error, la situación de estancamiento hoy es más grave que hace dos años. Es por tanto más que probable es que la recaudación no aumente, porque el aumento del tipo se verá contrarrestado por la bajada de actividad. Desde medios gubernamentales se argumenta que Alemania estableció una subida de tres puntos en el IVA en 2007, del 16% al 19%. Lo que no aclaran es que lo hizo en un momento en que su economía crecía por encima del 3%. En el caso español, la previsión del gobierno para 2012 es que el PIB caerá un 1,7% y la demanda interna un 4,4%.
En nuestro país, debido al fin de la metástasis inmobiliaria, la permisividad con el fraude fiscal y la bajada incesante de impuestos sobre las rentas del capital desde 1996, la presión fiscal sobre el PIB se ha situado en niveles muy por debajo del área comunitaria, particularmente del área euro. Ello ha sido una de las principales causas del rápido incremento del déficit público, cuando en 2007 se partía de un superávit. Y, por tanto, es uno de los factores que presionan sobre el incremento de la deuda pública.
A partir de este momento se va dar la paradoja de que España sea a la vez uno de los países de la UE con menor presión fiscal y sin embargo tenga uno de los IVA más altos. O, sea, incrementa la regresividad fiscal. Desde el inicio de la crisis actual, de los 27 estados miembros de la UE, 17 han subido el IVA. Solo Hungría y Rumanía aprobaron un incremento superior al anunciado por el gobierno, pero partían a su vez de tipos menores. En la zona euro, solo Grecia, Irlanda, Portugal y Finlandia mantendrán un tipo impositivo, el 23%, superior al español.
¿No hay más soluciones que las propuestas por el gobierno español y la troika comunitaria? Las hay y en todos los órdenes. Basten unas pistas hacia otro horizonte. Si hablamos de deudas: ¿Ha de pagar la ciudadanía las deudas de bancos y empresas? ¿Toda la deuda es legítima? ¿Hay que pagar de golpe toda la legítima? Si hablamos de finanzas: ¿Por qué no convertir el negocio financiero privado en una gran banca pública que invierta en actividad productiva y maximice el bienestar social? ¿Por qué no combatir la depresión de la demanda con incrementos generalizados de salarios y pensiones? Si hablamos de paro y producción, ¿Por por qué no repartir el trabajo y el empleo reduciendo la jornada laboral? ¿Por qué no impulsar inversiones masivas en energías alternativas, sanidad, enseñanza o investigación? Si hablamos de déficit: ¿Por qué no combatir y erradicar el fraude fiscal, estimado en un 6% del PIB (es decir, un monto de 70.000 millones euros, equivalente a lo que el gobierno quiere ahorrar y recaudar sobre las espaldas de los más débiles)? ¿Por qué aceptar las transacciones con paraísos fiscales? ¿Por qué no incrementar la imposición sobre las ganancias empresariales y acabar con refugios como las SICAV en un país donde el Impuesto de Sociedades tiene un tipo efectivo en torno al 10%, debajo incluso del tipo nominal de la Irlanda pre-rescate situado en el 12,5%? ¿Por qué no restituir el impuesto sobre patrimonio y crear además un impuesto a las grandes fortunas?
Estas y otras muchas preguntas apuntan hacia medidas posibles y razonables, que harían posible que la crisis no la pagasen las clases trabajadoras y populares. Para ponerlas en pie se necesita acumular energías sociales y políticas que acaben con la orientación antisocial que ofrecen quienes gobiernan en la UE y en Madrid.
*Miembros del Consejo Editorial de Viento Sur
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