Científicos denuncian trabas para acceder a pluses de investigación en el CSIC y universidades públicas

Seis años trabajando de lo mismo, pero siempre con contratos temporales. Esta es la realidad de la investigación en España. A modo de reconocimiento, los profesionales pueden solicitar cada seis años que se evalúe su carrera científica para obtener una retribución adicional, es decir, un sexenio. Pero existen desigualdades entre quiénes pueden presentar o no estas solicitudes. La Federación de Jóvenes Investigadoras (FJI)/Precarias las considera "inaceptables" y alerta de que supone un desincentivo para continuar en este sector laboral.

De acuerdo con la organización, "los investigadores e investigadoras contratados como personal laboral deben adjuntar un documento de autorización previa emitido por su universidad o centro de investigación, y este procedimiento da lugar a que se establezcan criterios internos de participación para una convocatoria estatal, que en muchos casos son poco transparentes y desiguales, sin estar respaldada esa diferenciación con una justificación legítima".

Algunas de las figuras que quedan excluidas son las del profesorado sustituto y asociado. La exclusión se extiende a investigadores posdoctorales, ya que sus contratos dependen de ayudas temporales. Una sentencia del Tribunal Supremo en 2023 reconoció a todo el personal docente e investigador (PDI) temporal el derecho a evaluar su actividad científica y recibir el correspondiente complemento retributivo, pero no se cumple en todos los casos.

Dicha sentencia confirmaba el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este dictó "el derecho del personal docente e investigador no permanente (temporal) de las Universidades públicas de la Comunidad de Madrid a someter la actividad investigadora realizada cada seis años a una evaluación y, en caso de superar favorablemente la misma, a percibir, si diera lugar, un complemento por méritos investigadores en los mismos términos que el personal docente e investigador permanente". Aunque la sentencia de la Justicia autonómica y la del Supremo afectan a las universidades públicas madrileñas, FJI/Precarias destaca a este diario que el fallo "sienta doctrina de cara al reconocimiento de este derecho en el resto del territorio nacional".

En el caso madrileño, FJI/Precarias afirma que cuatro de las seis universidades públicas ya permiten que su personal investigador laboral solicite y perciba sexenios, incluidos los de programas posdoctorales. Estos centros ´son la Autónoma (UAM), la Carlos III (UC3M), Alcalá de Henares (UAH) y Rey Juan Carlos (URCJ). No es el caso de la Complutense (UCM) ni la Politécnica (UPM). Este medio ha contactado con la UPM, pero al cierre de la información no ha obtenido respuesta. 

Los convenios de la agencia evaluadora

Desde la UCM declaran a Público que "el personal investigador podrá solicitar la evaluación de los periodos de investigación desarrollados cuando acceda a una figura de PDI (salvo en el caso de profesorado asociado), conforme a los criterios de la agencia evaluadora competente". En concreto, la entidad competente es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). A este respecto, FJI/Precarias replica que "la Complutense decide no aplicar el convenio colectivo al personal investigador argumentando que no es PDI. Sin embargo, los contratos del personal investigador, como ya ha reconocido el Tribunal Supremo, están sujetos al convenio colectivo del PDI".

La sentencia del Tribunal Supremo recogía en su sentencia que las universidades públicas madrileñas recurrieron el fallo del TSJM. En su argumentación, estas alegaban que "el Convenio Colectivo de aplicación, en el artículo 24 prevé el complemento de actividad investigadora solo para los profesores contratados doctores", sin incluir al personal no permanente. El fallo del alto tribunal desestima todos estos recursos y confirma la firmeza de la sentencia que emitió la Justicia madrileña. 

FJI/Precarias también señala que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) "sigue sin garantizar el acceso efectivo y retribuido a los sexenios para su personal investigador laboral", a pesar de que es "el mayor organismo público de investigación del país". La institución responde en declaraciones a Público que "los criterios para solicitar sexenios del personal investigador no los fija el CSIC. La solicitud de la evaluación se realiza en la ANECA y en las bases de la convocatoria (que no redacta el CSIC) se establecen las condiciones que deben cumplir los potenciales beneficiarios".

En las bases de la convocatoria, la ANECA establece que podrán presentar su solicitud "el personal funcionario de carrera e interino de los cuerpos docentes universitarios y el personal funcionario de carrera de las escalas científicas de los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado". La convocatoria cuenta con dos vías: una para personal funcionario y otra para el laboral.

