El Senado de Bolivia, controlado por la oposición, aprobó hoy la convocatoria a un referendo revocatorio del mandato del presidente Evo Morales y los gobernadores, hecho que coincidió con una invitación al diálogo del jefe del Estado a las autoridades regionales.

La ley de referendo revocatorio, cuyo trámite estuvo paralizado durante varios meses en la cámara alta, fue aprobada de forma sorpresiva y por unanimidad, ya que incluso los senadores del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) la apoyaron.

La decisión del Senado da un nuevo giro a la crisis política que vive Bolivia desde hace varios meses por el enfrentamiento entre el proyecto de "refundación" constitucional impulsado por Morales y las demandas autonómicas de varias regiones opositoras, lideradas por Santa Cruz (oriente).

De hecho, apenas dos horas antes de aprobarse la ley de referendo revocatorio en la cámara alta, Morales había citado a los nueve prefectos (gobernadores) regionales, la mayoría opositores, para dialogar el próximo lunes en La Paz sobre la conflictiva situación del país, agravada tras el referendo autonomista cruceño.

La ley aprobada hoy en el Senado fue propuesta inicialmente por Morales en diciembre del año pasado, en medio de una tensa situación política relacionada con el proceso constituyente, pero su tramitación se estancó en el Senado tras obtener el visto bueno en enero en la Cámara de Diputados.

La alianza conservadora Poder Democrático y Social (Podemos), que tiene mayoría en el Senado, dice haber tomado una "decisión política" con la aprobación de esa ley, que debe servir para forzar al presidente a dialogar y concertar con sus opositores, explicó a Efe uno de sus senadores, Luis Vásquez.

Morales tiene potestad para vetar la norma pero, si finalmente decide promulgarla, el referendo se celebraría dentro de los noventa días siguientes al visto bueno del mandatario.

Según la legislación boliviana, el presidente del Senado, el opositor Óscar Ortiz, puede poner en vigor la ley en caso de que Morales no adopte ninguna decisión sobre ella.

De llevarse a cabo el referendo, se preguntaría a los bolivianos si están de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio encabezado por Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, así como con la permanencia de los gobernadores.

Para revocar los mandatos hace falta que el "no" supere tanto el porcentaje de apoyo obtenido en los comicios nacional y departamentales de 2005, en los que fueron elegidos, como el número absoluto de votos.

En el caso de Morales y su vicepresidente, quedarían revocados si el "no" a su continuidad es superior al 53,7 por ciento de apoyo que consiguieron en 2005 y a los 1.544.374 votos que cosecharon.

Si los bolivianos rechazaran la continuidad del presidente y vicepresidente, Morales debe convocar a elecciones generales en un plazo de tres a seis meses.

En cuanto a los prefectos, deberán dejar sus funciones de inmediato si su mandato es revocado y Morales designaría a un gobernador interino en su lugar.

El legislador oficialista Santos Tito comentó a Efe que respaldaron la ley sobre el referendo revocatorio, porque no tienen "ningún temor" a una eventual derrota de Morales.

El portavoz de la Prefectura de Cochabamba, Erick Fajardo, denunció a Efe que, aunque el presidente sea revocado, tendría "de tres a seis meses de gracia para seguir" en el poder, mientras que los gobernadores que pierdan en el referendo "cesarán de inmediato en sus funciones".

Antes de conocerse la decisión del Senado, Morales convocó a los prefectos a una reunión el próximo lunes para buscar fórmulas que garanticen "una autonomía con justicia social, con igualdad y con unidad", según dijo en un acto celebrado en Santa Cruz.

El portavoz de la Prefectura cochabambina anticipó que el gobernador de esta región y los de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija prevén reunirse "probablemente el domingo" para adoptar una decisión al respecto.

Las autoridades y líderes cívicos opositores de Santa Cruz celebraron el pasado domingo un referendo sobre el estatuto autonómico regional, considerado ilegal por la Corte Nacional Electoral y por el Gobierno, que llamó a no participar en él.

El "sí" a ese estatuto alcanzó un 85,6 por ciento, según el último informe difundido por la Corte Departamental Electoral (CDE) en su página web, con más del 90 por ciento de las mesas escrutadas.

Sin embargo, el Gobierno ha calificado de "fracaso" la consulta autonomista por los incidentes violentos durante la votación, que causaron 35 heridos, y por la alta abstención, que supera el 35 por ciento, según los datos más recientes de la CDE.