El Tribunal Constitucional de Italia estudia a partir de este martes, en un complicado momento para el primer ministro, Silvio Berlusconi, el controvertido "Laudo Alfano", la ley aprobada en el Parlamento en el verano de 2008 y que otorga inmunidad a los cuatro mayores cargos del Estado.

Más de un año después de su aprobación, el "Laudo Alfano" deberá ahora ser ratificado por el Constitucional italiano, después de que su entrada en vigor detuviera el proceso judicial abierto contra Berlusconi por el caso del abogado inglés David Mills, condenado el pasado 17 de febrero a 6 años y 4 meses de cárcel por haber mentido a cambio de dinero en un juicio contra el mandatario.

Desde entonces, muchas son las voces que se han alzado contra esta controvertida norma, que llega ahora a su momento decisivo, cuando a partir de las 09.30 hora local (07.30 GMT) se debata si el jefe del Gobierno, el presidente de la República y los titulares de la Cámara Alta y Baja pueden gozar o no de inmunidad judicial.

Su derogación supondría la posibilidad de que la imputación de Berlusconi en el proceso por el caso Mills, por supuesta corrupción, pudiera seguir adelante, y todo en un momento en el que su grupo Fininvest ha sido condenado a pagar 750 millones de euros (1.095 millones de dólares) al conglomerado CIR por los daños patrimoniales derivados del control de la editorial Mondadori, al que esta última no pudo acceder.

Este mismo lunes, el Tribunal Civil de Milán (norte) que dictó esa millonaria sanción el pasado sábado, hizo públicas las motivaciones de la sentencia, en la que hace "corresponsable" a Berlusconi de la misma corrupción que llevó a su grupo a controlar Mondadori, al acceder a un paquete de acciones clave tras sobornar su ex abogado Cesare Previti a un juez.

El análisis que comienza ahora del "Laudo Alfano", norma que recibe el nombre del actual titular de Justicia, Angelino Alfano, llega, por tanto, en el peor de los momentos para Berlusconi, cuando además su partido, el Pueblo de la Libertad (PDL), denuncia un auténtico acoso y derribo contra el mandatario, por el que se plantean salir a la calle a manifestarse.

Además de las cuentas con la justicia, el primer ministro vive días en los que las fiestas celebradas con prostitutas en sus residencias de Cerdeña y Roma siguen dando de qué hablar y cuando el pasado sábado más de 100.000 personas se manifestaron en Roma contra sus ataques a los medios de comunicación.

El pasado 16 de septiembre, la prensa italiana filtraba el contenido del texto presentado por la Abogacía del Estado ante el Constitucional para exigir, en base a "daños irreparables", que no se derogue el "Laudo Alfano", que establece también la suspensión de los procesos penales anteriores a la llegada al cargo.

El Estado basa su defensa de la ley de inmunidad en el hecho de que, si se derogase, "se provocarían daños a los cargos electivos, que no podrían ser ejercidos con el compromiso debido, pudiéndose producirse, incluso, dimisiones".

La Fiscalía de Milán considera, por su parte, que el "Laudo Alfano" es inconstitucional, porque viola la igualdad de los ciudadanos ante la ley y porque se trata de una norma que no fue introducida en el ordenamiento con el procedimiento de modificación constitucional que habría requerido por su naturaleza.

El pasado 2 de octubre, uno de esos beneficiarios del "Laudo Alfano", el presidente de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini, que además es la segunda figura más destacada del PDL, anunció su renuncia a la ley de inmunidad para que siguiera adelante la querella interpuesta por un antiguo fiscal por difamación.

Esta decisión sorprendió a los medios de comunicación del país, que interpretaron el hecho como un gesto más de Fini para distanciarse de Berlusconi, pero lo cierto es que provocó que el ex fiscal en cuestión, Henry John Woodcok, retirara su querella.