El cierre de la central nuclear de Garoña en 2013 es 'definitivo e irreversible', afirmó el 3 de julio de 2009 la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Hoy, aquellas declaraciones deben de provocar más de una sonrisa en la planta atómica burgalesa, propiedad de Endesa e Iberdrola.

El nuevo ministro de Industria, José Manuel Soria, se ha convertido en el primer miembro del Gobierno en apuntar a la prórroga de Garoña tras la victoria del PP en las elecciones generales. En declaraciones a la emisora Onda Cero, Soria ha recordado que las centrales españolas funcionan con el aval del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), por lo que 'cerrarlas supone una infrautilización de un tipo de energía que ya está amortizada'. Por lo tanto, según Soria, el cierre 'debería revisarse'.

Anular dos puntos de una orden ministerial bastaría para prorrogarla

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue muy claro el 6 de octubre de 2009, cuando ha visitado durante apenas una hora el interior de la central: 'Con el PP en el Gobierno, Garoña no se va a cerrar'. Sin embargo, desde entonces, una ola de 15 metros ha barrido los reactores de Fukushima, desvelando multitud de fallos de seguridad y provocando el peor desastre atómico después de Chernóbil. Y uno de los reactores de Fukushima es gemelo del de Garoña.

El Gobierno del PSOE ha vendido como un cierre irreversible lo que en realidad era una prórroga de cuatro años, hasta el 6 de julio de 2013, revisable por el siguiente Ejecutivo. Y Rajoy la va a revisar. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero levantó una supuesta muralla legal para blindar la clausura de Garoña, pero ya en 2009 el profesor de Derecho Administrativo Francisco Velasco, de la Universidad Autónoma de Madrid, explicaba a este periódico que la Ley 30/92 de régimen jurídico de las Administraciones públicas permitía al siguiente Gobierno revocar el cierre.

Fuentes del sector nuclear señalan que 'el problema para prorrogar Garoña no es técnico, sino burocrático y legal'. El CSN ya examinó la central y dio su visto bueno para que siguiera funcionando hasta 2019, a condición de instalar un nuevo sistema de tratamiento de gases radiactivos en caso de accidente y de sustituir kilómetros de cables del circuito eléctrico. Pero Zapatero decidió su cierre en 2013, cuando la central cumplirá 42 años, así que los requisitos se hicieron innecesarios.

Endesa e Iberdrola tendrían que invertir en cambiar kilómetros de cables

'Si el Gobierno pide al CSN un informe para ver si Garoña puede seguir funcionando hasta 2019, ya está hecho, el problema es si se habla de otra fecha', explican las mismas fuentes. Pero en España la ley obliga a conceder licencias de actividad a las nucleares por diez años. Una prórroga de 2013 a 2019 podría requerir algunos cambios legales.

Rajoy no puede derogar la orden ministerial que dictó el cierre de Garoña, porque su segundo punto da licencia a la central para operar hasta 2013. Si se anula, habría que echar el candado. Pero bastaría con anular los puntos 1 y 5, que hablan del cese definitivo de la actividad del reactor y prohíben a Endesa e Iberdrola meterse en obras para seguir operando a largo plazo. El cierre no parece ni definitivo ni irreversible.