El PP propone reducir el perfil político de las comisiones de urbanismo

El PP quiere que las comisiones que deciden sobre planes urbanísticos de los municipios tengan un perfil más técnico, que la Fiscalía Anticorrupción sea imparcial, que los defensores del pueblo colaboren en la detección de los casos de corrupción y que se prohíba que los cargos electos acepten regalos.

Así consta en las bases para el pacto por la transparencia y contra la corrupción que el PP aprobará en la XV Unión Intermunicipal que el partido celebra hoy y mañana en Sevilla con las participación de 350 alcaldes, concejales y otros cargos electos.

El documento, que será ampliado mañana por el líder del PP, Mariano Rajoy, en la clausura del evento, recoge una batería de medidas para "dignificar la vida pública".

Para fortalecer los controles institucionales, los populares proponen potenciar el Tribunal de Cuentas y las cámaras de cuentas autonómicas, incrementar los medios de estos órganos, mejorar el funcionamiento del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía Anticorrupción, así como ampliar la colaboración de los defensores del pueblo en la detección de la corrupción.

Además, aboga por generalizar las auditorías externas como refuerzo de la intervención municipal y hacerlas obligatorias cuando miembros de las corporaciones sean condenados por distintos delitos, al tiempo que solicita convocar elecciones parciales en caso de disolución de un ayuntamiento.

En el apartado de la transparencia en la gestión, el documento se inclina por publicar las retribuciones de los cargos públicos y electos, directivos y personal de confianza de las instituciones; y por un mayor control en las subvenciones.

Una de las propuestas más novedosas consiste en modificar las comisiones regionales y provinciales de urbanismo, en las que el PP quiere dar presencia a colegios profesionales, agentes económicos y sociales, ecologistas, ayuntamientos y técnicos de administración, de tal manera que su composición tenga "un marcado perfil técnico alejado del actual perfil político".

Respecto al capítulo de los cargos electos, el PP aboga por hacer públicas las declaraciones de bienes de altos cargos, trasladar al registro de bienes e intereses los cambios patrimoniales o de actividades y homologar, mediante un acuerdo, los sueldos de los miembros de las corporaciones locales.

Plantea, igualmente, prohibir la aceptación de "cualquier regalo, atenciones o liberalidades que no correspondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales".

Con el objetivo de respetar la voluntad popular y la gobernabilidad, el documento destaca la medida de garantizar el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo y que los líderes de los partidos asuman el compromiso de no incluir a tránsfugas en sus listas, aunque el PP quiere prohibir que los tránsfugas tengan un papel ejecutivo en los gobiernos locales que surjan de las mociones de censuras participadas o promovidas por estos.

También defiende evitar situaciones en las que los cargos electos en prisión provisional sigan ostentando responsabilidades ejecutivas, introduciendo en la legislación electoral los supuestos de suspensión temporal de cargo o el supuesto de incompatibilidad sobrevenida mientras dure esa situación.

El glosario de medidas aborda, además, la protección de empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas, reintegrar a los municipios los bienes incautados por delitos de corrupción o reducir los gastos de protocolos, vehículos, móviles, publicidad y viajes.