En esta última, "el acceso suele articularse mediante convenios o se autoriza la solicitud por parte de la institución de adscripción", informa a este medio FJI/Precarias. "El CSIC puede decir que 'no fija criterios', pero el punto práctico es que si no suscribe/activa el convenio o la autorización, su personal laboral queda bloqueado de facto. Lo hacen con la excusa de no querer suscribir un convenio con la ANECA", replica.

La propia ANECA informa a Público de que la agencia "solo podría evaluar sexenios de personal investigador no permanente si el organismo empleador lo autorizase, firmando el correspondiente convenio de colaboración con ANECA". De acuerdo con la entidad evaluadora, "el CSIC nunca se ha dirigido a ANECA para acordar este convenio".

Las diferentes figuras del personal investigador

Fuentes de UGT informan a este diario que el sexenio es "un invento que en principio pretendía sumar un complemento específico más en la nómina del profesorado para que esta subiera un poquito y no fuera tan baja". Asimismo, señalan que la entidad encargada de realizar las evaluaciones de estos sexenios –la ANECA– despende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

"Del ministerio dependen los cuerpos docentes, es decir, funcionarios de carrera, profesores titulares y catedráticos", apuntan fuentes del sindicato. El resto de figuras del personal laboral serían competencia autonómica. La explicación de UGT coincide con la de FJI/Precarias: para evaluar a este personal, "la ANECA pide a cada universidad firmar un convenio, en el cual la agencia establece una tasa al centro por personal evaluado, y en el que a su vez el centro declara qué figuras permite someter a evaluación. Y la Complutense sistemáticamente ha excluido a todo el personal investigador".

El 'permadoc', sin plaza fija hasta los 40 años

Desde UGT añaden que el personal investigador (PI), no es solo el PDI, sino también "todo el personal laboral no permanente, porque sus contratos están sujetos a un período, a una duración determinada, que es la que dura el contrato, el proyecto, o el programa". Estos contratos suelen tener una duración de uno a tres años, aunque puede depender "porque hay muchísima diversidad de programas". De hecho, existen ayudas posdoctorales planteadas para personas de entre 30 y 45 años. Es el caso del programa Leonardo, destinado a profesionales en fases intermedias de su carrera.

La temporalidad de las investigadoras y los investigadores ha llevado a popularizar el concepto de permadoc, aquellas personas que encadenan contratos posdoctorales sin lograr una plaza fija. Esto quiere decir que, a pesar de encontrarse en fases intermedias de su carrera, todavía viven en la incertidumbre sobre su futuro laboral y en algunos centros ni siquiera tienen acceso a solicitar sexenios.

Sobre la estabilización del PI, desde la UCM indican que este grupo laboral "podrá acceder por el turno específico de investigadores cuando exista compromiso formal de estabilización. En caso contrario, deberá concurrir a concurso público para acceder a una categoría de PDI, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Un desincentivo para continuar la carrera científica

Desde FJI/Precarias denuncian que "esta situación es injusta, desmotivadora y profundamente dañina". Lamentan cómo el personal no permanente también "investiga, publica, lidera proyectos, dirige tesis y sostiene la producción científica de las instituciones, pero no recibe el mismo reconocimiento ni la misma retribución por su trayectoria científica". La organización advierte de que las condiciones laborales actuales "agravan la precariedad, rompen la equidad interna de las instituciones públicas y desincentivan la carrera científica, alimentando la fuga de talento y debilitando el sistema de investigación español".

"Es inaceptable que el reconocimiento de la calidad investigadora no esté asegurado en todo el sistema público de investigación", critica en un comunicado Cristina Rodríguez, presidenta de la federación. "Esta desigualdad penaliza especialmente a las generaciones más jóvenes, que encadenan contratos laborales durante años y ven cómo su trabajo no se reconoce en las mismas condiciones que el de sus compañeros estabilizados".

Desde UGT defienden "que el profesorado sea sometido o pueda someterse a evaluación tanto por los méritos docentes como por los méritos investigadores independientemente de la naturaleza de su contrato". Por su parte, FJI/Precarias exige que "todos los centros de investigación públicos permitan sin excepciones a todo el personal laboral solicitar sexenios". También reclaman que "el reconocimiento de los sexenios conlleve su retribución económica, en igualdad de condiciones al personal fijo".

Además, piden poner fin "a una discriminación basada únicamente en la modalidad contractual". En este sentido, Rodríguez remarca que "la ciencia pública no puede construirse sobre desigualdades". "A igual trabajo, igual reconocimiento. Todo lo demás es una anomalía que debe corregirse inmediatamente", concluye.